TYC Narcea exige al Principado una decisión definitiva tras la caducidad del expediente estatal

La empresa TYC Narcea ha pedido al Principado que tome una decisión clara y definitiva sobre su proyecto para extraer carbón en Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea. La compañía denuncia que el proyecto se encuentra paralizado después de que el Instituto para la Transición Justa (ITJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, declarara la caducidad y el archivo del expediente que debía determinar si se aplican las restricciones del artículo 29 de la Ley de Cambio Climático. Según la propia resolución del ITJ, firmada el pasado 24 de septiembre de 2026, el procedimiento caducó porque se agotó el plazo máximo que fija la ley sin que se dictara una respuesta oficial. Sin embargo, el organismo estatal ha abierto inmediatamente un nuevo expediente sobre el mismo asunto, concediendo tres meses más de margen para tramitarlo y manteniendo en el aire la cifra de 31,23 millones de euros que podrían llegar a reclamarse. Ante esta situación, la dirección de TYC Narcea advierte de que reiniciar todo el trámite amplía la incertidumbre y pone en riesgo la viabilidad del proyecto y de la inversión prevista para el suroccidente asturiano.

El origen de este conflicto está en cómo se interpreta la ley de transición energética respecto a las ayudas recibidas en el pasado por las instalaciones mineras. El Gobierno central quiere aclarar si los recursos de carbón que pretende explotar TYC Narcea forman parte de la antigua mina Coto-Sur, que en su día fue incluida por la empresa Carbonar en el Plan de Cierre de la minería no competitiva y recibió 31,23 millones de euros en ayudas públicas. Si el ITJ concluyera que se debe aplicar el artículo 29 de la Ley de Cambio Climático, la empresa tendría que devolver todo ese dinero antes de poder recibir el permiso para abrir la mina. Por su parte, la compañía defiende que su proyecto es independiente de la antigua explotación de Carbonar y no tiene relación con aquellas ayudas de cierre. Además, recuerda que la propia autoridad minera del Principado de Asturias ya respaldó su postura en 2021 y la mantuvo en 2025, al considerar que no se dan las condiciones legales para exigir esa devolución. A toda esta incertidumbre administrativa se suma la vía judicial abierta por el grave accidente ocurrido en la mina el 21 de noviembre de 2025, en el que murieron dos mineros por un desprendimiento a un kilómetro y medio de la entrada. En este asunto, el fiscal superior de Asturias, Gabriel Bernal, anunció que ha solicitado el archivo provisional de la causa penal, al concluir las investigaciones que el trágico suceso fue «inesperado e impredecible» y que no hubo imprudencias ni fallos en las medidas de prevención de riesgos laborales, todo ello sin impedir que las familias puedan acudir a la vía civil o laboral si lo consideran oportuno.

Para justificar sus quejas, la empresa ha detallado los plazos de la tramitación realizada en los últimos meses. TYC Narcea entregó sus alegaciones el 13 de julio de 2026 y no recibió la propuesta del ministerio hasta el 28 de agosto, cuando el plazo legal del expediente ya había caducado. La compañía asegura que no es razonable que la administración la utilice como un «banco de pruebas» o un «experimento» para decidir cómo aplicar por primera vez la Ley de Cambio Climático, ya que rehacer otra vez los trámites genera costes y retrasos que la empresa no tiene por qué asumir. Asimismo, insisten en que el Principado de Asturias debe hacer valer sus competencias sobre las minas de la región y tomar una decisión sin quedarse a la espera de lo que haga el Gobierno central. La compañía afirma que mantiene su intención de invertir y crear empleo en la zona, pero avisa de que ninguna empresa puede aguantar de forma indefinida en esta situación de inseguridad jurídica, por lo que si los retrasos continúan se verá obligada a valorar si el proyecto sigue siendo viable y si merece la pena seguir adelante.

---

---