El precedente asturiano de los decretos: la prórroga del peaje del Huerna se aprobó con el Gobierno en funciones
ASTURIAS
Después de que se hubieran celebrado las elecciones, el ejecutivo de Aznar dio luz verde a la extensión del pago hasta 2050
06 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.El rechazo del Pleno del Congreso a los decretos sobre materia de vivienda terminó por provocar el anuncio de un adelanto electoral para el próximo 29 de noviembre y la consiguiente disolución de las Cortes Generales. Aún con el Parlamento disuelto, la intención del Ejecutivo central de volver a aprobar estas medidas en el Consejo de Ministros para remitirlas a la Diputación Permanente (donde la aritmética parlamentaria le resultaría favorable al no necesitar a Junts) ha desatado duras críticas de la oposición, que califica la maniobra de «ilegalidad» y de intento de sortear las mayorías del Pleno. Este recurso a decisiones ejecutivas adoptadas durante el periodo de Cortes disueltas y con el Gobierno en funciones no carece de precedentes en la historia reciente si bien después y no antes de las urnas; es el caso de la prórroga del peaje del Huerna, tras los comicios del año 2000 sólo seis días después del recuento.
En marzo de 2000, con las Cortes Generales disueltas tras la celebración de elecciones generales del 2000 y el Ejecutivo en funciones, el Consejo de Ministros del Gobierno de José María Aznar aprobó el Real Decreto que extendía hasta la mitad de este siglo el pago por la única autopista que comunica Asturias con la meseta. Mediante esta disposición promovida desde el Ministerio de Fomento, siendo su titular Francisco Álvarez-Cascos, se amplió la concesión de la autopista del Huerna adjudicada a Aucalsa, hasta el 17 de octubre de 2050. Al tratarse de una decisión administrativa adoptada mediante un real decreto, y no de una norma con rango de ley como un real decreto-ley, su aprobación no requirió debate, votación ni convalidación parlamentaria. El Consejo de Ministros podía aprobarla directamente, aunque el Gobierno se encontrara en funciones tras las elecciones generales
En la actualidad, la extensión de esta concesión hasta 2050 continúa generando una profunda controversia política y social. La Comisión Europea ha declarado ilegal dicha prórroga al considerar que vulneró el derecho comunitario al concederse mediante una adjudicación directa sin licitación pública previa. Tras ese dictamen de Bruselas, el Principado ha exigido de forma reiterada la supresión del peaje o su bonificación completa, a lo que el Ministerio de Transportes se niega basándose en el elevado coste económico que supondría el rescate anticipado de la vía. La tensión ha provocado un choque abierto entre ambas administraciones, agravado después de que el Gobierno asturiano iniciara expedientes sancionadores e impulsara acciones legales contra la concesionaria por mantener el cobro íntegro del peaje a pesar de las severas afecciones y retenciones causadas por obras prolongadas en la calzada, un procedimiento en el que el Ministerio ha intervenido marcando distancias con la posición autonómica.
En todo caso, en el presente, la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar los decretos ha sido enormemente polémica. De confirmarse este procedimiento, el primer paquete de medidas sobre vivienda lograría la aprobación parlamentaria por un estrecho margen de 35 votos a favor frente a 34 en contra, mientras que las disposiciones relativas a la prorroga automática de los contratos de alquiler quedarían decaídas al no contar con el respaldo de la mayoría del órgano.