En concreto, 467 de los 603 lanzamientos ejecutados en el Principado el pasado año derivaron de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el 77,4% del total
10 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.La mayor parte de los lanzamientos practicados en Asturias durante 2025 estuvieron relacionados con viviendas en régimen de alquiler. En concreto, 467 de los 603 lanzamientos ejecutados en el Principado el pasado año derivaron de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), lo que supone el 77,4% del total. Es decir, casi ocho de cada diez desahucios que llegaron a ejecutarse afectaron a arrendamientos.
El dato sitúa a Asturias por encima de la media española. En el conjunto del país, los lanzamientos derivados de la legislación de alquiler representaron el 75% del total en 2025, con 18.317 procesos de este tipo sobre los 24.540 lanzamientos practicados a lo largo del año.
La evolución de los últimos años muestra además cómo el perfil de estos procedimientos ha cambiado respecto a la crisis financiera de 2008. Entonces, una parte muy importante de los desahucios estaba vinculada al impago de las hipotecas. En la actualidad, en cambio, los lanzamientos relacionados con los alquileres tienen un peso claramente mayoritario. En Asturias, los datos de 2025 reflejan precisamente esa realidad: de los 603 lanzamientos efectuados, 467 estuvieron vinculados a la LAU. Los otros 136, el 22,6%, correspondieron a otras causas, entre ellas los procedimientos relacionados con ejecuciones hipotecarias.
El escenario coincide con un mercado de la vivienda en el que el alquiler se ha convertido en una de las principales vías de acceso a un piso para muchos hogares, al tiempo que los precios han aumentado con fuerza en los últimos años. Esa combinación hace que el pago mensual de la renta tenga cada vez más peso en los presupuestos familiares, especialmente entre los hogares con menores ingresos.
A escala nacional, el Consejo General del Poder Judicial registró 18.317 lanzamientos derivados de la LAU en 2025. Aunque el número se redujo respecto a años anteriores, su peso sobre el conjunto de los procedimientos sigue creciendo. En 2020 suponían alrededor del 72% del total nacional y el año pasado alcanzaron el 75%.
La comparación con los procesos hipotecarios ayuda a entender el cambio de escenario. En España se produjeron en 2025 un total de 6.223 lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, frente a los 18.317 relacionados con arrendamientos. En Asturias, el predominio de los alquileres fue todavía mayor.
La cifra de los lanzamientos convive con un repunte de las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en Asturias, que aumentaron un 32% durante el primer semestre de 2026. El dato rompe con la estabilidad observada en los años anteriores y vuelve a situar sobre la mesa los problemas derivados del acceso y el mantenimiento de los hogares.
El catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Oviedo José María Roca ha señalado que este tipo de procedimientos debe analizarse con cautela y dentro del contexto económico de las familias. A su juicio, la ejecución hipotecaria forma parte de las garantías sobre las que se sostiene el sistema de financiación. «Para comprar una vivienda hace falta financiación y para obtener financiación hacen falta garantías», explicaba. El experto apuntaba además que el aumento de las ejecuciones puede estar relacionado con dificultades económicas. La pérdida de empleo, la reducción de ingresos o el deterioro de la situación económica de los hogares pueden terminar afectando a la capacidad para hacer frente a las cuotas.
En la misma línea, el doctor en Derecho Civil de la Universidad de Oviedo Borja del Campo Álvarez vinculaba la evolución de las ejecuciones al encarecimiento de la vivienda y al mayor volumen de financiación necesaria para poder comprarla. La combinación de precios elevados y préstamos más cuantiosos puede dejar menos margen a las familias para afrontar imprevistos.