El presidente asturiano defiende el Estado de bienestar y sitúa la vivienda como uno de los principales debates de las próximas elecciones
06 oct 2026 . Actualizado a las 09:40 h.El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, afirmó este lunes en Montevideo que ve con preocupación el giro de los distintos gobiernos de Latinoamérica a la «extrema derecha» a través de «mensajes simplificadores pero falsos».
«Lo veo con preocupación porque no es solo un giro a la derecha, es que es un giro a la extrema derecha lo que estamos viendo con mensajes simplificadores pero falsos está captando la atención de la ciudadanía. Creo que lo que tenemos que hablar y la forma en la que tenemos que abordar este problema solo es un camino. La izquierda siempre va a merecer la pena que se le vote», dijo a la prensa.
Tras un encuentro con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, Barbón señaló que siente una «atracción especial» por el país suramericano por sus políticas públicas, institucionalidad y la admiración por el fallecido expresidente José 'Pepe' Mujica que son recibidas desde España con una «complicidad especial».
«Creo que en Uruguay mantienen ese respeto. Pero también los avances de esa política pública que es lo que impulsa un gobierno progresista, como es el caso del Gobierno Uruguay. Pero el respeto institucional no es un tema menor. En España se está perdiendo, vemos una polarización y una tensión muy creciente y a mí, desde luego, me preocupa», sostuvo.
En ese sentido, alertó por los «retrocesos en las democracias» con el avance de los gobiernos de derecha y dejó como ejemplo a la Alemania de 1933 en la que, a su juicio, «se perdió lo que se perdió».
«Yo siempre digo y defiendo que el estado de bienestar es el patrimonio de los que no tienen patrimonio y además que los impuestos, aunque a todos nos fastidie pagar impuestos, son el precio de la civilización. Creo que es algo que también tenemos que hacer mucha pedagogía, pero sobre todo ser útiles»; informó Efe.
Por otra parte, Barbón apuntó que las elecciones convocadas por Pedro Sánchez para el próximo 29 de noviembre serán para que España decida entre dos modelos de vivienda como la protección a las personas o el favorecimiento a la especulación.
«Toca debatir sobre si queremos una política más intensa en materia de vivienda que proteja a las personas, a los pequeños tenedores al que tiene o quiere acceder, a una vivienda, al joven que no accede a ella o, por contra, queremos una política que lo que favorece es la especulación y el negocio», dijo.
En ese sentido, Barbón insistió en que la vivienda es un derecho frente «a los que creen» que la vivienda es un negocio y remarcó que en los próximos días los españoles debatirán sobre un «proyecto de progreso progresista» encabezado por Sánchez y la alternativa conformada por el Partido Popular y Vox, a los que calificó de «extrema derecha».
«Unos queremos subir las pensiones de acuerdo al IPC a lo que sube el coste de la vida, otros no quieren que suban las pensiones; unos queremos que suba el salario mínimo por encima de lo que sube el coste de la vida para que la gente viva con dignidad y otros dicen que subir el salario mínimo genera problemas desde el punto de vista económico», apuntó.
En ese contexto, detalló que «para una generación entera» es inviable la adquisición de un «pequeño apartamento» en Madrid, provincia en la que los precios pueden llegar los 800.000 euros de precio.
«La izquierda tiene la responsabilidad o los progresistas tenemos la responsabilidad de construir nuestro proyecto político sobre la esperanza. Porque ahí está el futuro. Lo que pasa que la diferencia es que mientras el odio moviliza muy rápido, la esperanza cuesta un poco más», concluyó.
El presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la disolución del Parlamento y el adelanto de las elecciones generales al próximo domingo 29 de noviembre.
En la comparecencia institucional en la que ha anunciado el adelanto electoral, Sánchez ha defendido el trabajo de su gobierno durante la legislatura y convocado a los ciudadanos a decidir si quieren que España se sume a la «ola ultraderechista» que involuciona y recorta derechos o desean que el país siga siendo «un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental».