Las elecciones aplazan las discrepancias por el peaje del Huerna y la financiación con la vivienda convertida en eje de la campaña
11 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.La convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre ha introducido una cierta tregua táctica en el escenario político asturiano. El adelanto electoral aplaza temporalmente varios frentes de fricción institucional en los que el Principado y el Gobierno central habían pasado de la tensión al choque a pesar de compartir mismo color político. Pero esa rebaja de tensión coincide con un aumento de la protesta social y de malestar por el problema del acceso a la vivienda, un ámbito en el que Asturias ha registrado los incrementos de precio más acusados del país según los últimos registros.
Las principales batallas que quedan aplazadas se encuentran en asuntos cruciales, en materia de financiación autonómica, del peaje del Huerna y la gestión del lobo. Respecto a la financiación, el Ejecutivo asturiano votó en contra de la propuesta del central, rechazando el acuerdo bilateral pactado con Cataluña al defender que «la solidaridad no debe ser entre territorios, debe ser entre contribuyentes», y exigiendo un modelo multilateral que pondere el envejecimiento poblacional y también la dispersión geográfica.
En el caso del peaje de la autopista del Huerna, la única vía por autopista entre Asturias y la meseta, los primeros choques escalaron hasta saltar chispas. Tras el dictamen de la Comisión Europea que declaró ilegal la prórroga hasta el año 2050 (por haber sido concedida 'a dedo' por Francisco Álvarez-Cascos), el Principado reclamó el rescate o la bonificación integral del peaje hasta que terminara el conflicto judicial, pero el Ministerio de Transportes se negó a las demandas asturianas. La tensión escaló aún más tras el expediente sancionador de más de un millón de euros abierto por el Principado a la concesionaria Aucalsa por deficiencias en la vía y los desprendimientos, un procedimiento en el que el Ministerio decidió personarse, provocando que el Gobierno autonómico calificara la medida de «ofensiva» e iniciara acciones ante el Tribunal Supremo para anular la prórroga.
En el periodo de previo a las elecciones, el Principado quiso lanzar además un mensaje de certidumbre a la industria regional respecto al desarrollo del anillo eléctrico central, garantizando que el calendario electoral no comprometerá la infraestructura. El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, ha subrayado que los trámites administrativos «están lanzados y avanzados, independientemente de la propia planificación eléctrica nacional», lo que ha permitido generar un «colchón suficiente» de más de seis meses para absorber eventuales demoras en la aprobación del mapa energético estatal. De forma inminente saldrá a información pública el proyecto de la subestación de Reboria y sus líneas de conexión con la Zalia, a la que seguirá entre finales de año y principios de 2027 la subestación Asturiana para cerrar la red del área central.
En cuanto a la gestión del lobo ibérico, la inclusión de la especie en el LESPRE generó un choque directo tras la exigencia del Principado de rectificar las acusaciones del MITECO sobre los censos autonómicos, apoyándose en un plan para abatir hasta 67 ejemplares ante los 3.893 ataques a reses registrados en 2025. Con las urnas en el horizonte y el Ejecutivo central en funciones, la confrontación queda aplazada, aunque todos ellos seguirán siendo asuntos que saldrán a relucir en la campaña electoral.
El estado de la vivienda
Entre tanto, la vivienda se ha erigido en el eje indiscutible de la contienda política. Primero con el deshaucio de Maricarmen, los decretos fallidos en el Congreso y la acampada en la plaza de Sol que terminó por extenderse a otras ciudades, también en Oviedl, en el plaza de la Escandalera.
El malestar por la pérdida de poder adquisitivo y los incrementos de los precios están justificados y tienen un hondo impacto en Asturias. Según el Consejo General del Notariado, el precio medio de la vivienda en Asturias experimentó en julio de 2026 un aumento interanual del 29%, el mayor incremento de España, hasta alcanzar los 1.693 euros por metro cuadrado y los 1.952 euros en la tipología de pisos (+30,2%), un mercado en el que hay escasez de oferta, enorme presión de la segunda residencia y los pisos turísticos y en el que la mayor parte de las operaciones de compraventa se articulan alrededor al vivienda de segunda mano.
Esta misma semana, un informe de la Universidad de Oviedo destacaba el enorme aumento de la demanda de compradores procedentes de regiones del Mediterráneo y en un contexto en el que sólo el 47% de las operaciones requiere financiación hipotecaria; es decir, más de la mitad se pagan a tocateja. Además, la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE revela que la vivienda (32%) y la alimentación (18%) absorben ya el 50% del presupuesto de los hogares asturianos, limitando severamente su capacidad de ahorro.
Lo cierto es que, dentro de sus competencias, el Principado ha lanzado una serie de iniciativas en vivienda pero con resultados limitados. Tras el reciente debate sobre la orientación política del Principado, la Junta General fijó el objetivo a diez años de construir 15.000 viviendas públicas y la licitación inminente de 800 inmuebles, respaldando a la empresa pública VIPASA, que gestiona el 1,72% del parque residencial autonómico en un mercado con reducida presencia de fondos de inversión privados (0,9% en grandes tenedores societarios). A ello se añade la duplicación hasta los 30 millones de euros de las ayudas al alquiler, la puesta en marcha del programa Alquilámoste para captar viviendas desocupadas ofreciendo garantías de cobro y seguros a propietarios a cambio de precios tasados, la activación de zonas tensionadas -- que ya están declaradas en una docena de áreas pertenecientes a los concejos de Gijón (Cimadevilla y La Arena), Avilés (La Magdalena), Gozón (Luanco), Llanes y Cabrales (Arenas y Po)-- y el endurecimiento registral de la normativa sobre Viviendas de Uso Turístico (VUT) exigiendo el acuerdo previo de las comunidades de vecinos y vetando que se alquilen habitaciones de forma individual, entre otras medidas.
De cara a los próximos presupuestos, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, expuso el compromiso del Ejecutivo autonómico en estos términos: «Podrás tener una deducción en el IRPF de hasta 5.000 euros en el año de la compra. Y habrá un tipo cero en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para los primeros 150.000 euros del valor de tu vivienda. Y si tu familia te ayuda, los primeros 150.000 euros donados también estarán exentos». No obstante, la aplicación efectiva de estas medidas fiscales, junto al recargo del ITP al 10% para segundas residencias y al 12% a partir de la tercera propiedad, queda condicionada a la aprobación de las cuentas autonómicas del próximo ejercicio.