La Abogacía del Estado se persona en la causa contra Alcoa, Parter y Riesgo

La iniciativa pretende defender los intereses del Ministerio de Industria respecto a las ayudas públicas concedidas

Representantes de Parter, de traje, junto al presidente del comité de Alcoa de Avilés, José Manuel de la Uz, de azul
Representantes de Parter, de traje, junto al presidente del comité de Alcoa de Avilés, José Manuel de la Uz, de azul

La Abogacía del Estado se personará en la causa penal abierta en el Juzgado central de instrucción 3 de Madrid en relación con una querella contra las empresas Alcoa, Parter y Riesgo vinculadas a las fábricas de aluminio en A Coruña y Avilés, han informado a Efe fuentes de Industria. La querella fue interpuesta por la Confederación de Cuadros Profesionales (CCP) contra las citadas empresas por blanqueo de capitales, insolvencia punible y otros delitos.

La iniciativa, según las citadas fuentes, pretende «defender los intereses» del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo respecto a las ayudas públicas concedidas por compensación indirecta de costes de emisiones contaminantes. El Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional mantiene una investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, en torno a la presunta despatrimonialización fraudulenta de las factorías alumineras.

En 2019, Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés y A Coruña, después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas. La compañía justificó entonces su decisión en los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer grandes inversiones y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio.

Sin embargo, Parter Capital no tardó en desprenderse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica, sin informar previamente al Ministerio de Industria ni a los gobiernos autonómicos y la representación de la plantilla, que acusan al nuevo propietario de carecer de un proyecto industrial solvente. Según la CCP, que cifra en 688 el número de trabajadores empleados en los centros de A Coruña y Avilés, Alcoa habría engañado a los sindicatos en el marco de la negociación del despido colectivo, iniciado a finales de 2018.

El escrito de la querella relataba el proceso de venta y concluía que «los querellados han llevado a que la titularidad de las dos factorías termine en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para llevar a cabo el plan de negocios, ni el del pago de los salarios, ni el de la inversión, con lo que se frustra el objetivo final de la negociación, la salvaguardia de los puestos de trabajo».

La titular del juzgado central de instrucción número 3, María Tardón, explicaba en un auto fechado el pasado 12 de febrero, por el que rechazaba el recurso de apelación de un querellado, que en un «momento procesalmente tan temprano» no es posible afirmar si hubo o no hecho delictivo; lo que trata la instrucción es precisamente «comprobar si se puede excluir definitivamente su existencia».

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