Esta asturiana logró que su entidad bancaria le devolviese la cantidad sustraída tras solicitar ayuda en la Unión de Consumidores de Asturias después de que en una primera ocasión se negasen
22 ene 2026 . Actualizado a las 09:02 h.En un mundo en el que cada vez predomina más lo electrónico, esta evolución también se puede observar en el aspecto criminal. Los delitos informáticos o las estafas a través de plataformas digitales cada vez están más al orden del día. En esta ocasión, fue una vecina de Avilés a quien le tocó sufrir esto. Ella, que únicamente usaba la tarjeta de crédito para compras y retiradas de efectivo, detectó tres extracciones de 200 euros cada una, más comisiones, realizadas desde Barcelona.
Tras ver estos cargos, la avilesina contactó con su banco. Estas retiradas en la ciudad condal eran imposibles físicamente, porque coincidían con compras de la dueña de la tarjeta en comercios de Avilés. Después de bloquear la tarjeta y varias llamadas a su entidad bancaria, la víctima acudió a la sucursal para establecer una reclamación formal, pero no le entregaron una copia del documento presentado. Con esta situación, acudió ante la Policía Nacional de Avilés para interponer una demanda.
Días después, cuando acudió a su banco, le comunicaron que la entidad financiera no le devolvería el dinero que le había sido sustraído, a pesar de demostrar con cargos de compras que ella se encontraba en Avilés. Tras esta decepción, la asturiana acudió a la Unión de Consumidores de Asturias para solicitar ayuda. Finalmente, tras un proceso en el que contó con la asistencia de Judith Molina, asesora jurídica experta en consumo, el banco devolvió las cantidades sustraídas y asumió su responsabilidad por la evidente falta de seguridad del sistema.
Según explica Molina en consumidor.es, «tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de abril de 2025, en la que el Alto Tribunal condena a una entidad bancaria a la devolución de unos cargos fraudulentos», las reclamaciones «han cobrado más fuerza, con un mayor argumentario y fundamento jurídico para sustentar nuestra defensa de consumidores y usuarios frente a la impunidad de las grandes entidades financieras», sentencia.