Un juzgado madrileño traslada a la Fiscalía la querella presentada por el máximo responsable de la Federación de Fútbol para que determine si pudo incurrir en un delito de estafa procesal
19 sep 2022 . Actualizado a las 17:53 h.El Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) ha trasladado a la Fiscalía una querella presentada por el máximo responsable de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, contra El Confidencial para que determine si el dirigente deportivo pudo incurrir en un delito de estafa procesal, según informa el medio citado. Se trata -subraya El Confidencial- de «un subtipo agravado del delito de estafa que está castigado con hasta seis años de cárcel».
Ese diario recuerda que Rubiales y varios de sus colaboradores «se querellaron contra este diario por la publicación de los Supercopa Files, la investigación periodística sobre el pago de comisiones a Gerard Piqué por la Supercopa en Arabia Saudí, la contratación de detectives para espiar al presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, y el pago de unas vacaciones de Rubiales en Nueva York con dinero de la RFEF, entre otros presuntos escándalos».
Desde la Federación se negó cualquier tipo de irregularidad y, además, se denunció «el hackeo» del teléfono de Rubiales. Por ello, solicitó a la instructora del caso, la jueza Carolina González, que «embargara de forma urgente todos los archivos de los Supercopa Files y que prohibiera la publicación de nuevas noticias», tal y como recalca ese medio. El Juzgado no solo se opone a tales medidas, sino que considera si «Rubiales pudo cometer un delito de estafa procesal al atribuir a El Confidencial el apoderamiento ilícito de información en el juzgado de Pozuelo cuando, en ese momento, ya tenía "más que sospechas" de que esa supuesta sustracción de archivos pudo haber sido efectuada por terceras personas, como demuestra su segunda querella ante los juzgados de plaza de Castilla». Ahora la jueza ha acordado -siempre según El Confidencial- la deducción de testimonio de las actuaciones y su «traslado al Ministerio Fiscal por si la fraudulenta actuación de los querellantes pudiera ser constitutiva de un delito de estafa procesal».