El 10 % del PIB mundial permanece oculto en paraísos fiscales. La UE blanquea la imagen de estas jurisdicciones con listas opacas y poco creíbles
22 nov 2019 . Actualizado a las 12:18 h.¿Se imagina cuántos agujeros podría tapar con 2.000 euros más en su bolsillo? Esa es la cantidad que le cuesta al año a cada español la evasión y el fraude fiscal de las grandes fortunas. La factura asciende a un billón de euros en el conjunto de la Unión Europea (UE), según cifras de Bruselas. Para que se hagan una idea: Las trampas fiscales de los ricos generan unas pérdidas anuales equivalentes al Producto Interior Bruto (PIB) de España. «Es un problema sistémico», admitió la Eurocámara en un informe aprobado el pasado mes de noviembre en el que se destaca la «falta de cooperación y coordinación de los Estados miembros».
A pesar de la vasta legislación vigente para controlar quién oculta dinero y dónde, los resultados obtenidos hasta el momento para luchar contra el fraude y la evasión fiscal son paupérrimos. Entre un 8 y un 10% de la riqueza financiera mundial está escondida en paraísos fiscales, calcula la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos. Alcanza los 7 billones de euros. «La evasión fiscal marcha tranquilamente (...) Nunca ha habido, de hecho, tanta riqueza en paraísos fiscales como hoy en día», aseguraba en el 2013 el economista francés, Gabriel Zucman, en su libro La riqueza oculta de las naciones. Cinco años después, su diagnóstico sigue siendo válido. La acumulación de capital lejos de la mirada indiscreta de las Haciendas nacionales sigue aumentando con la complicidad de bancos, intermediarios, gestores, abogados y autoridades políticas. El entramado es tan complejo que es casi imposible seguir el rastro del dinero. El patrimonio es difícil de trasladar, pero el capital nunca duerme, se invierte en los mercados para seguir generando beneficios que escapan de las garras del fisco. «El enemigo real de la justicia fiscal han sido los primeros ministros y presidentes de los Gobiernos de la UE», sostiene la eurodiputada británica, Molly Scott. Su denuncia es fundada. Durante años estuvieron saboteando las tentativas de Bruselas de crear un catálogo europeo de paraísos fiscales. Hasta el pasado 5 de diciembre, cuando hubo fumata blanca en el Consejo.
Lista negra
El acuerdo de los 28 ministros de Economía llegó tras evaluar a 92 jurisdicciones sospechosas. La UE decidió incluir a 17 de esos territorios en la lista negra de paraísos fiscales. Samoa Americana, Baréin, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palaos, Panamá, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y Emiratos Árabes Unidos pasaron a ser considerados «no cooperadores». No busquen a Andorra o Suiza. La UE consideró que ambos países habían hecho compromisos concretos para mejorar su transparencia. ¿Cuáles exactamente? No lo sabemos. Los ministros se negaron a revelar esa información. Les bastó con la evaluación positiva que hizo el Grupo de Código de Conducta, un órgano opaco que no rinde cuentas ante nadie. Su trabajo es confidencial. «El borrador de la lista se hace en secreto, lo cuál hace imposible el escrutinio público», denunció la organización Oxfam. Ni siquiera la Comisión Europea estuvo de acuerdo con la decisión de los Veintiocho: «Los medios, las oenegés y los ciudadanos deben tener un control democrático», insistió la semana pasada el comisario de Economía, Pierre Moscovici tras ver cómo los ministros cercenaban la lista solo un mes y medio después de aprobarla. Hasta siete países (Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez) lograron salir del pozo con promesas «secretas» y presiones políticas, como las que ejerció el país panameño. La reacción airada de sus autoridades y la presión de España lograron esconder al país en el nebuloso grupo de 55 jurisdicciones que forman parte de la lista gris. Ninguno de ellos cumplen los estándares de cooperación y transparencia de la UE, pero han hecho compromisos para reformar sus políticas de fiscalidad.
Las ausencias de Suiza y Panamá han sido las más discutidas. El escándalo de los Papeles de Panamá en el 2016 provocó un terremoto en el que se vieron implicados de forma directa hasta una docena de jefes y ex jefes de Estado y centenares de altos cargos políticos y empresariales. En España precipitó la dimisión del ex ministro de Energía, José Manuel Soria y puso el foco sobre otras personalidades como Micaela Domecq Solís-Beaumont, mujer del actual comisario de Acción por el Clima, Miguel Ángel Arias Cañete, o miembros de la familia del dictador Francisco Franco.
El Parlamento Europeo calcula que si todo el capital y patrimonio que salió a la luz con los Papeles de Panamá hubiese tributado, se podrían haber creado un millón y medio de puestos de trabajo.
La falta de voluntad política en la UE para atar en corto a las jurisdicciones que facilitan la comisión de delitos fiscales es evidente. Para Moscovici la lista negra sigue siendo «insuficiente» si se tiene en cuenta la escala de la evasión fiscal alrededor del mundo. Un problema que no parece preocupar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El organismo solo mantiene a un país en su lista negra: Trinidad y Tobago, pero nunca sospechó de países como Chipre, cuyo sistema financiero llegó alcanzar en el 2013 un tamaño ocho veces mayor que el PIB de la isla, convirtiéndose en un poderoso centro de lavado de dinero ruso.
¿Por qué debería estar Suiza?
Una de las razones por las que se acusa a la UE de blanquear la imagen de los paraísos fiscales es la de no haber incluido al país helvético, reducto del 30 % de la riqueza offshore global, en la lista de los más infames. El pasado año proclamaron el «fin del secreto bancario». Lo hicieron porque sus bancos y fondos están externalizando el negocio hacia otros paraísos fiscales. No compiten entre ellos. Zucman explica que «funcionan en simbiosis», como una red. Cada territorio se encarga de una función distinta. Los fondos de inversión se van a las filiales en Luxemburgo o Islas Caimán. Los fondos monetarios prefieren Irlanda. Suiza es la base de operaciones desde donde se canaliza el dinero que los ricos y multinacionales quieren ocultar a Hacienda. ¿Por qué? Porque cada uno de estos territorios grava una parte distinta del patrimonio.
Esta siniestra tela de araña funciona a la perfección. Y aunque los paraísos asiáticos como Hong Kong y Singapur cada vez ganan más cuota en el mercado de evasión y lavado de dinero, el economista francés sostiene que «el anuncio de la muerte de los bancos suizos es más que prematuro: Nunca han sido tan adinerados como lo son hoy». Es más, desde que el G20 quiso decretar el final del secreto bancario en el 2009, Suiza aumentó en un 18 % el volumen de dinero escondido. Alemanes, franceses, italianos, británicos y españoles lideran la lista de clientes. Se estima que en el país helvético están depositados casi 2 billones de euros procedentes de fortunas de la UE.
Doble estándar europeo
Lejos de las playas paradisíacas donde se esconden los botines de los piratas evasores, las máquinas para ocultar y lavar dinero funcionan a toda máquina. La UE no es una excepción aunque sus autoridades traten de ocultarlo. Ni un solo país del bloque comunitario consta en la lista negra de paraísos fiscales. Oxfam considera que Irlanda, Luxemburgo, Holanda y Malta deberían formar parte del elenco. ¿Por qué? Por planificación fiscal agresiva, fiscalidad a la carta, distorsión de la competencia y erosión de las bases imponibles. Los socialdemócratas presentaron una enmienda en la Eurocámara el pasado 13 de diciembre para exigir al Consejo que se incluyan a estos países de la UE. La propuesta fue rechazada por un empate técnico de 327 votos a favor y 327 en contra.
La isla mediterránea tiene una inversión extranjera directa del 1.474 % de su economía. Un volumen que solo se explica por las beneficiosas condiciones fiscales que ofrece a las fortunas extranjeras, como revelaron los Papeles del Paraíso. El Gran Ducado tiene el dudoso honor de dar nombre a otro escándalo fiscal: Luxleaks. Los papeles demostraron que mientras el actual presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, era primer ministro del país dio vía libre a la firma de acuerdos con multinacionales que les permitió eludir el pago de impuestos millonarios en otros países de la UE.
La prueba de que Irlanda funciona también como paraíso fiscal para grandes empresas está en los 13.000 millones de euros que Bruselas le exigió recuperar por impuestos que el gigante tecnológico estadounidense Apple dejó de pagar en concepto de tributos. El Gobierno irlandés recurrió la decisión. No quiere perder el atractivo internacional que tiene entre los grandes evasores. Y solo es una gota en el enorme océano de riqueza que se mueve a nuestro alrededor sin ser detectada.
Sin sanciones a la vista
¿Qué consecuencias acarrea estar en la lista negra de paraísos fiscales de la UE? Por el momento ninguna más allá del estigma internacional. Bruselas se reserva hasta finales de año para imponer sanciones. Quiere dar tiempo a las nueve jurisdicciones a colaborar y comprometer reformas de sus sistemas fiscales. Fuera del marco temporal, las sanciones se caracterizan por se extremadamente blandas. Se puede imponer una mayor vigilancia a determinadas transacciones y frenar los pagos desde la fuente europea a la jurisdicción de la lista negra. A nivel comunitario no se podrán canalizar fondos públicos de la UE a entidades de países en la lista, solo si se trata de ayuda al desarrollo o inversión directa. «Hubieran sido preferibles penalizaciones más fuertes», reconoció con pesar el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. Expertos como Zucman proponen otras vías para luchar contra la evasión fiscal. Las medidas incluyen la creación de un registro financiero global y sanciones a paraísos fiscales proporcionales a los costes que provoca la evasión de impuestos. Las tarifas de intercambio comercial con países como Suiza deberían aumentar hasta el 30 % para compensar el agujero que el país helvético genera en las Haciendas europeas por incentivar la huida de fortunas. Otro canal posible sería repensar los sistemas de tributación de las empresas. Un impuesto sobre los ingresos consolidados y no sobre ingresos por país podría aumentar, según Zucman, un 20 % la recaudación.