Los especialistas abogan por desalojos cautelares y más seguridad jurídica para actuar
01 jul 2017 . Actualizado a las 13:40 h.En el mejor de los casos, desde que se denuncia la okupación de una vivienda hasta que se puede volver a disponer de la misma, transcurren dos años. El laberinto judicial entre ambos hechos y la inseguridad jurídica que afecta a los propietarios, y que hasta la policía asegura sufrir, ha llevado al Congreso de los Diputados a empezar a estudiar qué medidas pueden adoptarse para garantizar la posesión de dichos hogares por parte de sus propietarios.
Para ello, la comisión de Justicia de la Cámara baja ha escuchado este mes a siete expertos: una exministra de Vivienda, un magistrado del Supremo; un portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas; un profesor de Derecho Procesal; una asesora jurídica de los Mossos de Esquadra, un comisario del mismo cuerpo, y una abogada especializada en el sector inmobiliario. La conclusión mayoritaria es que la legislación a la que se pueden acoger los propietarios no es clara; que el tiempo de resolución de las okupaciones es excesivo, y que la atención de los servicios sociales a las personas en situación de vulnerabilidad y sin hogar no es suficiente ni efectiva para evitar que se vean forzados a okupar.
«Cuando uno cuenta a los propietarios que frente a la okupación hay que iniciar un procedimiento judicial que va a tardar tiempo y que les va a costar un dinero, no lo terminan de entender, porque es su casa, son sus dueños legítimos», dijo a los diputados Ana Nicolás González, abogada especialista en derecho inmobiliario.
El relato en el Congreso de cómo evoluciona una denuncia por okupación, arranca con su presentación ante la Policía o la Guardia Civil, tras la que no antes de dos meses se cita a los okupantes si se logra conocer su identidad. La vista no se fijará para antes de ocho meses, y si se celebra, lo más habitual es que las personas que entraron en la vivienda esgriman algún tipo de contrato o título de propiedad o usufructo, que aunque pueda ser falso, paraliza la vía penal para derivar el caso al procedimiento civil. «Y volvemos a empezar», dice la abogada, que advierte que al final los procesos duran años y cuando se recupera la posesión «generalmente están destrozadas».
Vicente Pérez Daudí, profesor de Derecho Procesal, advirtió al Congreso que el plazo de 24 a 48 que los propietarios tienen para denunciar y que la policía pueda actuar ante una okupación «es muy escaso. Luego esa vivienda se convierte en domicilio habitual», indicó para alertar de que el proceso posterior se hace mucho más complicado. Pérez Daudí aboga por adoptar un procedimiento judicial único ante las okupaciones con el que ganar seguridad legal, y además optar por la medida cautelar del desalojo antes de que haya resolución judicial del caso, contando, eso sí, con posibilidades de recurso de los demandados y el posterior proceso de ejecución, en un plazo que consideró será difícil de rebajar de 162 días naturales. Dicha medida cautelar sería, a juicio del experto, un proceso que frenaría la proliferación de las mafias, cuyo surgimiento en España se achacó en la Cámara baja mayoritariamente a la lentitud de la resolución judicial de las okupaciones. Interdictos de desalojo cuando la okupación no supere el plazo de un año, es la vía que también el magistrado del Supremo Sancho Margallo defendió como salida legal ya posible de utilizar.
Desde el punto de vista policial, se considera que es el cambio de cerraduras y la disposición de los okupantes a instalarse de manera estable la que frena la actuación inicial de los agentes, al salvaguardar la ley la inviolabilidad del domicilio frente a un derecho que no tiene la consideración de fundamental como el de la propiedad.
Diferentes clases de okupas
María Pau Martí, asesora jurídica de los Mossos, reclamó al legislativo que se establezcan elementos legales diferenciadores respecto al carácter de la okupación, como su compañero de cuerpo policial, Xavier Gámez, insta a lograr más seguridad jurídica a la hora de actuar ante una okupación para poder discernir si el desalojo policial ya no se puede llevar a cabo por haberse constituido en domicilio el grupo que usurpó la vivienda.
Expertos como la exministra de Vivienda socialista Beatriz Corredor ponen el acento en incrementar notablemente el parque público de viviendas en alquiler y adoptar políticas de protección social que garanticen el derecho a la vivienda, como en Francia, Alemania o Portugal.
«Se han encontrado gente en su piscina y haciendo barbacoas en el jardín»
«Se trata de gente normal que acude a nuestro despacho, y les prometo que no exagero, que ha llegado a su casa de la playa y se han encontrado con que había gente bañándose en su piscina y haciendo una barbacoa en el jardín», describió ante el Congreso la abogada Ana Nicolás como un hecho frecuente. Tras asegurar que cuando se consigue el desalojo de los okupas movidos por posiciones ideológicas «en el momento del lanzamiento suelen ser los que sacan la bicicleta más nueva y los que hablan con un teléfono que le da veinte mil vueltas al mío», la abogada especialista en derecho inmobiliario criticó que se penalice tener una segunda residencia justificando su okupación. «Como tienes dos y este ninguna, lo repartimos así. Lo siento pero no lo comparto», dijo.