El futuro judicial de Casado, en manos de una sala de mayoría conservadora

Lo previsible es que el Supremo no resuelva hasta septiembre si admite la causa contra el líder del PP

Enrique Álvarez Conde, director del máster, fue quien montó el sistema para regalar los títulos, según la jueza
Enrique Álvarez Conde, director del máster, fue quien montó el sistema para regalar los títulos, según la jueza

REDACCIÓN / LA VOZ

La decisión de la jueza del caso Máster de elevar al Supremo la investigación pone el futuro judicial inmediato de Pablo Casado en manos de una sala dominada por jueces de tendencia conservadora. Aunque podría resolver la Sala de Vacaciones, el proceso habitual es que la Sala de Admisión del tribunal sea la que decida si admite a trámite la resolución de la jueza instructora Carmen Rodríguez-Medel, lo que no ocurriría como pronto hasta septiembre. Estas son las claves del proceso.

¿Quién y cúando decide si se investiga a Casado?

La Sala de Admisión del Supremo. Aunque en agosto las actividades las lleva la Sala de Vacaciones, con capacidad para resolver también este asunto, lo normal es que lo deje en manos del órgano natural, que no se reunirá hasta la apertura del año judicial, en el mes de septiembre. La Sala de Admisión está compuesta por cinco magistrados, de los que solo es fijo su presidente, Manuel Marchena. Los otros cuatro son rotatorios. Hasta el 30 de septiembre está integrada por Pablo Llarena, Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Ana María Ferrer. Salvo esta última, progresista y que fue la primera mujer en formar parte de la Sala Segunda de lo Penal del Supremo y de tendencia progresista, los otros cuatro magistrados son de tendencia conservadora. Si la sala, previo informe fiscal, decide investigar a Pablo Casado deberá dirigirse antes al Congreso de los Diputados para presentar el correspondiente suplicatorio. En caso contrario, devolverá la causa a la jueza, que podrá continuar su investigación, pero sin afectar a Casado.

¿Está imputado Casado?

No, porque la juez no puede al ser aforado, pero sí aprecia «indicios de responsabilidad penal» y por ello eleva la causa al Tribunal Supremo, que es hasta donde puede llegar la instructora. Pero, en su opinión, la situación de Casado es la misma que la de otros tres alumnos de aquel máster: María Dolores Cancio, Alida Mas Taberner y María Mateo Feito, estas dos últimas ex altos cargos del PP, todas ellas imputadas en la causa.

¿Cursó Casado el máster?

Del auto de la juez se desprende que no, aunque el presidente del PP no ha sido investigado. Pero la instructora sospecha que su situación es la misma que las tres estudiantes imputadas: el máster fue «un regalo» que obtuvieron «sin mérito académico alguno» y del que se beneficiaron «solo alumnos con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional» con Enrique Álvarez Conde, director del instituto que dirigía el máster. La jueza recuerda que en el curso 2008-2009 Casado era diputado de la Asamblea de Madrid y presidente de Nuevas Generaciones.

¿Cuántos imputados hay en la causa?

Siete. El director del máster, Enrique Álvarez Conde; el exrector Fernando Suárez, quien firmó el acta de convalidaciones de Casado y las otras tres alumnas imputadas; y los profesores Alicia López de los Mozos y Pablo Chico, que habrían aprobado las asignaturas no convalidadas sin que los implicados acudieran a clase ni presentaran trabajo alguno. Según el auto, a los alumnos beneficiados se les aseguró la convalidación genérica de 18 de las 22 asignaturas, lo que no se hizo con el resto de alumnos con la misma titulación; mientras que las otras cuatro les fueron aprobadas pese a que no acudieron a ninguna clase, aunque el máster era presencial, y sin que haya constancia alguna de la presentación de trabajos. La jueza considera esclarecedor que los cuatro obtuvieran la misma nota, sobresaliente, por unos supuestos trabajos evaluados en la misma fecha, tan solo un par de semanas después de que se les reconocieran los créditos convalidados. Señala, además, que son los únicos alumnos de cuyos supuestos trabajos no hay registro documental. Ni los tiene la universidad ni los tienen ellos.

¿Qué delitos ve la jueza y qué pide al Supremo?

Prevaricación y cohecho impropio, que conllevan una pena de hasta siete años de inhabilitación. La jueza considera que los alumnos, aunque no son funcionarios, son cooperadores necesarios en la comisión del delito: «Se trata de matricularse en un máster, pagar el importe de la matrícula, aportar el expediente académico previo y solicitar el reconocimiento de créditos, todo ello para posibilitar dar una apariencia de legitimidad a la obtención del título académico que se recibe como regalo». La jueza pide al Supremo que llame a Casado en calidad de investigado para tomarle declaración y que pueda presentar toda la documentación que conserve del máster. Además, pide que se le requiera el ordenador portátil en el que dijo que conservaba los trabajos para que sean examinados por la policía judicial al objeto de determinar si han sido modificados con posterioridad a su supuesta entrega. Esta prueba es clave, porque es la que permitiría aclarar si los documentos que Casado exhibió en su rueda de prensa eran auténticos o no.

Pablo Casado: «Lo que se me ha hecho a mí no se le ha hecho a nadie»

Fran Balado
Casado no se plantea dimitir y niega haber recibido ningún «regalo» El presidente del PP comparece en rueda de prensa tras elevar la jueza el caso de su máster al Supremo

El presidente del PP rechaza hablar de una persecución, pero sí considera que no se le aplica la misma vara de medir que a otros dirigentes políticos

A Pablo Casado no le gusta utilizar la palabra persecución para definir lo que está padeciendo en los últimos cuatro meses, a raíz de unas supuestas irregularidades en la obtención de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, pero lo cierto es que el presidente del PP cree que con él no se está empleando la misma vara de medir que con el resto de dirigentes políticos, ni judicial ni mediáticamente. «Lo que se me ha hecho a mí no se le ha hecho a nadie en este país, y por lo que tengo viajado, en ningún otro», lamentó resignado en su comparecencia de ayer en Génova tras conocerse que la jueza de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha elevado la causa al Tribunal Supremo dada su condición de aforado como diputado por Ávila en el Congreso.

Seguir leyendo

Valora este artículo

0 votos
Comentarios

El futuro judicial de Casado, en manos de una sala de mayoría conservadora