Colectivos gijoneses retoman la petición de una renta social municipal que sea considerada un derecho individual
08 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Manuel Montes no tiene trabajo desde 2006. «Era formador. Daba cursos de consumo. Tuve una intervención quirúrgica y quedé fuera de juego. Perdí la casa de la familia y me quedé en la calle sin ingresos», relata. «Solicité el salario social y tardaron dos años en contestarme para ponerme pegas. Cobré durante 11 meses los 426 euros de la Renta Activa de Inserción, encontré una casa y pedí la ayuda de alquiler. Pero cuando dejé de cobrar la renta de inserción y quise renovar la ayuda de alquiler me dijeron que no tenía derecho a ella».
Llegó a empadronarse en una furgoneta aparcada en la calle para poder acceder a las ayudas de emergencia social que concede el Ayuntamiento de Gijón a través de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que tienen como uno de sus requisitos llevar un año empadronado en la ciudad. Pero en Servicios Sociales descartaron su solicitud. Con esos 10 años de experiencia en la precariedad, Montes exuda ilusión cuando habla de los colectivos que le han ayudado a salir adelante: «Si no fuera por Parados y Precarios de Gijón hoy estaría tirado. En 2015, se atendía a 60 familias ayudándolas con la alimentación y sólo este año ya se han multiplicado por tres: 170 familias. Es un éxito. Qué empresa tiene estos resultados. Colectivos como Parados y Precarios, la asociación Alambique y la Plataforma Antidesahucios son los apagafuegos, pero después de apagar el fuego hay que buscar remedios».
Montes, en pro de esos remedios, también participa en los encuentros de La emergencia no puede esperar, una asamblea que se creaba hace un par de años para denunciar que las políticas municipales de Servicios Sociales dejan de lado a personas como él mismo. La actividad se ha retomado de nuevo «en vista de que, tras las elecciones municipales, hace ya un año, no ha habido cambios sustanciales». Para ello, se realizan reuniones todos los jueves, a las 19.30 horas, frente a la Gota de Leche, sede de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Esta semana, además, el colectivo llevará sus propuestas a los partidos políticos con presencia en el Ayuntamiento de Gijón.
«La gente sigue sin estar informada»
La asamblea, principalmente, es un foro en el que compartir y recabar información. «La gente sigue sin estar informada. La información no es accesible y lo primero es asesorarse», aconseja Montes. Pilar García, que se quedó en el paro en 2010 tras haber estado vinculada a los planes de empleo municipales durante años, también insiste en lo importante de estar bien asesorado y llegar al mostrador sabiendo a qué atenerse. «A veces incluso te dicen: sabes más que nosotros. Pero es la mejor manera de conocer nuestros derechos». En su caso, de todas formas, no tiene tampoco cabida en las ayudas concedidas por Servicios Sociales, puesto que su marido cobra algo más de 500 euros y, «como mucho, la ayuda que me darían sería de unos 40 euros».
El principal requisito de las ayudas de emergencia social y de apoyo a la integración es, aparte de estar un año empadronado en Gijón y estar apuntado al Servicio Público de Empleo como demandante, no cobrar más de 442 euros al mes si se trata de una persona y, en caso de que sean más de seis miembros en la unidad familiar por ejemplo, que esa cantidad no sea más de 700 euros al mes. Con que una persona en la familia cobre más de la cantidad establecida por hogar ?con ese límite de 700 euros totales para familias de más de seis miembros-, ya no hay manera de optar a este tipo de ayudas. Basta mencionar que el precio más bajo de los alquileres en Gijón ronda los 300 o los 350 euros para echar cálculos y sacar conclusiones. Las ayudas de emergencia del ayuntamiento, además, no son compatibles en absoluto con el salario social básico que concede, en buena parte de los casos tras largos meses de espera, la Administración autonómica.
Los datos que aparecen en la memoria de la Fundación Municipal de Servicios Sociales de 2015 dicen que, a 31 de diciembre del año pasado, 4.848 gijoneses percibían el salario social y que, a lo largo del año, se habían registrado 1.711 solicitudes (por las 1.420 de 2014). La mayoría de los beneficiarios tenían entre 35 y 54 años.
1,59 millones de euros en ayudas por 1,3 millones de remanente
En cuanto a las ayudas de emergencia y de apoyo a la integración, en 2015 se solicitaron 1.341. Ayudas a la emergencia, que no son periódicas y están destinadas a dar respuesta a situaciones de necesidad excepcionales, se solicitaron 77 y se concedieron 51. Todas, salvo una concesión de 40 euros para vales de comida, entran dentro del apartado de gastos ordinarios y extraordinarios. Y de las 1.263 ayudas a la integración de personas y familias, periódicas y también compartimentadas por deudas de alquiler, luz, gas y comunidad, habitabilidad y equipamiento de vivienda, alojamiento temporal o gastos funerarios, se aprobaron un millar.
El gasto en 2015 destinado por Servicios Sociales a estas ayudas ascendió a 1,59 millones de euros. En 2014, habían sido 2,26 millones.
Roberto Porras, miembro de la asamblea La emergencia no puede esperar, recuerda que el remanente de Servicios Sociales en 2015 fueron 1,3 millones de euros. Es decir, que la cantidad que quedó sin gastar ?por los motivos que sean- casi es idéntica a la empleada en ayudas económicas destinadas a las personas y a las familias atrapadas por la crisis.
«Año tras año, Servicios Sociales tiene remanentes», indica Porras, que incide en una de las principales reivindicaciones de este colectivo: una propuesta de renta social municipal que deje atrás la parcelación de la pobreza y la exclusión social. «La pobreza es integral, tienen que dejarse de medidas parceladas y puntuales como las ayudas a la pobreza energética, la pobreza laboral o alimentaria y apostar por una medida estructural, con una renta social municipal con requisitos claros y concretos que no queden a la arbitrariedad de quienes gestionan las instituciones. El salario social, que es una ayuda para alimentación, tiene que ser complementario con la ayuda del ayuntamiento, que es para el pago de vivienda y suministros básicos».
En los últimos seis meses, apunta Porras, se ha detectado que no se informa sobre estas ayudas municipales «a no ser que preguntes directamente por ellas». El lema del colectivo es muy simple: vivir dignamente es un derecho. Un derecho del que se debe estar informado y ahí es donde colectivos como La emergencia no puede esperar juegan un papel fundamental al informar y asesorar para desentrañar las fórmulas burocráticas que acompañan a cualquier trámite administrativo. «Todo forma parte de ese laberinto de ayudas concedidas como subsidios y no como lo que deberían ser: derechos».
En un país en el que los telediarios hablan una y otra vez de millones de euros despilfarrados, evadidos y amnistiados, el derecho a vivir con dignidad sigue siendo la lucha de millones de personas que, incluso aunque tengan un trabajo, no llegan a final de mes. Ni a principios. Sólo en Asturias, la estadística de la Agencia Tributaria?en la que no siempre está todo el mundo incluido- dice que al menos 100.000 trabajadores son pobres. Gijón tiene, según el último dato disponible, 24.990 parados. A menudo aparecen ofertas de trabajo, con o sin estudios universitarios, por menos de 600 euros al mes.
La emergencia, efectivamente, no puede esperar y, en la vida real, la ayuda acaba viniendo de otras personas, familiares, amigos cercanos o incluso simplemente gentes solidarias. «Hay personas que cobran 426 euros y acogen al que no tiene nada», explica Porras. A veces, ser solidario con un amigo acarrea no cumplir los requisitos si se solicita una ayuda a la administración. «Si te acoge un amigo que cobra, tampoco puedes acceder a la ayuda». Por ello, proponen esa renta social municipal como un derecho individual y que no tenga que devolverse con posterioridad como ya ocurrió con quienes estaban percibiendo la ayuda del ayuntamiento a la espera del salario social «con la condena que eso supone». Las ayudas de familiares o amigos, al igual que la caridad institucional y el asistencialismo, no son la solución que garantiza el derecho a una vida digna, remarcan en el colectivo.
Manuel Montes, que no obvia el enorme pesar de quien no encuentra trabajo en un país con la segunda mayor tasa de parados de Europa, se ha reencontrado con su dignidad en las diversas acciones colaborativas y cooperativas creadas por colectivos como Parados y Precarios: «Hay que colaborar y tratar de sumar juntos para buscar maneras de salir adelante. Yo sólo tengo fe en la colaboración y el trabajo conjunto».