El Tribunal de Cuentas tiene informes que aprecian indicios de responsabilidad contable, como que la Autoridad Portuaria de Gijón pagase 776.000 euros por un convenio con la Universidad de Granada y la UTE se quedara con 124.000 euros por actuar como intermediaria
11 jul 2016 . Actualizado a las 20:07 h.Como dice el refrán, el que busca, encuentra. Y es lo que está pasando con la ampliación del puerto de El Musel, que sigue siendo -seis años después de que finalizara la ejecución de la mastodóntica obra- un pozo sin fondo. Al menos en lo que se refiere al hallazgo de irregularidades económicas. El nuevo actor de la obra pública más cara de la historia de Asturias (800 millones de euros con IVA) es el Tribunal de Cuentas, el órgano supremo que fiscaliza la gestión económica del Estado. Dos nuevos informes de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, completamente rotundos puesto que aprecian «la existencia de indicios de responsabilidad contable» en las obras, han motivado que esta entidad fiscalizadora decida nombrar un delegado instructor para hacerse cargo de un caso que fue llevado a la Audiencia Nacional por la Fiscalía Anticorrupción el pasado diciembre.
Según revela El País, que ha tenido acceso a los nuevos informes sobre El Musel, esos indicios de responsabilidad contable se aprecian en convenios de asesoramiento y en contratas de asistencia técnica. La investigación del Tribunal de Cuenta, que se basa en un informe de fiscalización realizado a lo largo de este año por sus expertos, también apunta al incremento injustificado del precio de la piedra utilizada para los rellenos de la ampliación portuaria, una obra que consistió en ejecutar un dique de abrigo de 3,8 kilómetros, un muelle de 1.250 metros y una nueva dársena de 140 hectáreas.
¿Qué dicen los nuevos informes?
Por un lado, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, emitía el pasado 21 de junio un informe en el que señala que «se aprecian indicios de responsabilidad contable en el contrato de ejecución de las obras de ampliación del puerto, en el de asistencia técnica a la dirección de obra (...) y en un convenio firmado en 2005 con la Fundación Empresa Universidad de Granada para un proyecto de investigación denominado Experimentación 3D en modelo físico de los tramos del dique exterior para la ampliación del puerto de Gijón».
Hasta febrero de 2006 el pago de ese convenio lo abonó la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria de la ampliación a la Universidad de Granada «conforme a los precios pactados, con un 19% de deducción. Pero a partir de marzo de 2006, los importes imputados al presupuesto de obra fueron íntegramente los pagados a la Fundación». Es decir, según explica el informe del fiscal, lo abonado por la Autoridad Portuaria de Gijón a la UTE «tenía un importe un 19% superior al pagado a la Fundación». El escrito explica, en este sentido, que la UTE había recibido de la Autoridad Portuaria de Gijón 776.000 euros para hacer frente a ese pago, pero la Universidad de Granada recibió 652.000 euros, con lo que la UTE se benefició de 124.000 euros «en su condición de intermediario en los pagos».
Un segundo informe, según publica El País, es obra del abogado jefe del Estado, Javier Borrego, en el que aparece uno las principales irregularidades detectadas ya en su momento por la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF): el incremento en el precio de los materiales pétreos con los que se realizaron los rellenos y una de las tres causas a las que se achacó el sobrecoste de 250 millones de euros (con IVA) de la ampliación cuando se hizo público en 2007 (la obra había comenzado en 2005 y finalizó en 2010). En concreto, el informe de la Abogacía del Estado hace hincapié «en la alteración, por incremento, de los precios previstos [para] los materiales procedentes de las canteras, que no se ajustan a lo pactado en el contrato de adjudicación de la obra». El informe también detecta muchas partidas con sobrecoste, entre ellas una de casi 133.000 euros, y refleja que se han descubierto contratas para las obras de El Musel con similares características al convenio con la Universidad de Granada, en el que la autoridad portuaria desembolsa un 19% más a la UTE por esa «condición de intermediario en los pagos».
Declaración de dos investigados en la Audiencia
Otro ejemplo irregular aparece en el capítulo de seguridad y salud, para el que el presupuesto inicial de la obra establecía una partida de 951.000 euros que, en mayo de 2011, había pasado a ser de 1,4 millones de euros. También existen facturas extrañas, según El País, sobre seguridad que benefician a la UTE en perjuicio de la autoridad portuaria. La UTE estaba formada por Dragados, FCC, FRACE, Alvargonzález y Sato. Esta última empresa, a su vez, era copropietaria de la cantera de Aboño con HC Energía en el momento de la adjudicación del contrato de la ampliación portuaria.
Se da la circunstancia de que los pliegos técnicos de la licitación de la obra indicaban que se dispondría de esta cantera, situada a 2,5 kilómetros de El Musel, y no fue así durante dos años puesto que HC tuvo que realizar obras en la central térmica anexa a la cantera para adaptarse al protocolo de Kyoto. El material se extrajo de otras canteras asturianas y leonesas, y se pagaron precios muy alejados de los establecidos en el contrato inicial e incluso de los existentes en el mercado. Este asunto, que encierra una mayor complejidad, fue precisamente motivo de la última declaración celebrada a finales del mes pasado ante la magistrada que dirige el Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción solicitó la declaración como «presuntos autores de un delito de fraude» del exdirector general de Cementos Tudela Veguín, José Antonio Muñiz Muñiz, y el exconsejero delegado de Hidroeléctrica del Cantábrico, Joaquín Coronado Galdós, por los contratos o convenios que firmaron en su momento para la explotación de las canteras de Aboño y Perecil.
Con el caso en la Audiencia Nacional, pese a que la jueza había solicitado inhibirse en los juzgados de Gijón, el asunto seguirá trayendo cola, habida cuenta de que se investigan posibles delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil y fraude a la Hacienda pública. Casi nada. El informe de la OLAF de 2014 corroboraba las irregularidades que ya habían sido detectadas por la Comisión Europea (CE) en 2008, cuando denegó volver a subvencionar con 135 millones de euros más el sobrecoste de la ampliación, que se vendió como un modificado del contrato original. Ese informe de la OLAF, en el que se basó la Fiscalía Anticorrupción para llevar el caso a la Audiencia Nacional, también apreciaba indicios de delito que afectaban a los intereses comunitarios, puesto que la obra sí recibió 198 de los 250 millones de euros concedidos a través de fondos europeos. Mientras el caso esté en los juzgados, la UE no podrá exigir -como se había planteado- la devolución de esos 198 millones.
«Robo de guante blanco descomunal»
Desde el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción (OCAN), personados en la causa abierta en la Audiencia Nacional, señalaban ayer que no es frecuente que el Tribunal de Cuentas se pronuncie de forma tan rotunda y que cada día que pasa se apuntalan las sospechas de ilicitud en la adjudicación del modificado de la ampliación portuaria. «Los informes del Tribunal de Cuentas reflejan que la adjudicación de la ampliación de El Musel se realizó conforme a criterios muy alejados de la igualdad y libre concurrencia que debe presidir un proceso de contratación pública. Todo apunta a que la Autoridad Portuaria estaba más preocupada del lucro de ciertas empresas que de la ejecución adecuada de la obra. Cada nuevo informe técnico o actuación judicial refuerza la impresión de que estamos ante un robo de guante blanco descomunal».
En este sentido, consideran imposible que pueda disimularse por más tiempo que la adjudicación de esta obra constituyó «un saqueo vergonzoso de las arcas públicas». Los 800 millones de euros que costó la ampliación, añaden, bien «podría haberse destinado a otros fines públicos en vez de a engordar los beneficios de empresas privadas».