El plazo para presentar alegaciones expira esta semana, puesto que llegó el 22 de julio y su existencia no se ha hecho pública hasta que Mieres hizo saltar las alarmas
04 ago 2016 . Actualizado a las 19:10 h.Las ya famosas cartas que el Ministerio de Hacienda está remitiendo a buena parte de los ayuntamientos españoles requiriendo el cierre de entidades públicas en situación de desequilibrio financiero también llegaron al de Gijón. Pero no trascendió hasta que el Ayuntamiento de Mieres dio la voz de alarma con la exigencia ministerial de cerrar su empresa de transportes urbanos. En el caso de Gijón son cinco las entidades públicas que Hacienda considera que deberían haberse cerrado: la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa), la Empresa Municipal de Vivienda, Divertia, la Fundación Municipal de Cultura y el Fondo de Capital Riesgo. Estas dos últimas no son empresas municipales como el resto, pero también se meten en el mismo lote.
¿Por qué no trascendió que Hacienda pedía el cierre de cinco entidades públicas en Gijón?
La carta del Ministerio de Hacienda, que firma la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local Rosana Navarro, tiene como fecha de entrada en el Ayuntamiento de Gijón el 22 de julio. Entre medias, como recuerda el portavoz del grupo socialista, José María López, se celebraron en el ayuntamiento gijonés una comisión de Hacienda, un pleno municipal y una junta de portavoces de los grupos políticos con representación municipal. «No es de recibo que la alcaldesa y su equipo lleven escondiendo 13 días una información de semejante calado para la ciudad», considera López, que fue quien exigió una convocatoria urgente de la junta de portavoces para que el equipo de gobierno diera cuenta sobre este asunto que ha traído de cabeza esta semana a otros grandes ayuntamientos como el de Valencia.
A esa junta de portavoces, que se celebró hoy a primera hora de la mañana, no asistieron ni la alcaldesa, Carmen Moriyón, ni el portavoz municipal de Foro, Fernando Couto, pero sí la concejala de Hacienda, Ana Braña, que dijo que no sabía de la existencia de la carta hasta ayer.«No me lo creo, pero de ser así la situación sería mucho peor», dice López. También los portavoces municipales de Xixón sí Puede, Mario del Fueyo, y de IU, Aurelio Martín, critican esa «falta de transparencia» y «pasividad» del gobierno de Foro, que «gestiona con torpeza, tarde y mal» asuntos que deberían haber sido tratados con el resto de grupos con representación municipal.
Sea como fuere, en la misiva ministerial se especifica que el ayuntamiento tiene 15 días naturales (a contar desde el 22 de julio) para remitir la información relativa a la extinción de las cinco entidades cuestionadas. Es decir, que las alegaciones municipales deberían salir hacia Madrid como muy tarde este sábado. En la junta de portavoces, se comunicó que será mañana cuando se remitan esas alegaciones.
¿Realmente se tiene que cerrar alguna entidad pública en Gijón?
El revuelo causado en otras localidades de toda España ante este spam ministerial instando al cierre de empresas públicas hizo que ayer el Ministerio de Hacienda emitiera un comunicado en el que se explicaba que eran cartas informativas, no de supresión de empresas, y que se estudiarán las alegaciones «caso por caso». Lo cierto es que la misiva da por hecho en todo momento que la disolución de las empresas o entidades municipales ya tenía que haberse producido, motivo por el que se requiere «que en el plazo de 15 días naturales se dé cumplimiento a la obligación de remisión de aquella información relativa a la extinción de las entidades dependientes (del ayuntamiento) citadas».
Yendo al caso concreto de Gijón, no parece que ninguna empresa de las mencionadas por Hacienda peligre realmente siempre y cuando las cuentas del ayuntamiento cumplieran en 2015 con los objetivos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobaba en 2013 y que fue recurrida por unos 3.000 ayuntamientos españoles en el Tribunal Constitucional. El de Gijón no recurrió esta ley, que incluye efectivamente restricciones de aportaciones municipales a sociedades públicas, porque Foro y PP, que concurrieron juntos en las dos últimas elecciones generales, consiguieron vetar una propuesta del PSOE para sumarse al recurso como otros municipios.
¿Cumple el Ayuntamiento de Gijón con los requisitos de estabilidad presupuestaria?
Pues en estos momentos lo cierto es que no. Al menos sobre el papel, aunque en la práctica sí. «Primero nos habían dicho que no se cumplía el techo de gasto, luego que sí porque había habido un error y hoy, en la junta de portavoces, nos dicen que no se cumple porque hay que corregir los datos de 2014 y 2015 en la plataforma de Hacienda y el ministerio tiene que dar permiso de acceso», explica el portavoz socialista, que recuerda que el plazo para enviar las alegaciones expira de inmediato y estos trámites necesarios para corregir los datos, de no haberse resuelto ya, no parece que vayan a resolverse en estos dos días.
La consecuencia inmediata de esta rocambolesca situación es que no pueden realizarse aportaciones para ajustar el equilibrio económico de las empresas o entidades dependientes del ayuntamiento. Y, según el socialista José María López, sólo afectaría a Divertia, pero en cierto modo a toro pasado. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en el último pleno municipal, que se celebró el lunes, se aprobó una modificación presupuestaria para aportar 225.000 euros extra a Divertia, precisamente para que cumpliera ese equilibrio financiero exigido en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Siguiendo a rajatabla la ley, esa aportación no podría haberse realizado puesto que la empresa ya tendría que haberse disuelto.
¿Por qué el caso de Divertia es diferente al del resto de entidades citadas?
La situación financiera de Divertia, la empresa municipal que desde 2014 aglutina las áreas de Turismo, Festejos, Teatro Jovellanos, Festival Internacional de Cine y Jardín Botánico, ya estaba en el punto de mira antes de la carta de Hacienda. En 2015, el ayuntamiento tuvo que realizar aportaciones extraordinarias de más de 800.000 euros respecto a lo previsto «por la propaganda electoral de los conciertos de Lenny Kravitz y Elton John», apunta el portavoz socialista. En el caso de Emtusa, las aportaciones del ayuntamiento se contabilizan en el balance de situación de la empresa, constan como aportación patrimonial para compensar pérdidas sociales (los descuentos de los bonos, por ejemplo), están previstas en el presupuesto municipal y no se gasta más de lo dispuesto.
El caso de la Empresa de Vivienda es similar. Los motivos por los que aparece la Fundación Municipal de Cultura en el listado de Hacienda no están claros, según López, puesto que el resultado fue positivo, al ser los ingresos superiores a los gastos. Y, del Fondo de Capital Riesgo, que no es una empresa ni un organismo sino un instrumento de financiación pública para potenciar proyectos empresariales innovadores con un periodo de vigencia, la explicación de que aparezca en el listado ministerial puede deberse a que el año pasado registró pérdidas, pero no requiere de aportaciones extraordinarias en cualquier caso. Y ni siquiera tiene personal propio.
En todo caso, durante la junta de portavoces, la interventora del Ayuntamiento de Gijón, Belén Grana, se mostró segura de que la recepción de la carta de Hacienda se debe a una mala interpretación de los datos, con lo que el asunto no debería ir más allá una vez remitidas las alegaciones pertinentes.
¿Qué pasaría si las empresas fueran privadas en lugar de públicas?
Según el portavoz municipal del PSOE, lo que sí pone en entredicho el futuro de las empresas municipales es la propia Ley de Reforma Local aprobada por el PP, ya que tiene «consecuencias tan irracionales como llevar a disolución una empresa pública que recibe una aportación determinada de dinero para su funcionamiento, algo que no sucedería si el servicio lo prestase una empresa privada, que tendría mayor coste para la administración. Toda la ley busca racionalizar el gasto público y sólo afecta a las empresas públicas».
¿Por qué? Simplemente porque dicha ley no perjudica a las empresas privadas aunque reciban aportaciones municipales por prestar un servicio público. López pone como ejemplo el caso del transporte público: «El coste de Emtusa para los gijoneses es inferior al que superar municipios vecinos en los que el servicio de transporte urbano lo prestan empresas privadas a las que esta ley no perjudica, aunque sí se verían beneficiadas por la disolución de una empresa pública».
También el portavoz de XsP, Mario del Fueyo, considera que la gravedad del asunto radica en el «intento de disolución de cinco empresas municipales, independientemente de que se hagan alegaciones técnicas y su resultado. Esto es una seria amenaza que conduce a la privatización de las empresas municipales, objetivo de esta ley y que, obviamente, genera alarma entre el personal de los organismos autónomos, ya que sus puestos de trabajo están pendientes de un hilo». También el portavoz de IU, Aurelio Martín, considera que la carta, independientemente del desenlace, es «una ofensiva del PP inaceptable contra la autonomía municipal y los servicios públicos» con un claro «trasfondo ideológico» que, según Del Fueyo, persigue la privatización de los servicios públicos.