El docente había denunciado problemas de seguridad y unas obras realizadas sin licencia en el centro. Ya no trabaja en el centro pero continuará con su batalla
18 oct 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Lo que comenzó siendo una preocupación por las grietas aparecidas en las paredes del colegio ha terminado resolviéndose en el Tribunal Supremo. Los hechos se remontan al verano de 2011, después de que las Ursulinas de Gijón, un centro de carácter concertado, cambiase de propiedad y se realizasen unas obras. El profesor Luis Alberto Picatoste, que llevaba 15 cursos trabajando, comenzó a mostrar su preocupación por la seguridad, primero con sus compañeros y después con la propiedad. Acudió incluso al ayuntamiento para ver preguntar cuál era la situación. Descubrió que no había licencia de obra y la administración abrió una denuncia de oficio. La tensión fue en aumento durante dos cursos consecutivos, con nuevas denuncias e irregularidades, hasta que en enero de 2014 le echaron. Ha ganado en todas las instancias. El centro ha optado por indemnizarle y no readmitirle. A Picatoste le queda un regusto amargo. Está satisfecho porque han quedado constatadas sus buenas intenciones y la rectitud de su conducta pero, a cambio, denuncia que el expediente urbanístico contra el colegio sigue abierto y que muchos de los problemas de seguridad aún persisten sin que el consistorio ni la Consejería de Educación, que sostiene la actividad con fondos públicos, hayan metido mano.
Picatoste, docente de Matemáticas y Biología, que ha pasado ahora dos años en Estados Unidos, recuerda de memoria las fechas del enfrentamiento con la dirección de las Ursulinas que ha cambiado su vida. Hubo unas obras previas en el curso 2009. Pero las que terminaron en tormenta datan del verano de 2011. Durante el curso 2011-2012, aparecieron las primeras grietas. En las siguientes vacaciones estivales trataron de corregirse, pero volvieron a quebrarse pasadas unas semanas. Se habían tirado paredes y se temía que hubiera fallos estructurales. El docente comentó el caso con la dirección y también con la asociación de padres y, como no obtuvo ninguna respuesta esclarecedora, preguntó al ayuntamiento. Firmó un escrito en el que solicitaba información sobre la obra y las licencias. Ese fue el detonante de una explosión, por entonces, de incalculable impacto.
Así se descubrió que no habían pedido la licencia de obra adecuada, que no se había respetado las necesidades arquitectónicas del edificio, que era necesario legalizar los trabajos y que el propio colegio carecía de licencia de apertura y actividad, rememora Picatoste. 18 meses después de los primeros pasos, llegaron unos inspectores municipales al centro para ver cómo se encontraba el recinto y descubrieron que no se había corregido nada. «20 días más tarde, aprovecharon las vacaciones de Carnaval para colocar unas columnas y reforzar la estructura. Esas obras tampoco tenían licencia», explica. Entonces, sí que presentó una denuncia y comenzó a remitir escritos a Educación, al tratarse de un centro concertado sostenido por la consejería.
Recuerda la vuelta al cole de 2013 como una situación personal complicadísima, con tensiones con la dirección y también con el comité de empresa y sus compañeros. Ese fue el momento en el que se descubrió que no había licencia de apertura. «Trataron de callarme diciéndome que si hablaba iba a espantar a los padres y que bajaría la matrícula», afirma. Asegura que se ocultó la situación real del centro. La bomba que llevaba más de dos años lavándose estalló en enero de 2014. Picatoste acudió a una asamblea y dijo todo lo que pensaba. Habló de la ilegalidad de las obras y hasta de la posible malversación de fondos. El 18 de enero le dieron a elegir entre la carta de despido o retractarse.
A día de hoy, continúa en la batalla. El despido fue declarado improcedente en primera instancia. Así lo ratificó el Tribunal Superior de Justicia (TSJA), al que recurrieron ambas partes, y ahora el Supremo, instancia a la que acudió la empresa propietaria del colegio. «Lo curioso es que todo sigue igual. El ayuntamiento podría declarar el cierre preventivo, pero no lo hace porque sería un escándalo. La consejería no ha movido un dedo porque dice que no es de su competencia, aunque es un concertado. Sigo preguntando por el caso. No lo voy a dejar», advierte.