Ripa asegura que del testimonio de los inspectores se deduce una presunta connivencia entre la Autoridad Portuaria y la UTE Dique Torres
25 oct 2016 . Actualizado a las 21:11 h.Los inspectores de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que han declarado hoy en la Audiencia Nacional en la causa abierta por la ampliación del puerto de El Musel han reiterado la existencia de irregularidades «e incluso fraude», según el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa.
Según Ripa, del testimonio aportado por los inspectores se deduce una presunta «connivencia» entre la Autoridad Portuaria de Gijón y la sociedad encargada de ejecutar las obras, la UTE Dique Tores, con objetivo «de beneficiar a algunas de las empresas implicadas».
A su juicio, la hipótesis de que la Corporación Masaveu fue la principal beneficiada por la obra «cobra fuerza» dado que «parece ser» que se tomó un acuerdo para la explotación de la cantera de Aboño (propiedad de HC y otros), «a sabiendas de que no se iba a poder utilizar», lo que llevó a usar material de otras canteras, en concreto de un propiedad de la Corporación Masaveu en Tudela Veguín.
«Supuestamente, la Autoridad Portuaria sabía desde el principio que la obra iba a beneficiar a la corporación Masaveu produciendo un fraude masivo que ahora se refleja en las actas de los empresarios y que la Autoridad Portuaria parece que trató de ocultar con informaciones contradictorias durante estos años», ha añadido.
Tanto el presidente de la corporación industrial, Fernando Masaveu, como el máximo responsable de la eléctrica EDP (antigua HC) y consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, están citados a declarar como testigos en esta causa el próximo 2 de noviembre.
Su citación se produjo a instancias de la defensa del ex director de la Autoridad Portuaria de Gijón José Luis Díaz Rato, según informó el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción (OCAN), entidad próxima a Podemos y que ejerce la acusación particular.
Las obras de ampliación del puerto, que fueron adjudicadas por 580 millones en el año 2005 y finalmente costaron 800 millones, se financiaron en parte con fondos europeos, pero en vista de las sospechas de irregularidades en su ejecución la Comisión Europea solicitó a España que devolviese la subvención de 247,5 millones concedida al proyecto, de los que 198 ya han sido abonados.
La legalidad de la ampliación del puerto de El Musel ha sido puesta en duda por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por la Intervención General del Estado (IGAE).
Tras haber practicado varias diligencias, Anticorrupción considera que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de fraude y exacciones ilegales, malversación, estafa, falsedad, fraude a Hacienda y prevaricación.
Entre otros, están imputados el expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón Fernando Menéndez, el exdirector del puerto José Luis Díaz Rato y el gerente de la UTE adjudicataria (Dique Torres), Juan Miguel Pérez.