Operarios denuncian falta de maquinaria, mala organización y abuso de las subcontrataciones por Dragados-API Movilidad. Exigen a Moriyón que haga valer el contrato con la UTE y advierten de movilizaciones si hay despidos
31 oct 2016 . Actualizado a las 17:39 h.«Nos faltan herramientas y maquinaria, el personal de las subcontratas está haciendo trabajos que no le corresponden y para los que no están preparados, y no se están cubriendo las bajas por enfermedad. Los trabajos se retrasan, las urgencias no se cubren y lo peor es que las cláusulas dicen que podrían tomarse medidas contra los trabajadores». Diego Casal, representante de CCOO en las brigadas de mantenimiento viario municipal de Gijón, ha vuelto a echar hoy mano del símil del «cubo y la paleta de playa», que ya ha usado en otras ocasiones para describir las condiciones en las que están trabajando él y sus 33 compañeros. La adjudicación del servicio a la UTE constituida por Dragados y API Movilidad no parece haber mejorado la situación que ellos y el conjunto de la oposición tanto criticaron a la anterior adjudicataria.
De ahí que hoy hayan vuelto en tropel al Ayuntamiento para reclamar a Carmen Moriyón y a la concejalía de Mantenimiento y Obras que hagan valer un contrato cuya letra se comprometió a defender «la alcaldesa de Gijón en persona», según recuerdan. Y también para advertir que están dispuestos «a todo tipo de movilización y a llegar hasta donde haga falta» como la UTE «toque a un solo trabajador».
No han estado solos. Junto a ellos han comparecido, con las mismas críticas y advertencias, los concejales David Alonso (Xixón Sí Puede) y Ana Castaño (IU). El primero ha denunciado la persistencia «un año y ocho meses después» de las primeras críticas del «estado deficitario del mantenimiento viario» de la ciudad, mientras que Castaño ha apuntado hacia la «dejación de funciones» del gobierno local ante la UTE, y recalcado que su grupo no va a tolerar «ningún despido ni repercusión en las condiciones de trabajo».
Carencia de maquinaria
El pormenor de la denuncia está lleno de baches, tropiezos y atajos que se salen del pliego de condiciones. Y no pequeños. El primero, un carencia de maquinaria y herramientas cuya enumeración aturde de puro interminable: extendedora ligera, fresadora de pavimentos asfálticos, camión de dos ejes, tractor desbrozador, cortadora mecánica, desbrozadoras manuales, motosierras, bomba sumergible de agua, semáforos portátiles, chapas para cubrir zanjas, señalización para las obras, hidrolavadora de gasolina, máquina de vacío para la extracción de baldosas...
Diego Casal calcula que falta «un 90 por ciento» de la maquinaria que figura en el apartado correspondiente del pliego. En algunos casos, como los referidos a las cuadrillas de aglomerado y zona rural, se refiere a máquinas de envergadura, como tractores y camiones; en otros no es tan voluminosa ni cara, pero afecta más directamente al desempeño y la salud de los trabajadores. Así, los operarios de albañilería que -según Javier Fernández, delegado de personal de la UTE- echan en falta las llamadas «chuponas», unas pinzas para levantar baldosas que alcanzan los 60 kilos, cuya manipulación ha causado ya varias bajas.
El reparto y la organización del trabajo no contribuyen a mejorar las cosas, según los trabajadores. Diego Casal asegura que «el personal subrogado está haciendo trabajos que no le corresponden», que es movido a otros contratos para desempeñar funciones ajenas a su experiencia. Apunta un ejemplo:«El responsable de aglomerado, con un montón de años de experiencia en lo suyo, está ahora pintando bancos». Ese desplazamiento afecta sobre todo a las cuadrillas de aglomerado y zona rural, junto a otros ocho trabajadores que tampoco hacen aquello para lo que están preparados. Y si la calidad del resultado se resiente, surge «la preocupación por si se toman medidas».
Rumores y listas
Por otra parte, las subcontrataciones van en aumento y eso inquieta a la plantilla. «La organización es cosa de la empresa. Acabermos siendo 34 trabajadores en un mismo equipo y dirán que sobramos. Lógico, si siguen subcontratando», alerta Javier Fernández. En el aire está desde hace un tiempo el «rumor sobre una lista de seis trabajadores» amenazados de despido. A ello hay que añadir también el incumplimiento de la UTE de cubrir «antes de 48 horas» las bajas, según los operarios. Cinco de ellos están en esas circunstancias ahora mismo, y otros cuatro de vacaciones.
Con esos medios y en ese ambiente de trabajo, el servicio se deteriora y, lamenta Diego Casal, «no podemos hacer un buen trabajo, como es nuestro primer interés». Los partes de urgencias se acumulan «por palés». «Necesitaremos una traspaleta para llevar las órdenes de urgencias», ironiza Javier Fernández, que explica que hace una semana se atendió «un parte de emergencia de 2015». Uno de los trabajadores explica que «la cosa se arregla poniendo un cono de señalización», y a otra cosa. «Si los baches se ven más, se tapan con pasta para dar el pego, pero la pasta se va en cuanto pasan cuatro coches por encima», añade. Algunos se ríen al contar que no hace mucho apareció un equipo para rodar las excelencias del mantenimiento viario gijonés en un vídeo que quiso ser documental, pero que retrataba «una situación completamente falsa». «Era para añadirlo a unas convocatorias de subvención de la UE o algo así», conjetura alguien. Vuelven a reírse.
Mucho más serio se pone Javier Fernández para recordar que «la alcaldesa en persona comprometió el cumplimiento íntegro de este contrato». Y eso le exigen ahora, arropados de momento por XSP e IU. En primer lugar, a la alcaldesa y al concejal responsable, Miguel Ángel Arrieta, «que activen a los equipos desactivados, que compren la maquinaria y pongan a funcionar el servicio en condiciones. Que se ponga en contacto con la dirección de empresa y ponga las cartas sobre la mesa», enumera el representante de personal, que subraya que «tenemos un servicio mínimo estupulado en un contrato perfecto» que hay que hacer cumplir.
Y además, sobre el terreno, demandan al Ayuntamiento «control municipal directo y seguimiento». «Porque lo hay, pero solo para que no levantemos cabeza. Lo veo bien, venimos a trabajar, pero con herramienta», remacha Diego Casal. Eso es lo que les corresponde hacer, según él, «y no ser trabajadores con un sueldo máximo de 1.000 euros que tienen que luchar contra una empresa multimillonaria y un ayuntamiento».