La respuesta legal de los «Nueve del Jovellanos», a la espera de posibles recursos

Concepción Trabado considera que la sentencia del TSJA es «histórica» y confirma la existencia de «órdenes políticas» que determinaron «la persecución de una ideología concreta» en la actuación policial


Gijón

Concepción Trabado, la abogada defensora de Jesús Montes Estrada, «Churruca», y de otros tres de los «Nueve del Jovellanos», es partidaria de esperar hasta mediados de este mes para decidir si las responsabilidades políticas y legales denunciadas ayer por los eximputados tomarán de nuevo cauce en los tribunales. Según los plazos marcados por la ley, será el 16 de noviembre cuando se sepa con certeza si las acusaciones ejercerán su derecho a plantear recurso de casación ante la Sala Segunda del Supremo contra la sentencia absolutoria dictada el pasado 24 de octubre por el TSJA.

Trabado -que, por motivos de enfermedad, no pudo estar en la multitudinaria rueda de prensa de ayer frente al teatro- prefiere esperar a esa fecha: «Desde el punto de vista jurídico, lo que se vaya a hacer o no, hay que decidirlo una vez que la sentencia sea firme. No soy partidaria de plantear ninguna actuación hasta que eso suceda», explica desde desde su despacho en Barcelona.

Por el momento, la abogada destaca, como sus defendidos, que «nos hallamos ante una sentencia histórica» que está ya «siendo traducida al inglés, francés o árabe» por su «importancia e interés jurídico y político», y muy especialmente, en el contexto español. Trabado considera que la actuación policial ante el Jovellanos vinieron a ser «una manera de aplicar de una forma muy estricta lo que después fue la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la 'Ley Mordaza'».

Órdenes políticas

Con independencia de lo que suceda a partir del día 16, Concepción Trabado considera que, al «recoger literalmente» la mayor parte de sus «alegaciones esenciales sobre la nulidad del procedimiento», el dictamen del TSJA sustenta la interpretación de fondo de lo sucedido, que ayer reiteraban los activistas absueltos: lo que la abogada describe como la existencia de «órdenes políticas hasta no sé qué altura» que determinaron la actuación policial. 

«Es evidente que lo que se pretendía era perseguir con una ideología concreta, y esto es un ataque a la libertad ideológica, a la libertad de expresión y a la libertad de concentración. Es un ataque directo a derechos fundamentales», ha dicho Trabado, que habla de «un exceso y una actuación fuera de la ley». «Hay estados constitucionales y democrácticos, como los nuestros, y luego regímenes militares, policiales, sin libertades. Este tipo de actuaciones son más típicas de un régimen no democráctico, no constitucional», ha añadido la letrada.

Trabanco ha querido, además, desmentir a quienes consideran que «ha sido un juicio con mucha presión mediática y en redes sociales», y que esa corriente de opinión ha podido tener algún peso en el proceso. «No ha habido presión. Los tribunales españoles no están sujetos a presión. La Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución Española garantizan la independencia judicial como principio esencial del tercer poder del Estado. La mayor autoridad judicial en Asturias es el TSJA. Si tenemos que pensar que este tribunal se siente presionado, mal vamos», zanja la abogada, que defiende que la movilización generada por el caso «es algo que entra dentro del derecho más elemental de expresión».

«Cuando la gente considera que algo es injusto, es normal que proteste; no en este caso, en todos. El derecho de expresión está garantizado constitucionalmente», remacha Trabado, que se pregunta «por qué la gente no va a dar su opinión sobre lo ocurrido en el proceso, antes del proceso y después del proceso».

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