Estefanía Puente (XsP) y Aurelio Martín (IU) confrontan las dos propuestas de sus respectivos grupos politicos para aplicar nuevos instrumentos de respuesta a las emergencias sociales del concejo
09 nov 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Los dos partidos más a la izquierda de la Corporación gijonesa, Xixón Sí Puede e IU, han puesto sobre el tapete dos fórmulas innovadoras en la gestión de los servicios sociales municipales, de cara al próximo ejercicio y a la negociación de sus cuentas, que acaba de iniciarse. Mientras que la marca local de Podemos ha empujado hasta el centro de la mesa una propuesta que describe como de «renta básica», la coalición ha hecho lo propio con lo que llama «tarjeta social». Aunque el objetivo y las necesidades sean similares, cada una de las formaciones ha marcado las diferencias respecto a la fórmula de la otra. La concejala de XsP Estefanía Puente consideraba anteayer que la tarjeta social se queda «a medio gas», mientras que Aurelio Martín, portavoz municipal de IU, advertía ayer del peligro de «liarse en cuestiones nominalistas» y se mostraba cauteloso hacia los fundamentos legales de la renta social y su aplicabilidad práctica. Pero, ¿hay tantas diferencias? ¿Son propuestas compatibles? Y sobre todo, ¿en qué consiste cada una?
Renta básica local
Estefanía Puente, responsable de servicios sociales, juventud y vivienda de la formación morada, empieza por puntualizar que su iniciativa no equivale «en sentido estricto de la renta básica de la que hablan economistas como Raventós porque esa es una medida universal y queda lógicamente fuera de las posibilidades y recursos de un ayuntamiento». Más bien, se trataría de una renta básica cuyo «universo» se reduciría al concejo de Gijón: una renta básica local. Ese «a medio gas» que achacaba a la propuesta de IU se explica por el alcance de sus receptores.
«Nuestra propuesta va más allá. Aspiramos a a lo máximo, vamos al fondo de los derechos. Hay muchos colectivos que lo están demandando. Hasta donde sé, la tarjeta quedaría únicamente para ciertos grupos - perceptores de salario social, mayores de 55 con subsidio?-, pero nosotros entendemos que al final eso equivale a provocar situaciones de desigualdad. Queremos que nadie en la ciudad se quede sin un mínimo de ingresos suficientes. Concebimos la renta básica es un instrumento fundamental de lucha contra la pobreza, y eso significa que cualquiera que quede por lo que entendamos como umbral de pobreza sería su receptor», explica Puente. Por eso, añade la edil, no hablan «de colectivos concretos, ya que «ahora mismo, según el último estudio de la Red de Lucha contra la Pobreza, incluso un trabajador puede estar en situación de ser pobre».
¿Dónde poner el límite? En una fase que -advierte Puente- aún es de «estudio y encaje», XsP está trabajando con la referencia del Salario Mínimo Interprofesional. Eso es lo que tendría que percibir cada «unidad individual» para considerarse en la raya. Por debajo de ella, cualquiera tendría derecho en el concejo a la renta social, y podría percibir «la diferencia hasta alcanzarla, o si es necesario, la totalidad de la renta».
Pero el objetivo final es sobre todo atender a familias. En ese caso, la base se incrementaría aplicando varios tipos de coeficientes que irían en disminución por cada miembro añadido. Aunque están aún por fijar, partirían «en torno a un 15 o un 20 por ciento» y no variarían en exceso, «teniendo en cuenta que la media de componentes de las familias es de 2,2 miembros ahora mismo». Habría, en todo caso, una cantidad máxima. Y otros coeficientes de corrección a la baja «teniendo en cuenta, por ejemplo, que hay gastos como los de renta o hipoteca que son los mismos, tenga los componentes que tenga una familia».
¿Cuántos destinatarios, cuánto dinero?
Hasta aquí la teoría. Respecto a las cifras, Puente admite que «es difícil dar un número aproximado» de posibles receptores de la renta en el concejo. «Hay datos que no se facilitan en las estadísticas oficiales. Pero sabemos, por ejemplo, que hay unas 5.000 personas beneficiarias de las ayudas al alquiler y en torno a 600 o 700 que reciben ayuda de emergencia, al menos hace unos meses. Es más complicado saber cuántas personas hay con una Pensión No Contributiva por debajo de tal cantidad, o el número exacto de personas que reciben el desempleo. Sí hay estudios que hablan de en torno a un 14,8 por ciento de personas por debajo del umbral de la pobreza», comenta la edil. Lo que la formación morada tiene algo más claro es cuánto dinero se necesitaría: «En torno a 8 millones de euros, aunque es un monto total difícil de calcular».
¿Su procedencia? Con todas las reservas de un proyecto en fase de estudio, XsP cuenta con que casi 3 de esos 8 millones ya están en los presupuestos actuales de Servicios Sociales, ya que su renta social «engulliría» programas de ayuda a la inclusión (1,4 millones) y de ayudas contra la pobreza energética (la misma cantidad). Cuenta además con ahorros que se derivarían de la propia aplicación de la renta: «Habrá familias, por ejemplo, que ya no pidan el 50 sino el 25 por ciento de la ayuda de alquiler. Seguirán teniendo derecho a esas ayudas porque seguirán teniendo necesidades, pero si el empobrecimiento se va reduciendo, habrá partidas que también se reduzcan». Hay otros 5 millones de remanente en Servicios Sociales, «hasta donde sabemos desbloqueados, salvo cuestiones que ya estén comprometidas», añade Puente. Y a eso se suman «vías alternativas», aún en fase de tanteo.
La implantación sería paulatina, pero no precisamente timorata. Se iniciaría el año que viene, progresivamente para «evitar colapsos» en los servicios sociales, e «ir corrigiendo errores y mejorando cosas». Pero en 2018 «tendría que ser una realidad total, cien por cien, consolidada llegando a todos los beneficiarios».
«Lo vemos totalmente viable», concluye la concejala: «Puede haber cosas dificultosas para encajarlo bien, pero hay que dar respuesta al derecho a la alimentación, a vestirnos, a la vivienda, a pagarnos unas gafas o cualquier necesidad básica e imprescindible». Más renta significaría, además, «una activación del consumo, así que todo esto repercutiría incluso en la economía local de la ciudad. Puro sistema capitalista. Podría incluso a mejorar el consumo. Y además, una familia con más renta tiene más salud y requiere menos gastos sociales? Acabas ahorrando». De ahí que prefiera subrayar que se trata de «una inversión social, y no un gasto social».
«Sería un cambio total en el modo de gestionar ayudas. Simplificaríamos muchos procesos, evitaríamos tantísima saturación y permitiríamos al personal especializado hacer atención social integral, menos burocracia», resume Estefanía Puente, que es consciente de lo revolucionario del proyecto en las administraciones locales españolas: «Si se consigue, prácticamente será un programa pionero en toda España».
Modelo barcelonés
Es posible que la descripción de Estefanía Puente de la propuesta de XsP responda a algunas de las dudas que, sobre la renta social, manifestaba Aurelio Martín, precavido ante lo que considera «un problema de nombres» frente a un diagnóstico compartido: «Desde la izquierda coincidimos en que hay gente que lo está pasando muy mal, y en que son necesarios nuevos instrumentos. Más allá de liarnos con nombres, definamos objetivo, partida y el instrumento de ejecución más eficaz».
El que IU lleva como moneda de cambio a la negociación presupuestaria es una tarjeta basada en el modelo que se aplica ya en la Barcelona de Ada Colau. En esencia, Barcelona Solidària es una tarjeta monedero para gastos muy concretos y definidos, que se destina a «personas sin recursos» o «en situación de necesidad social». Los técnicos de Servicios Sociales hacen una valoración de la situación, piden la documentación requerida en cada caso y libran una tarjeta monedero que se activa en unos cinco días con el importe fijado, distinto en cada usuario, junto un listado de los establecimientos adscritos al programa.
En el caso barcelonés, todos ellos son de alimentación básica, porque en Cataluña no hay salario social, como sí sucede en Asturias «gracias a IU», remarca Martín. Pero -añade- el salario social «se queda cada vez más insuficiente» de cara a otras «necesidades elementales»
La discrepancia de IU con XsP tiene un lado más o menos teórico. Aurelio Martín discrepa del concepto de «derecho» con el que la formación morada fundamenta su renta social, argumentando que «los derechos se legislan a través de leyes del parlamento nacional o autonómico». También advierte de que los municipios no deberían sobrecargarse «asumiendo competencias que corresponden al Estado y las comunidades autónomas». Y hay además un lado práctico, porque, frente a lo que anticipa Estefanía Puente, Martín teme que la renta básica genere un «exceso de carga burocrática» que obligue a «estar esperando diez meses para pagar dentro de dos años»
Lo importante, con todo, es para Aurelio Martín que se movilicen medidas de «rescate ciudadano» que reciban los recursos de los servicios sociales municipales, cuya «parálisis» de ejecución denunciaba IU estos días, y el portavoz considera un «gran drama». E incide también en el efecto de estímulo económico que podrían tener instrumentos de este tipo, y en concreto su tarjeta social. «Si se diseña bien, desde un convenio con la Unión de Comerciantes para descuentos, o con determinadas entidades financieras, contribuiría a dinamizar la economía local. No solo es un gasto, una inversión», explica, en plena coincidencia con Estefanía Puente.
«Estoy convencido de que en eso nos vamos a poner de acuerdo, y debemos de ponernos de acuerdo», concluye Martín, consciente sin duda del momento de aproximación que XsP e IU viven en Gijón, en sintonía con la que mantienen Podemos y la coalición a escala nacional: «No estamos cerrados más que en el objetivo: llegar a la gente de manera rápida y eficaz con ayudas complementarias». Y señala al verdadero objeto de debate y discrepancia en la negociación que acaba de empezar: «Esperemos Que Foro tenga suficiente sensiblidad y mano izquierda».