La multa de la UE por la mala depuración enturbia el futuro de otras ayudas europeas

La alcaldesa se preguntra si «a alguien le coge de sorpresa» la sanción de la Comisión Europea a 17 municipios españoles, y advierte de su impacto en otras subvenciones. XsP viajará a Bruselas para informarse

Fotograma del vídeo de XSP sobre los vertidos del emisario submarino de Peñarrubia
Fotograma del vídeo de XSP sobre los vertidos del emisario submarino de Peñarrubia
Cristina Porteiro Europa Press
Gijón

Se acabaron las treguas, las prórrogas y la paciencia. La Comisión Europea llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras constatar la falta de voluntad de sus autoridades para abordar la recogida y tratamiento de las aguas residuales en 17 áreas urbanas de la geografía española, una de ellas, Gijón. Según la Comisión, los vecinos de estas áreas han estado expuestos a «riesgos significativos para la salud» a lo largo de los últimos quince años, los mismos que lleva España sin cumplir con la normativa europea. La medida ya ha provocado las primeras reacciones en la corporación que preside Carmen Moriyón, quien ha admitido que «estaba cantado» y  que la UE iba a sancionar a España y se ha preguntado si «a alguien le coge de sorpresa» la reacción de las autoridades comunitarias ante unos incumplimientos relacionados directamente con la ausencia de depuradora en la zona Este de la ciudad.

Lo que sería sorprendente, para la regidora forista, es que hubiese novedades respecto a la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró ilegal esa depuradora una vez construida, o en que vaya a haber novedades procedentes del nuevo Gobierno a estas alturas del año. Sí augura Moriyón, por el contrario, una merma de los fondos, subvenciones y ayudas disponibles en el futuro inmediato a causa de la multa. Por todo ello, la alcaldesa ha aprovechado esta situación para argumentar a favor de «acuerdos» para aprobar el borrador de presupuesto para 2017 propuesto por Foro y para ahorrar fuerzas de cara a la «pelea» que según ella habrá que dar en Madrid por proyectos como el de la depuradora del Este o el Plan de Vías.

Fue el portavoz comunitario de Medioambiente, Enrico Brivio el encargado de sacar de nuevo los colores a España al recordar ayer que el reglamento debía haberse adoptado antes del 31 de diciembre del 2000, dotando a estas zonas de medios eficaces para sanear el agua contaminada antes de ser vertida al entorno. No se hizo a pesar de que las Administraciones sabían que se estaba poniendo en peligro la salud de más de 1.400.000 personas.

Reacciones en la oposición

Por su parte, Xixón Sí Puede añade nubarrones al panorama. Su concejal encargado de temas de medio ambiente, David Alonso, da por sentado que a la multa habrá que sumar la devolución de la ayuda europea para la construcción de la instalación que no llegó a ponerse en funcionamiento: otros 29 millones de euros a sumar a los 150 millones que alcanzaría la sanción, de tener en cuenta a todos los municipios afectados. El concejal viajará el día 29 a Bruselas para entrevistarse con la Comisión de Medio Ambiente junto con una representación de Podemos, a Bruselas, para pedir en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo información acerca de la multa impuesta y conocer el alcance real de la misma.

«Que el Ministerio se deje de decir mentiras, que diga que estamos contaminando la zona Este y ponga soluciones ya», ha exigido en rueda de prensa en la Casa Consistorial Alonso, quien ha recordado la propuesta hecha desde el Ayuntamiento y el Principado, a raíz de una iniciativa de XSP, para volver a instalar equipos de desarenado y desengrasado en la planta de pretratamiento La Plantona.

A las reacciones se ha sumado el único representante municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, quien a través de una nota de prensa ha optado por «ser prudente» ante la aplicación efectiva de la sanción y sus repercusiones en las ayudas europeas. El grupo naranja urge a solventar el saneamiento en la zona Este echando mano de lo que considera la única solución «viable y factible» a día de hoy: la entrada en funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) ya que -argumenta la formación- «sin estación depuradora y aunque se tomaran otras medidas como la recuperación del pre tratamiento seguiremos incumpliendo los parámetros fijados por Europa».

«Si la justicia no permite el funcionamiento de la EDAR, no sólo habremos tirado a la basura los 36 millones de euros gastados en esta infraestructura sino que tendremos el problema de tener que hacer otra estación depuradora», subraya Fernández Sarasola, quien añade que «alguien debería dar explicaciones y asumir responsabilidades de cómo se ha llegado a esta situación».

Un dossier de leyenda

El dosier español va camino de convertirse en una leyenda en los edificios comunitarios. Pocos países acumulan un historial tan largo de incumplimientos. En el 2011 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya apercibió a las autoridades nacionales por incumplir la legislación. Tras cinco años tratando de meter en vereda a los responsables políticos, Bruselas vuelve a la carga y exige que se imponga al país una multa de 46 millones de euros por «poner en riesgo la salud humana». El castigo no acaba ahí. La UE no se fía de las promesas ni compromisos del Gobierno. En vista de la descarada desidia de los dirigentes españoles, que niegan sistemáticamente la mala calidad del agua, el equipo de Jean Claude Juncker quiere imponer  una multa diaria de 171.200 euros por cada día que pase sin que España respete el nuevo plazo fijado para subsanar los graves problemas detectados. La última palabra la tendrán los jueces, quienes podrán fijar el volumen de la sanción y el calendario a cumplir.

Bruselas deja claro que la multa que propone es «proporcional» a la duración de la infracción. Una parte crucial de la responsabilidad para solucionar esta situación corresponde, según la Comisión, a «kas autoridades autonómicas deben garantizar que las aguas residuales urbanas sean debidamente recogidas y tratadas». «De lo contrario», advierte, «pueden quedar contaminadas por bacterias y virus nocivos que supongan un riesgo para la salud pública».

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