La consejería respeta la autonomía gijonesa, pero reitera la necesidad de coordinar las ayudas
GIJÓN
Paula Álvarez, directora general de Prestaciones y Recursos, no entra en valoraciones, pero advierte de la necesidad de evitar «perjuicios a las personas destinatarias»
11 ene 2017 . Actualizado a las 17:14 h.«Respeto a la autonomía municipal» y coordinación entre administraciones para que la llamada «Renta Social Municipal» gijonesa «no entre en colisión con el Salario Social básico por el perjuicio que causaría a las personas destinatarias». Estos dos puntos, en palabras de Paula Álvarez, directora general de Prestaciones y Recursos de la consejería de Servicios y Derechos Sociales, resumen la postura del Principado tras la reunión mantenida en la mañana de hoy con representantes del grupo municipal de Xixón Sí Puede.
Álvarez ha precisado también, como ya lo hiciera la propia consejera Pilar Varela, que el Gobierno autonómico «no entra a valorar las decisiones que el ayuntamiento [de Gijón] pueda tomar en este marco», tras escuchar las posiciones del portavoz morado, Mario Suárez del Fueyo, y la concejala Estefanía Puente sobre un sistema de ayudas «para aquellas personas que no cumplen los requisitos para ser perceptores del salario social autonómico», y al que se destinan 7,7 millones de euros en el presupuesto municipal de este año.
Las declaraciones de Paula Álvarez reiteran la posición de la consejera Pilar Varela, quien el pasado mes expresaba su respeto a la «autonomía municipal para decidir sobre las prioridades con los recursos de los vecinos», y advertía de la necesidad de «incardinar muy bien con el Salario Social Básico» cualquier otro tipo de ayudas, que considera «perfectas» siempre que -puntualizó- «sean complementarias, no colisionen y supongan un esfuerzo a más» y no originen perjuicios a los beneficiarios al ser, por ejemplo, computadas como rentas.
La consejera se mostró, no obstante, más partidaria de exigir al Gobierno de España una renta básica a nivel estatal y, una vez conseguido ese «mínimo vital garantizado», redirigir los recursos de las administraciones autonómica y locales a «otro tipo de políticas»; en particular, las destinadas a la creación de empleo, que considera «el problema fundamental junto a la falta de cotizaciones».