Se cumple su primer año de una polémica declaración plenaria que no ha tenido efectos económicos, pero sí políticos y mediáticos, y que espera sentencia del TSJA
23 ene 2017 . Actualizado a las 15:47 h.El pasado 13 de enero, el Juzgado número 4 de Barcelona sentenciaba la anulación del boicot contra Israel aprobado por el ayuntamiento de la localidad barcelonesa de Sant Quirze del Vallès justo un año antes. Era una sentencia más en la línea de otras diez emitidas por juzgados de toda España, además de otras siete suspensiones judiciales, anulando acuerdos plenarios promovidos como parte del Movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones por los Derechos en Palestina (BDS); una campaña internacional de boicot a Israel en diversos frentes impulsada por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP). Su objetivo: actuar -inspirándose en antecedentes antiapartheid contra Sudáfrica- contra intereses de empresas consideradas como cómplices de violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados por el estado de Israel. Esa misma fecha, el 13 de enero, señala igualmente la aprobación de una medida similar en Gijón. Desde ese día, en el que pleno día incorporaba a la ciudad a la campaña BDS con los votos favorables de PSOE, Xixón Sí Puede e IU y la abstención de Foro, PP y Ciudadanos, el concejo es oficialmente un Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI). Y así sigue. La situación se mantiene, en apariencia, exactamente igual a fecha de hoy.
O quizá no tanto. En primer lugar, por el clima de provisionalidad que forzosamente envuelve la declaración desde el punto de vista legal: un clima análogo al del resto de municipios o instituciones que la han suscrito, y que proviene de la casuística contraria a los partidarios del boicot generada en su batalla judicial con sus detractores. Estos últimos están personificados en la muy activa asociación Acción y Comunicación en Oriente Medio (ACOM), que ha encabezado todos los recursos -casi siempre exitosos- argumentando vulneración de «derechos fundamentales» contra las mociones municipales favorables al BSM. Incluidas las de los ayuntamientos de Gijón, Langreo y Avilés, aunque en la Villa del Adelantado fue el propio pleno el que se desdijo, ante la mera presentación del recurso.
Aunque, por lo general, han sido juzgados ordinarios los que han sentenciado a favor de ACOM, la asociación lo ha tenido más complicado en los otros dos ayuntamientos asturianos. Los respectivos recursos acabaron, por motivos distintos, en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Y el TSJA ya ha fallado contra el de Langreo: una victoria que ACOM ha acogido con redoblada satisfacción porque es la primera vez que una dictamen contrario al boicot se emite con el peso legal de todo un Tribunal Superior de Justicia. En el caso de Gijón, el Juzgado de Primera Instancia número 4 había echado atrás el recurso por considerar que era simplemente una petición sin carácter decisorio ni vinculante sobre las empresas u organismos municipales; un parecer diametralmente opuesto al de la Fiscalía de Asturias, que previamente, en mayo, había emitido un informe en el que criticaba frontalmente lo que consideraba una vulneración por parte de las autoridades locales derechos constitucionales, como la igualdad ante la ley, la no discriminación o la garantía de que las administaciones públicas actuarán al margen de la arbitrariedad por motivos ideológicos, de creencia o religiosos.
Lo cierto es que ACOM recurrió, que el recurso está en el TSJA y que esta instancia falló con argumentos muy similares a los del informe fiscal contra Langreo. Ahora le queda pronunciarse sobre el de Gijón. Los recurrentes y quienes ocupan sus mismas posiciones esperan la sentencia casi con tanta seguridad como quien saca la conclusión de un silogismo.
Algunas peculiaridades
Pero además de sus peculiaridades legales, este controvertido proceso ha presentado otros rasgos distintivos en la villa de Jovellanos. Algunos de ellos, de tipo político. La declaración no tuvo oposición formal en el pleno, ya que tanto el equipo de gobierno de Foro como PP y Ciudadanos respondieron en primera instancia con su abstención, aunque también manifestaron sus desacuerdos con la medida. Unos meses después los dos últimos grupos intentaron, en vano, que el pleno revocase su acuerdo. El PP, con especial énfasis.
Su concejal Pablo González sigue considerando un año después de aquella sesión que lo único que se ha conseguido es «cosechar titulares que en nada convienen a la imagen de la ciudad», y reitera que no entiende «la posición política de Foro apoyando unas posturas que no son raras en grupos de izquierda, pero que nada tienen que ver con su electorado». González es especialmente activo en el seguimiento de esta cuestión, y también en sus críticas hacia la misma. Y no solo en foros institucionales. El concejal popular sorprendía en su muro de Facebook con una felicitación de año acompañada por una fotografía de Hermón, «un vino israelí, de los Altos del Golán (...) importado para la UE por una empresa francesa, donde el boicot BDS contra Israel es ilegal y se condena a los promotores del mismo». Brindis que hacía extensivo «a todos los concejales del Pleno, especialmente al gobierno y a Podemos».
Titulares menos festivos -y seguramente la puesta en escena más elocuente sobre la incomodidad de Foro con un acuerdo que muchos han atribuido en sus críticas a «seguidismo» hacia Xixón Sí Puede- se produjo el pasado 24 de noviembre en Madrid. Allí, durante una intervención en el Foro Nueva Economía, Carmen Moriyón, sentada junto al fundador de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, tuvo que responder por la abstención de su grupo ante la pregunta de David Hatchwell, presidente de la Comunidad Judía en Madrid. Hatchwell que se interesó por los motivos y las consecuencias de la posición forista respecto al boicot, y por qué no aprovechó la ocasión para revocarlo que le brindaron el PP y C's.
Fue una situación incómoda para Moriyón, que reiteró su oposición personal y defendió la abstención de su grupo. Algo que, visiblemente, no dejó satisfecho a su interlocutor ni a los opositores al boicot, que han seguido mencionando, al respecto, términos tan gruesos como «judeofobia».
Acusaciones como esta son habituales en las páginas y foros de Internet donde se prodigan las críticas de antisionismo, antisemitismo o racismo que se han lanzado en redes desde medios proisrraelíes y sionistas -o a veces, simplemente, liberales o defensoras del libre mercado-, condenando lo que a menudo se ha comparado con la declaración de las ciudades que se declaraban judenfrei -libres de judíos- durante el nazismo.
Pero seguramente los encabezamientos de prensa a los que se refiere Pablo González no solo son los relativos a la declaración en sí o a sus andanzas judiciales o consecuencias políticas. La cuestión ocupó durante unos días, como sin duda volverá a suceder, los titulares más visibles en este país: los de las secciones de deportes y la prensa deportiva especializada.
Titulares deportivos
Sucedía a principios del pasado diciembre, cuando se supo que la Federación Española de Fútbol había escogido El Molinón para la disputa del partido clasificatorio para el próximo mundial entre la Selección Española… y la de Israel. Ahí, las reacciones alcanzaron categoría oficial. Aparecieron palabras como «asqueados». «Nos pone enfermos que el equipo tenga que venir y jugar a un lugar que está boicoteando al Estado de Israel, incluso aunque sea con una declaración», declaraban representantes del Gobierno israelí al conocer la llamativa elección del organismo que encabeza Ángel María Villar. Gijón es la única ciudad española con un estadio capaz de albergar un partido de este rango que se ha declarado «Libre de Apartheid Israelí». El partido y lo que le rodee, medidas de seguridad incluidas, volverá a sonar, y mucho, el 24 de marzo.
Todo el debate político de fondo se ha visto amplificado en Gijón con acontecimientos laterales tan sonados como el proceso llamado de «Los 9 del Jovellanos», contra activistas propalestinos acusados -y finalmente absueltos- de la agresión a agentes policiales durante un boicot a una compañía de danza israelí frente al teatro gijonés.
Por lo demás, y en lo que respecta a las potenciales consecuencias económicas, a nadie le consta que hayan tenido algún efecto. Que se sepa, nadie ha tenido que poner en práctica en ningún negociado y organismo municipal la orden emitida el mismo día de la aprobación por el secretario municipal para «impedir la contratación de servicios o la compra de productos a empresas israelíes implicadas en violaciones de los derechos humanos». Tampoco la presión social que busca suscitar la campaña parece haber influido en empresas locales, como si sucedió, por ejemplo, en Santiago de Compostela, otra de las ciudades donde los jueces han desmontado la legalidad del boicot, y donde los críticos con el boicot aseguran que este contribuyó a la pérdida de una línea aérea de la compañía israelí Elal.
Todo lo cual no significa, para Ángel Mas, el presidente de ACOM, que el año haya transcurrido sin consecuencias. El boicot, para él, sí ha tenido efectos. Hay que mirarlo desde otro punto de vista, a su entender: el de la disuasión, que es más difícil de calibrar. «El primer efecto fue informar a todas las empresas y al departamento de contratación sobre estas medidas. La presentación de nuestras demandas legales probablemente paralizó acciones adicionales. Aún así, el objetivo fundamental del boicot es precisamente crear una disuasión suficiente para que nadie que se sepa objetivo del boicot se plantee acudir s una licitación o contrato, para perderlo y ser humillado en el proceso», afirma.