Tudela Veguín pide archivar el presunto fraude en El Musel por haber prescrito

Ocan recurre la demanda de la empresa asturiana ante la Audiencia Nacional

efe
Redacción

Un exdirectivo de Tudela Veguín, propiedad del grupo Masaveu, pidió la pasada semana el sobreimiento de la investigación sobre la empresa dentro de la causa abierta por los sobrecostes generados por la ampliación del puerto de El Museo. La compañía asturiana considera prescrito el presunto delito de tributario cometido por las supuestas contraprestaciones que habría recibido la cementera, que formaba parte de la UTE Dique Torres, adjudicataria de las obras de ampliación del puerto.

El Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción (OCAN) ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que se opone a la petición de sobreseimiento. Según OCAN, personado como acusación particular, el fraude en el pago del impuesto de sociedades y del IVA por parte de Tudela Veguín no está prescrito al tratarse de un delito fiscal continuado, sujeto por ello a la prescripción a la del último delito consumado.

Este colectivo asegura que el impuesto de sociedades se tenía que haber declarado en julio del año 2011 por lo que «no tiene sentido» hablar de prescripción dado que la Audiencia Nacional amplió la investigación por un presunto delito tributario en mayo de 2016, «dentro de los 5 años que legalmente permiten investigar estos delitos».

Además, OCAN ha solicitado una prueba pericial para conocer exactamente qué obras «en B» se habrían llevado a cabo» para favorecer presuntamente a la empresa del grupo Masaveu.

Según el presidente de OCAN, José Ángel Gayol, la cementera está tanto por un presunto contra la hacienda pública «al haber presuntamente percibido bienes y servicios por importe de 80 millones por los que no se practicaron las oportunas liquidaciones de IVA y Sociedades» como por el propio «fraude» en la ampliación del puerto concertado entre varias empresas.

Las obras de ampliación del puerto, que fueron adjudicadas por 580 millones en el año 2005 y finalmente costaron 800 millones, se financiaron en parte con fondos europeos, pero en vista de las sospechas de irregularidades en su ejecución la Comisión Europea solicitó a España que devolviese la subvención de 247,5 millones concedida al proyecto, de los que 198 ya han sido abonados.

La legalidad de la ampliación del puerto de El Musel ha sido puesta en duda por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por la Intervención General del Estado (IGAE).

Tras haber practicado varias diligencias, Anticorrupción considera que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de fraude y exacciones ilegales, malversación, estafa, falsedad, fraude a Hacienda y prevaricación.

Entre otros, están imputados el expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón Fernando Menéndez, el exdirector del puerto José Luis Díaz Rato y el gerente de la UTE adjudicataria (Dique Torres), Juan Miguel Pérez.

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