Nuevo revés a los planes de empleo con la renuncia de Gijón

Carmen Moriyón anuncia la congelación de las dos convocatorias actuales, que preveían contratar a 212 personas, para evitar nuevas denuncias. «Este era el último intento», afirma la alcaldesa

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Gijón

El Ayuntamiento de Gijón ha decidido congelar las dos convocatorias del Plan de Empleo 2017-2018 que tenía abiertas en la actualidad, por las que se preveía contratar a 212 personas, 68 dentro de las bolsas especiales de empleo para la realización de contratos de obra y servicio del programa Actívate y otros 144 contratos en prácticas, dentro del programa Primera Experiencia. Mañana, según indica en su blog la alcaldesa, Carmen Moriyón, se comunicará esta decisión formalmente en la comisión de seguimiento de Gijón Crece. 

El principal motivo que lleva al gobierno municipal de Gijón a decidir finalmente congelar estas convocatorias de los planes de empleo, que tenían abierto el plazo de presentación hasta el próximo 10 de febrero, se debe a que las nuevas fórmulas de contratación que se instauraban en noviembre de 2015 tras el aluvión de demandas recibidas por los anteriores planes de empleo siguen recibiendo denuncias que son tenidas en cuenta por los tribunales. 

En concreto, la alcaldesa explica que, de los últimos trabajadores admitidos recientemente, al menos nueve ya interpusieron una demanda. «Así no podemos seguir. Ofrecemos oportunidades de empleo y recibimos a cambio una gran cantidad de demandas que pagamos todos los gijoneses, a pesar de habernos ajustado a los requisitos solicitados. Así que, de momento, congelamos los planes de empleo al igual que ya se hizo en los Ayuntamiento de Langreo, Mieres y Avilés», indica Moriyón, que también sostiene que se ha hecho «todo lo posible» para que los planes de empleo continuaran en la ciudad «y este era el último intento».

Siguen las demandas con las nuevas bases

En noviembre de 2015, tras recibir cientos de demandas por las personas que participaron en los planes de empleo anteriores y tener que desembolsar una gran cantidad de dinero como consecuencia de las sentencias -solo en 2016 los presupuestos municipales reservaban 4,5 millones de euros para estas indemnizaciones-, «además de tener que dejar como indefinidos en plantilla a varios de dichos trabajadores», Moriyón recuerda que el Ayuntamiento de Gijón adaptó las bases de las convocatorias a las condiciones que se requerían desde los tribunales. Así, indica, «igualamos las tablas salariales, introdujimos los contratos en prácticas y destinamos los contratos a obras y servicios específicos y concretos». 

Sin embargo, con esas nuevas bases que reducen la oferta de los planes de empleo a contratos en prácticas y de obra y servicio, las demandas siguen produciéndose. Así, en algunos casos de contratos de obra y servicio, se han registrado reclamaciones de trabajadores, mientras están en activo en el plan de empleo, para ser indefinidos en base a que realizan tareas habituales dentro de la estructura municipal. El ayuntamiento deniega esa reclamación y, una vez que finaliza el contrato de obra o servicio, el trabajador demanda a la Administración local por despido al aducir que fue en represalia por haber reclamado ser indefinido, con la consecuencia de que los tribunales también lo entienden así y declaran el despido nulo. 

Moriyón explica, de hecho, en su blog que los trabajadores de los nuevos planes de empleo que han recurrido a los tribunales están «alentados por determinadas organizaciones sindicales que les instigan para que interpongan demandas contra el ayuntamiento, inicien un contencioso contra el ayuntamiento por las contrataciones en prácticas y soliciten su condición de indefinido durante la vigencia de su contrato con ánimo de que, una vez que termine este, iniciar un proceso judicial contra el ayuntamiento con el único fin de que su fin de contrato sea declarado como nulo y así poder permanecer indefinidamente en el ayuntamiento».

El ERE del Ayuntamiento de Avilés en 2010

Incluso existe un precedente en Asturias de una situación similar: en 2010, el Ayuntamiento de Avilés realizaba un ERE para despedir a cien trabajadores de los planes de empleo que habían ganado precisamente en los tribunales su condición de indefinidos. En este sentido, no hay que pasar por alto que, desde 2011, existe la tasa de reposición del cero por ciento impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy, por la que las administraciones públicas no pueden cubrir las bajas por jubilación, fallecimiento, renuncia o excedencia sin reserva de puesto de trabajo salvo en el caso de las fuerzas del orden público y los servicios básicos. 

«Los funcionarios o el personal de plantilla habitual de los ayuntamientos no se cubren, no hay oferta de empleo público, con lo que los ayuntamientos encontraron aquí una especie de recurso a la necesidad de personal que tenían», recuerda el responsable de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Gijón, Rubén Medina, que explica también que las últimas sentencias judiciales referidas a los contratos en prácticas de los planes anteriores a 2015 indican que los beneficiarios «estaban mal pagados porque no se ajustaban al convenio colectivo del ayuntamiento». Todas estas circunstancias pusieron y ponen en cuestión la continuidad de los planes de empleo y, pese a que el Ayuntamiento de Gijón decidió seguir adelante confiando en que los cambios realizados en las bases atajarían las demandas, finalmente se ha decidido ponerlos en suspenso. 

¿Cuáles van a ser las consecuencias?

En la reunión en la que el equipo de gobierno comunicará mañana oficialmente esta decisión a los agentes sociales que firmaron el acuerdo de concertación social surgirán varios interrogantes, tal y como señala Medina. «¿Qué va a suponer esa congelación de los planes de empleo? ¿Se va a cerrar la Agencia Local de Empleo?», indica, considerando que debe tenerse en cuenta que forman parte de las llamadas políticas activas de empleo que desarrollan las administraciones para atajar las elevadas tasas de desempleo que, por ejemplo, en el caso de los jóvenes asturianos se elevan al 55%. «Sería imperdonable que, con los niveles de desempleo que existen en Asturias, las administraciones no buscasen una manera de seguir con estas políticas con independencia de las denuncias, en las que siempre va a haber resquicios para presentarlas», indica, considerando también que, pese a que se trata de un asunto complejo, «la responsabilidad de los trabajadores (beneficiarios de los planes de empleo) queda absolutamente diluida en el momento en el que hablamos de precarización, que también se da en el sector público». 

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