El equipo de gobierno matiza ante sus socios del acuerdo de concertación el anuncio de la alcaldesa. Anima a seguir presentando solicitudes a las dos convocatorias en marcha
07 feb 2017 . Actualizado a las 14:19 h.Las políticas activas de empleo han quedado parcialmente congeladas en Gijón, pero no están necesariamente muertas. Ese es el mensaje que, entre la crítica y el alivio, han recibido esta tarde los agentes sociales en la Comisión de Seguimiento del pacto de concertación local. El equipo de gobierno ha transmitido un mensaje de cierta calma después de que la alcaldesa, Carmen Moriyón, generase un enorme sobresalto el anunciar a través de su blog personal la liquidación de todos los planes de empleo. No será así, al menos hasta que los tribunales se pronuncien sobre las demandas en curso y se compruebe la efectividad de los últimos cambios en las bases, introducidos para blindarlas contra el aluvión de fallos favorables a pleitos anteriores. De hecho, las convocatorias Activa o Primera experiencia laboral seguirán su curso con toda normalidad, y el ayuntamiento anima a los solicitantes a que sigan presentando sus solicitudes.
Una reunión de algo más de dos horas ha servido para que Pelayo Barcia, director del Área de Empleo, comunique oficialmente el estado de la cuestión a representantes empresariales y sindicales, estos últimos notoriamente molestos por el cauce empleado por la alcaldesa para dar a conocer la noticia y una falta de matices que hoy se ha intentado paliar. Barcia ha tranquilizado respecto a la continuidad de los programas mencionados más arriba, que afectan respectivamente a siete módulos de ocho personas y ocho funcionarios interinos y a otros 28 jóvenes en prácticas con un año de contrato.
El problema se mantiene respecto a quienes esperan acceder a los contrato de obra y servicios vinculados a la financiación mediante planes regionales de empleo, a la espera de lo que el juez dictamine, previsiblemente a primeros de abril, sobre las dos demandas de este tipo, que son las que están planteando el grueso de los fallos adversos al ayuntamiento. No sucede así -ha asegurado Barcia- respecto a las de prácticas, en las que hasta el momento las modificaciones de las bases han frenado las sentencias contrarias. Barcia ha admitido que «es posible que las cosas se hayan hecho mal en el pasado», pero también ha recalcado el esfuerzo realizado para modificar las convocatorias. En la actualidad hay 9 personas en disposición de plantear demandas, de las cuales tres ya se han interpuesto. Dos de ellas son las correspondientes a las dos sentencias que decidirán el futuro de los planes de empleo en Gijón.
«Replantearnos» los planes
«Si la justicia no entiende que los contratos de obra y servicio no están bien hechos, tendremos que replantearnos esos planes», ha anticipado Barcia, que ha subrayado que espera que los tribunales entiendan su «objeto social y el buen hacer de los técnicos». Aunque hasta ese momento «no se podrá ir más allá de la lista provisional de admitidos», el responsable municipal de empleo insta a que se sigan presentando las solicitudes para realizar, en su caso, las pruebas una vez se descongele el proceso porque «los trámites administrativos son los que son».
En el caso de que las sentencias volviesen a dar la razón a los demandantes, el ayuntamiento no podría justificar ante el Principado los 236.000 euros mensuales de subvención que la administración autonómica aporta para este tipo de planes, y tendría que cubrirlos con sus propios recursos.
Pelayo Barcia ha dejado claro que Usipa -organización sindical que ha impulsado las demandas contra el ayuntamiento- es «el único sindicato que no lo entiende y quiere llevar a todos los trabajadores de nuevo a juicio», y que hay «una serie de trabajadores que están intentando entrar por la puerta de atrás», al tiempo de que se ha denunciado que Usipa «está buscando fines particulares con estas demandas».
En términos igualmente duros se ha pronunciado contra esta organización sindical Rubén Medina, de CC. OO, quien no ha hablado de «puerta de atrás», sino de «gatera» para entrar en la administación pública. Medina ha lanzado como «aviso a navegantes» a Usipa un recordatorio sobre las condiciones de «igualdad, mérito, capacidad y publicidad» y ha advertido a posibles demandantes que pueden ser «engañados» por la organización sindical en cuestión.
Malestar por las formas
Igualmente críticos se han mostrado los representantes de CC. OO en la Comisión de Seguimiento con la alcaldesa y el gobierno local, evidenciando su «malestar» por «las formas» empleadas en este caso, por «no haber hablado» con sus representantes y por la «falta de concreción». Dicho esto, han asumido una espera que el secretario local, Víctor Roza, dice «entender, aunque no sea la que más quiera». Un mensaje similar al del secretario de UGT en Gijón, Fernando Díaz, quien ha dicho «respetar pero no compartir» el aplazamiento.
Por su parte, en representación de la Federación Asturiana de Empresarios, Moreno se ha sumado a las críticas por «irresponsable» hacia Usipa y ha pedido «una aceleración de todo lo que tiene que ver con los planes de empleo público-privados». Moreno cree que lo sucedido debe marcar «un punto de inflexión sobre la efectividad de estos planes» y ha reiterado que la organización empresarial estará «del lado de planes de empleo con participación de empresas privadas», y ha recordado que «de los 40 millones de euros al año que tiene la concertación local, 19 son para políticas de empleo y de estos más de ocho para planes de empleo».