PSOE y C's reprochan a Foro los fallos contra el Ayuntamiento, y XSP espera una «fórmula mágica que no genere deuda» y ve «acertado» congelar los programas hasta conocer los nuevos pronunciamientos judiciales
07 feb 2017 . Actualizado a las 14:18 h.Los grupos municipales de Ciudadanos y PSOE en el Ayuntamiento de Gijón han achacado las sentencias contra los planes de empleo municipales al «mal uso» que hace el Gobierno local de ellos. En el caso del portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, que se ha reunido con representantes del sindicato Usipa este martes, ha sostenido que desde el Ayuntamiento se sigue cometiendo la «irregularidad» de cubrir puestos estructurales con personal proveniente de los Planes de Empleo, incluso, para desempeñar algunas tareas que por Ley están reservadas a funcionarios públicos.
Sarasola, a través de una nota de prensa, ha recordado que el Ayuntamiento ya ha tenido que desembolsar más de 5,5 millones de euros en concepto de indemnizaciones. «El problema no es tanto la fórmula de contratación que se utilice sino las tareas y funciones concretas que desempeñen estos trabajadores, y que deberían tener una singularidad propia dentro del Ayuntamiento y no pretender que desarrollen las mismas funciones que el personal municipal, y además pagándoles menos», añadió.
Ha recalcado, además, que C's se había mostrado favorable a la continuidad de los planes de empleo en la ciudad siempre que se cumplieran cuatro requisitos: que los beneficiarios de los planes de empleo pertenezcan a colectivos con especiales dificultades para acceder al mismo; que no se utilicen para cubrir puestos estructurales del Ayuntamiento; que sus condiciones laborales sean similares al del resto de trabajadores municipales y que sus contratos se ajusten a la legislación vigente. Todas ellas incumplidas, a su juicio, en Gijón: «En la actualidad, desde el Ayuntamiento se están incumpliendo estas cuatro condiciones que entendemos que son básicas para que los planes de empleo se adapten a la legalidad vigente y cumplan con la función para la que fueron diseñados», ha reprochado, si bien no considera necesario renunciar a los planes de empleo sino «reformularlos» para dotarlos de seguridad jurídica.
El portavoz de C's ha mostrado su apoyo al sindicato Usipa, al que el Gobierno local ha acusado de ir en contra de estos planes de empleo. «Nos parece sumamente irresponsable pretender criminalizar la labor de cualquier sindicato, máxime cuando lo único que está haciendo es trabajar por el cumplimiento de la legalidad vigente y defendiendo los intereses de los trabajadores municipales», ha señalado Fernández Sarasola, que ha añadido «Si la normativa se estuviera cumpliendo no habría ninguna sentencia desfavorable al Ayuntamiento», ha añadido.
En el caso del PSOE, la edil Marina Pineda ha opinado que el Gobierno local se está «excusando» con sentencias que no ponen en cuestión la legalidad de los tipos de contratos sino en la «mala aplicación» que se hace de la normativa. Para la concejala socialista, la sentencia dice que el Ayuntamiento en lugar aplicar el convenio colectivo municipal aplicó el del programa «Gijon Innova», que ya no existe. Es por ello que ha considerado que, si la Junta de Gobierno es incapaz de aplicar la legalidad, los trabajadores están en derecho de reclamar. Para ella, el Gobierno no aplica la legalidad y «de forma deliberada no asigna a los beneficiarios de estos planes de empleo a trabajos a los que los tiene que destinar».
Menos enérgico contra el Gobierno local se ha mostrado el portavoz e Xixón Sí Puede, Mario Suárez, quien ha apoyado la existencia de los planes de empleo y ha abogado por buscar «una formula mágica» que no genere una deuda al Ayuntamiento. Es por ello, que ha visto «acertada» la medida de congelar los planes de empleo hasta abril, cuando se conozcan las resoluciones de las últimas reclamaciones judiciales, para evitar así más pérdidas de dinero en indemnizaciones y llegar a la supresión de estos programas como han hecho otros consistorios.