Reclama los expedientes sobre las denuncias en curso para demostrar «quién está detrás» de ellas y advierte que recurrirá a la vía penal si persisten las «mentiras y descalificaciones»
09 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El sindicato USIPA confirma que se presentará como codemandado junto al ayuntamiento de Gijón frente a las demandas de beneficiarios de los planes de empleo. Lo hará no solo para oponerse a las «gateras» para acceder a la función pública por esa vía sino también para comprobar «qué otro sindicato está detrás» de las últimas denuncias, que han forzado la congelación de los procesos de selección de nuevos beneficiarios hasta que se emitan las correspondientes sentencias.
José Manuel Cerra, secretario de la sección del sindicato en el ayuntamiento de Gijón, ha solicitado para ello los expedientes correspondientes a esos casos porque espera recibir, de este modo, «confirmación documental» que desmienta «definitivamente» algo en lo que insiste USIPA: su «completa desvinculación» con los casos que han motivado la paralización del proceso, y «ver así quién está detrás» de unas demandas que -afirma- «se nos han atribuido a base de mentiras, descalificaciones y declaraciones que no se ajustan a la realidad». Cerra habla de «manipulación» y advierte incluso de que, si persisten acusaciones como las que vertieron el responsable municipal de Empleo, Pelayo Barcia, y representantes sindicales y empresariales contra su sindicato, «a lo mejor ya no responderemos por la vía de lo contencioso administrativo, sino por algún otro sitio». A saber, la penal.
Las demandas en cuestión son las planteadas por beneficiarios de contratos de obras y servicios cuya resolución podría poner en entredicho nuevamente -en caso de ser favorables a los demandantes- las últimas modificaciones introducidas en las bases y el convenio por los responsables municipales de empleo. Se trataba de evitar así que los beneficiarios de los contratos de obras y servicios pudiesen ocupar cargos en la estructura funcionarial del municipio, denunciando después las diferencias retributivas que dieron lugar a pleitos anteriores, en su inmensa mayoría con sentencias contrarias al ayuntamiento.
Pero el goteo ha seguido. Según se supo al final de la última reunión de la mesa de seguimiento de la concertación local donde se decidió hibernar los planes hasta, al menos, abril, dos de las demandas están pendientes de sentencia en ese mismo mes. Hay otra en curso y al menos otros seis casos que podrían acabar en los juzgados. «Ninguno de ellos ha pasado por las manos de los abogados ni de los asesores de USIPA», asegura Cerra a quien le «consta con toda certeza» que «salvo dos de ellos todos han recibido algún tipo de asistencia sindical. «Eso es lo que queremos averiguar a la vista de los expedientes. Y si se nos deniega el acceso, acudiremos a los juzgados», anticipa el sindicalista, que considera que «UGT y CC. OO, como firmantes de los pactos de concertación, son cómplices» de la situación que denuncia.
El responsable del sindicato en el ayuntamiento gijonés asegura que está en contra de «puertas traseras y gateras», y que su único objetivo es «evitar denuncias», pero también «denunciar lo que se está haciendo mal, que es cubir cubrir plazas de funcionarios y necesidades de la plantilla municipal con personal de los planes». «Si se deja de hacer eso se cierran las gateras», remarca Cerral, cuyo sindicato ha denunciado reiteradamente que hay personal contratado bajo estos planes que se está dedicando a «actos administativos nulos de pleno» por no estar desempeñados por funcionarios, como compulsas de documentos, firmas de fe de vida o inspecciones previas a la apertura de determinados expedientes municipales. Usipa si ha prestado asesoría -admite Cerra- a muchos de los 35 denunciantes que según su contabilidad acudieron a los juzgados desde otra modalidad de los planes de empleo locales, las de formación y aprendizaje.
Por todo ello, USIPA insiste en sacudirse las responsabilidades sobre la posible cancelación de los planes de empleo que se le vienen atribuyendo, y que arreciaron el pasado lunes. «La responsabilidad es de un señor que conbra 63.000 euros anuales para buscar soluciones», proclama José Manuel Cerra, en alusión al director general de Empleo, el forista Pelayo Barcia, cuyo «cese o dimisión» ha pedido en varias ocasiones. Cerra señala hacia planes de empleo de otros municipios, como Oviedo, para evitar las circunstancias que están poniendo en peligro los gijoneses, y que ya han supuesto al bolsillo del ciudadano unos 5 millones de euros.
Por todo ello, el representante municipal del sindicato ha replicado además mediante un comunicado a las declaraciones en las que Barcia hablaba de un comportamiento «surrealista» de USIPA por presentarse como codemandado: «No es surrealista, es legal y posible. Y de este modo se comprobará quién está detrás de las demandas que el señor Barcia miserablemente nos atribuía, y él lo sabe perfectamente».