Uno de los condenados, el exconsejero Víctor Zapico, falleció con posterioridad a la sentencia
05 may 2017 . Actualizado a las 18:02 h.El Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón acogerá desde este próximo lunes la repetición del juicio por el fraude de Mina La Camocha, por el que fueron condenados en su día los cinco procesos, uno de ellos, el exconsejero de Industria del Gobierno asturiano, Víctor Zapico, fallecido con posterioridad a esa sentencia.
La investigación de este caso fue impulsada por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de que la Guardia Civil de Gijón detectara el movimiento sospechoso de carbón importado desde el Puerto de El Musel hasta Mina La Camocha, en 1999, y su supuesta venta a las térmicas como nacional.
Como en el juicio anterior, la Fiscalía pide para los cuatro acusados nueve años de cárcel por cada uno de los tres delitos, y el pago de una multa de 5.696.400 euros. También solicita a los procesados el pago conjunto de 17.089.200 de euros, cantidad a la que ascendió el importe de las ayudas percibidas por Mina La Camocha indebidamente en los ejercicios de 1998, 1999 y 2000.
Si bien el primer juicio acabó con condenas de nueve años por desviar millones de ayudas al carbón para los cinco acusados, el juicio, tras la muerte de Zapico, se repetirá ahora para los cuatro restantes: Manuel Martín Martín (presidente, consejero y apoderado de Mina La Camocha), Ángel Manuel García Brugos (administrador único de Hullas de Coto Quirós), Guillermo Alfredo Honrubia Álvarez (apoderado tanto de Hullas Coto Quirós como de trabajos y Explotaciones) y Margarita García Fernández (responsable de contabilidad y apoderada de Mina La Camocha).
Esto es así tras decretar la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón que las actuaciones se devolvieran al juzgado de procedencia para que se vuelva a celebrar el nuevo juicio, tras no aceptar la declaración de hechos probados, que quedó sin efecto por falta de imparcialidad en la juez de Gijón que impuso la condena, Rosario Fernández Hevia.
La Audiencia llegó a mostrase muy severa con la jueza del caso, al opinar que se extralimitó en su función de dirigir los debates, llegando a realizar «preguntas innecesarias, de contenido incriminatorio, que revelaban un juicio formado», según el Tribunal.