El abogado gijonés que era prestamista y que defraudó a Hacienda 840.000 euros

JUAN M. ARRIBAS / AGENCIAS REDACCIÓN

GIJÓN

El letrado afronta cuatro años de cárcel tras enriquecerse perjudicando al fisco

24 may 2017 . Actualizado a las 16:20 h.

La Fiscalía de Área de Gijón ha solicitado la condena a cuatro años y ocho meses de prisión para un abogado gijonés acusado de defraudar a la Hacienda Pública más de 840.000 euros. El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado durante los años 2006 y 2007 trabajó como abogado ejerciendo a título individual y a través de una comunidad de bienes. «Faltando conscientemente a la verdad y con ánimo de ocultar la realidad, presentó las declaraciones de liquidaciones, correspondientes al IRPF, por los periodos 2006 y 2007 minorando la base imponible con la intención de enriquecerse en la misma proporción que perjudicaba a la Hacienda Pública», señala el escrito.

Así, en la declaración sobre la renta de las personas físicas correspondiente al año 2006, el acusado ingresó 47.850,35 euros, dejando de ingresar 354.116,43 euros, y en el año 2007 ingresó 78.338,52 euros, dejando de ingresar 488.496,07 euros.

El acusado ocultó dos tipos de rendimientos de actividades económicas: los procedentes de su actividad profesional de abogado y, por otro, los de su actividad empresarial como prestamista, pues durante estos dos años se dedicó habitualmente a prestar capitales a terceros, personas físicas y jurídicas, para obtener un beneficio o rendimiento mediante el cobro de los intereses pactados sin justificar el origen de los fondos para su concesión.

Por el delito contra la Hacienda Pública derivado del incumplimiento de la obligación de abonar las cuotas debidas del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas durante el año 2006, 2 años y 4 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 400.000 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por 1.500 euros no satisfechos.

Por el delito contra la Hacienda Pública derivado del incumplimiento de la obligación de abonar las cuotas debidas del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas durante el año 2007, 2 años y 4 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 500.000 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por 1.500 euros no satisfechos.