Fernando Palao reconoce que estuvo en una reunión sobre el incremento del presupuesto pero ha negado ninguna actuación. Mariano Navas dice que no tenía competencias en la obra
25 jul 2017 . Actualizado a las 14:42 h.El exsecretario de Estado de Transportes Fernando Palao y el expresidente de Puertos del Estado Mariano Navas han negado en la Audiencia Nacional haber presionado a los responsables del puerto de Gijón El Musel para aprobar sobrecostes supuestamente irregulares en la obra de ampliación portuaria. Ambos han comparecido hoy como investigados (ya lo hicieron como testigos) ante la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investiga la adjudicación supuestamente irregular de las obras de ampliación del puerto de El Musel de Gijón que ocasionaron un sobrecoste de 250 millones de euros.
Según fuentes presentes en su declaración, los altos cargos de Fomento han negado que instaran al expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón Fernando Menéndez Rexach y al exdirector del puerto de esa ciudad José Luis Díaz Rato (también imputados) para que la obra de ampliación saliera adelante por un precio mucho mayor que el inicialmente presupuestado. En junio de 2015, Díaz Rato afirmó en su declaración en la Audiencia Nacional que la aprobación de los venía del Ministerio de Fomento, concretamente de Puertos del Estado. Supuestamente, esos sobrecostes se trataron en una reunión celebrada en marzo de 2006 en la que participaron los dos altos cargos que han declarado hoy, empresarios y Menéndez Rexach y Díaz Rato. Ahora, Palao y Navas han dado diferentes versiones ante la jueza sobre esa reunión.
Fuentes jurídicas han informado de que Palao ha admitido que en la mencionada reunión, a la que él asistió, se discutió el tema de los sobrecostes originados en parte -según su versión- porque no se podía utilizar la cantera asturiana de Aboño, lo que provocó que los costes de la ampliación se incrementasen. No obstante, según apuntan las mismas fuentes, la máxima autoridad en ese momento de los Puertos del Estado, Mariano Navas, ha negado que se abordase dicho aumento en el coste de la obra, si bien ha admitido que hubo muchos modificados en la misma. Otras fuentes han indicado que Navas ha especificado en su declaración que él no tenía competencia alguna en la obra como expresidente de Puertos del Estado, pues las competencias sobre El Musel estaban transferidas a la autoridad autonómica competente.
Según la investigación, el proyecto fue adjudicado en 2005 a la UTE Dique Torres por 499.346.171 euros y en 2007 se elevó el presupuesto a 830.165.909 euros, lo que supuso un incremento de 250 millones que fue aprobado ese mismo año. Además, se obtuvieron 247,5 millones de Fondos de Cohesión que, ante la sospecha de fraude, la UE pidió que le fueran devueltos. En la causa que dirige el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional se investigan delitos de prevaricación, malversación, estafa, falsedad y fraude a Hacienda por parte de representantes y miembros de la Autoridad Portuaria y representantes y administradores de la UTE Dique Torres.
Aparte de Palao y Navas, están imputados, el expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón Fernando Menéndez Rexach, el exdirector del puerto de esa ciudad José Luis Díaz Rato y el gerente de la UTE, Juan Miguel Pérez.