PSOE, XsP e IU critican el veto como un ataque a la libertad de expresión, mientras que PP y Ciudadanos salen en defensa de Moriyón apelando al Constitucional
14 sep 2017 . Actualizado a las 14:39 h.Una cosa es la posición política que se mantenga respecto al 1-O y a su envoltura ideológica y otra es el derecho de los ciudadanos de Gijón a debatir sobre política en espacios públicos municipales. Es el mensaje conjunto que han enviado este mediodía los portavoces del PSOE, Xixón Sí Puede e Izquierda Unida al término de una rueda de prensa compartida en el Ayuntamiento de Gijón en la que han arremetido contra Foro por su decisión de prohibir la celebración de un debate sobre tema catalán el próximo sábado en el Centro Municipal de El Llano.
Así, José María Pérez, portavoz socialista, ha admitido profesar «una opinión muy distinta a la de Joan Tardá» y «radicalmente» discrepante con el Gobierno catalán, pero «no podemos estar en una sociedad democrática y negar el derecho a que alguien pueda expresar una opinión distinta a la mía»
Pérez recuerda que es usual la celebración en centros municipales de debates políticos «de todo tipo y condición» en la agenda diaria de estas instalaciones públicas. «Si uno decide que se pueden hacer actividades políticas que son legítimas, no se puede entrar a discutir qué actividades son buenas y se pueden hacer y cuáles son malas y no se pueden hacer»
Para Xixón Sí Puede, la decisión no solo es «incongruente y contradictoria» en su proceso sino que muestra «el rostro más oscuro del equipo de Gobierno», según el portavoz morado, Mario Suárez del Fueyo. En una posición que comparten también Podemos y Equo, la formación considera la revocación del permiso inicial para celebrar el acto como «un ataque a la libertad de expresión, independientemente de la posición que cada uno tenga sobre Cataluña».
«Un debate plural, como iba a ser este por las noticias que tenemos, tiene cabida en el marco constitucional. No hay nada en la sentencia del Tribunal Constitucional que diga que este acto podría ser apología del referéndum porque en él iba a a haber personas a favor y otras críticas», argumenta Suárez del Fueyo que, no obstante, considera en sí mismo «grave» la prohibición «independientemente quien pudiera asistir o no» al acto.
El portavoz de XsP pone el acento en la «incongruencia absoluta por parte del equipo de Foro» en una actuación cuya secuencia «se contradice» a partir de la concesión inicial del permiso para el acto seguida de dos argumentaciones diferentes en respuesta al recurso de la entidad organizadora. «Es algo que no encaja con el reglamento de uso, cuando es un hecho que en esos centros municipales se organizan todo tipo de debates», recalca Suárez del Fueyo.
Aurelio Martín añade a los argumentos del PSOE e XsP un matiz añadido. El portavoz de IU cree que la prohibición encierra «un guiño de Carmen Moriyón a su electorado de derechas», un gesto que en su opinión la alcaldesa «no puede hacer a costa de suprimir el derecho de los ciudadanos de Gijón a debatir en locales públicos».
«IU, como lo ha manifestado Alberto Garzón, puede rechazar el referéndum catalán porque reúne las condiciones democráticas, pero esa no es la cuestión; lo que no es de recibo, lo que no tiene un pase y es increíble es que los debates sobre el asunto no se puedan organizar. Tú no puedes pisotear el derecho de los ciudadanos de Gijón a que organicen los debates que consideren oportunos en los locales públicos, como se ha hecho siempre», razona Martín, que recuerda que «aquí no hay referéndum», lo que convierte en «absurda» a su parecer la decisión de Eva Illán.
PP y C's invocan al Constitucional
Al otro lado de la raya de este debate, Partido Popular y Ciudadanos defienden la idoneidad y la justicia de la medida adoptada por la concejalía de Participación Ciudadana. Ambos se retrotraen al argumento inicial de Foro, el que apelaba a la sentencia del Tribunal Constitucional, para su decisión.
«Vemos muy bien que se haya impedido el acto porque utilizar equipamientos públicos para promocionar actos ilegales y contrarios a la Constitución no tiene un pase», afirma el concejal popular Pablo González, que replica también a dos argumentos con los que se ha respondido a la prohibición. «Es verdad que los centros municipales también son utilizados por los partidos, pero todos lo utilizamos para presentar cuestiones políticas legales», puntualiza González, que tampoco cree que haya una vulneración de la libertad de expresión: «Libertad de expresión sí, faltaría más, pero la ley está por encima de la libertad de expresión. No evitamos que nadie se exprese, pero sí que lo haga en un centro público municipal», matiza.
Por su parte, Ciudadanos ha emitido un comunicado en el que respalda la prohibición de «un evento que abiertamente se dirigía a apoyar la celebración de un acto ilegal, como es este referéndum, y no a celebrar, como se pretende hacer creer, un debate sobre el mismo, ya que sólo estaba prevista la participación de representantes de las formaciones políticas que no se han opuesto a su celebración».
El portavoz de la formació naranja, José Carlos Fernández Sarasola considera que «como Administración Pública, e Institución que representa al conjunto de los gijoneses», el ayuntamiento «tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la legislación vigente».
«Los inmuebles de propiedad municipal deberían tener como función principal servir a los intereses de los gijoneses, entre los cuales, desde luego no se encuentra la realización de actos públicos a favor de un referéndum ilegal, suspendido por el Tribunal Constitucional, y que atenta directa, clara y gravemente contra la unidad de España y la soberanía del pueblo español», concluye Fernández Sarasola.