El pulso con el Principado de un padre y una madre que exigen que se matricule al pequeño en el mismo centro que su hermana implica a asociaciones regionales y nacionales y llega hasta la administración central
23 jul 2018 . Actualizado a las 07:23 h.Elsa tiene 6 años y va al colegio Eduardo Martínez Torner, en el barrio gijonés de La Calzada. Su hermano Lucas tiene 3, y empezará a ir al cole el próximo septiembre. Como es normal, sus padres lo matricularon en el mismo centro cuando se abrieron los plazos, el mes pasado. La puntuación era la máxima, por que dieron por sentado que el pequeño empezaría su vida escolar junto a su hermana: la misma logística familiar diaria, el mismo entorno educativo y los dos hermanos siempre cerca. De cajón. Pero se equivocaban. Su sorpresa fue mayúscula, y nada agradable, cuando recibieron una carta de la Consejería de Educación del Principado notificándoles que la matrícula del pequeño se había trasladado al Colegio Público Príncipe de Asturias, en otra zona del barrio. El argumento: la carencia en el Martínez Torner de un auxiliar educativo del que el Príncipe de Asturias sí dispone. Carmen Suárez y José Manuel Parrondo no lo aceptaron. Desde ese momento, lo que empezó como una reclamación convencional se ha convertido en todo un pulso administrativo que ha llegado ya hasta la mesa del Defensor del Pueblo en funciones y el que se han implicado asociaciones a escala autonómica y nacional para defender el derecho de los padres de Lucas a elegir el centro que le corresponde. Y que puede ir más allá. «Las asociaciones nos han dicho que llegarán adonde sea para defenderlo. A la ONU si hace falta. Y nosotros, si tenemos que denunciar por vía judicial, lo haremos», anticipa Carmen.
Desde que tuvieron noticia de lo que consideran como «una discriminación» a su hijo han interpuesto ya tres recursos, uno de los cuales ha llegado hasta el propio consejero de Educación, Genaro Alonso, a quien han dirigido un recurso de alzada a la vista de las infructuosas reclamaciones previas.. «Eso fue el 22 de junio, y a día de hoy no hemos tenido ninguna contestación. El tiempo pasa, estamos en las fechas que estamos y en agosto se paraliza toda la administración con este problema sin solucionar», apunta Carmen Suárez. El caso, además de la discriminación o la vulneración de derechos que esgrimen los padres y corroboran las asociaciones que les apoyan, plantea un problema de pura y dura conciliación. Ambos son de Luarca, llevan en Gijón viviendo 15 años y no tienen más familia en la ciudad. Trabajan, y con horarios -mañana y tarde ella, hasta doce horas él- que no permiten asumir diariamente el trastorno de llevar a cada uno de sus hijos a centros separados por «quince o veinte minutos», asegura Carmen.
SIlencio absoluto
De los dos recursos previos, solo obtuvo respuesta -«y después de bastante tiempo y de varias llamadas insistiendo»- el presentado ante el Comité de Escolarización. «Nos contestaron que eso no dependía de ellos, que solo pueden escolarizar donde hay recursos y que poner ese recurso o no dependía directamente del consejero de Educación, que pusiésemos un recurso de alzada», cuenta la madre del pequeño Lucas. Así se hizo. Con «silencio absoluto» por el momento.
Entretanto, se implicaron en el asunto las Asociaciones Down Asturias y Down España. Por su mediación, el caso ha sido remitido a la oficina del Defensor del Pueblo. También han dirigido otro comunicado a Genaro Alonso. En estos documentos «grave atentado» al derecho a «elegir el centro docente donde escolarizar de forma inclusiva a sus hijos» y la vulneración de la legalidad, tanto la autonómica como la estatal que obliga a las autorides educativas a disponer de recursos, profesionales y procedimientos para garantizar una «adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo».
«Una práctica común»
La Asociacón Down Asturias asegura que no se trata de un caso único,y que «se está convirtiendo en una práctica común en el Principado», según informa la web de Down España, que atribuye a su gerente, Tatiana Redondo, la denuncia de que «desde hace tiempo llevamos alertando que se está concentrando a los niños con necesidades educativas especiales en determinados colegios ordinarios». Carmen Suárez lo corrobora. «Conocemos otro caso en Llanera este año, y uno más en Avilés: un niño que no tenía auxiliar en un colegio público, pero sí en otro concertado, y la madre aceptó. El año pasado, que sepamos, hubo otros dos. Una niña en un colegio concertado a la que le pusieron el auxiliar de educación. En el otro caso, la madre no quiso pelear. En los concertados parece que ponen los auxiliares, pero en los públicos parece que hay algún motivo por el que no», narra Carmen Suárez: «Hay muchos padres que no quieren pelear. Quizá si son hijos únicos les da lo mismo un cole que otro, pero no es nuestro caso».
Por su parte, el presidente de Down España, Mateo San Segundo, también se ha pronunciado en la web de la asociación sobre el caso de Lucas: «Es intolerable que, por falta de voluntad política y recursos, se le niegue a las familias el derecho a elegir centro para escolarizar de forma inclusiva a su hijo con síndrome de Down. Pero más grave nos parece aún que, bajo el paraguas de la educación inclusiva, se estén creando espacios agregados en los propios centros ordinarios acumulando a todos los alumnos con discapacidad a los mismos colegios alegando falta de personal o recursos. Esto está muy lejos de ser educación inclusiva».
La mención de la ONU a la que alude Carmen Suárez más arriba no es un farol ni una exageración. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, suscrita por España en 2008, compromete a proporcionar «un sistema de educación inclusivo a todos los niveles», incluyendo a «las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan».