Vecinos y ecologistas amenazan con acudir a la Fiscalía de Medio Ambiente si el ayuntamiento no aporta información
26 jul 2018 . Actualizado a las 08:54 h.El debate político y social sobre el estado medioambiental de la playa gijonesa de San Lorenzo y sus derivaciones en relación al saneamiento de aguas podría acabar en los tribunales. Vecinos, grupos ecologistas y colectivos anticontaminación están dispuestos denunciar la situación ante la Fiscalía de Medio Ambiente del Principado si el gobierno de Foro no aporta toda la información que exigen en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente convocado para el próximo martes, después de ser pospuesta la convocatoria de la pasada semana. Del mismo modo contemplan una intensificación de las movilizaciones para exigir respuestas a las administraciones. Precisamente ayer otro tribunal, el de Justicia de la Unión Europea (TUE) condenaba a España a pagar una multa de 12 millones de euros por incumplir las normas europeas sobre tratamiento de aguas residuales urbanas -una sentencia que incluye una multa coercitiva de 11 millones de euros por cada semestre que persista el incumplimiento-, y Gijón es una de las ciudades por las que España ha sido multada. Y no una cualquiera: sus infracciones en materia de depuración de aguas suponen casi la mitad de las que han motivado la sentencia. El Gobierno de España sitúa el horizonte de la solución de este problema crónico del saneamiento en finales de 2019.
El acuerdo para un posible endurecimiento de las respuestas a la situación en San Lorenzo lo acordaron los dos representantes vecinales -los presidentes de la zona urbana y zona rural de Gijón- y los dos de colectivos medioambientales representados en el Consejo, cuya reunión urgente vienen requiriendo en los últimos dos meses, a raíz de la sucesión de vertidos y manchas que se han sucedido en la bahía este de la ciudad. Unos y otros consideran insuficientes los informes presentados hasta la fecha y, en el caso de la Federación de Asociaciones de Vecinos, han denunciado una «deficiente respuesta» de la administración local; no solo en los tiempos de reacción -Adrián Arias, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) pidió ya una reunión «urgente» del órgano el 8 de junio- sino también en cuanto a lo que han denunciado como «ley del silencio» en cuanto a la información y los «paños calientes» en las medidas adoptadas.
Entre otras medidas, la FAV ha solicitado que los análisis del agua de San Lorenzo se muestren de modo actualizado en Internet para mantener informada a la ciudadanía de una situación que consideran «alarmante y preocupante». Además de los vertidos originados por los desagües de lluvias torrenciales, los vecinos urgen que se resuelvan «los problemas de la depuradora del Este» y que se resuelva la situación en el Matadero municipal y la falta de sistema de depuración en sus instalaciones. «Las respuestas, si no se dan, debemos exigirlas», manifestaba el presidente de la FAV, Adrián Arias, en el mismo comunicado en el que se hacían estas peticiones.