Secretaría publica un informe que garantiza la legalidad del contrato a Aralia, pero XsP asegura que inclumple el pliego y se pregunta «por qué se permite que siga ahí»
09 ago 2018 . Actualizado a las 07:18 h.El Ayuntamiento de Gijón empieza airear los resultados del «rastreo exhaustivo» de posibles ramificaciones de la trama 'Enredadera' ordenado por la alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, el pasado lunes, pero los datos oficiales no parecen calmar sin más a la oposición. Así, mientras que la Secretaría e Intervención municipal hacían público ayer un informe sobre el expediente de concesión a Aralia -empresa vinculada al empresario y presunto cabecilla de la trama José Luis Ulibarri- del Servicio de Asistencia a Domicilio (SAD) certificando que dicho proceso «se ajustó a la normativa de contratación del sector público», Xixón Sí Puede concentraba la atención en otro punto del proceso. Para la formación morada, ya no solo se trata de probar que la concesión está limpia en origen de sospechas de corrupción o de realizar una rescisión «preventiva» del contrato, como solicitó en días previos. XsP redobló ayer sus sospechas sobre si el presunto trato de favor a la concesionaria se podría estar dando en este momento. Porque, según reiteró ayer la concejala Nuria Rodríguez, Aralia está «incumpliendo gravemente» varios puntos importantes de las condiciones del pliego de licitación, y eso lleva a preguntarse a la marca local de Podemos si el Gobierno de Foro «está pasando de puntillas» sobre esos incumplimientos y «por qué se permite que esa empresa sigue estando ahí».
Nuria Rodríguez subía, de este modo, un grado en un argumento ya apuntado en días pasados. Lo hacía durante la visita de concejales y diputados de Podemos a la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Para XsP, las derivaciones gijonesas de «Enredadera» no solo constituyen una cuestión general sobre la posible corrupción en las administraciones públicas; para un grupo que ha hecho de la remunicipalización de la SAD el frente que más ha condicionado sus posiciones políticas junto a la Renta Social Municipal, viene a tratarse también de una suerte de demostración de la necesidad de garantizar que servicios asistenciales de primera necesidad se desvinculen completamente de la privatización. La oposición cree, además, que hay que profundizar en el «rastreo» y extenderlo a todas las empresas y organismos municipales, y averiguar si al margen de la luz y taquígafos de los expedientes las contratas resultaron favorecidas por alguna mediación. Las alusiones a Francisco Álvarez-Cascos en lo que se ha desvelado del sumario está en el punto de mira de todos los grupos municipales.
Informe de Secretaría
Casi al mismo tiempo que Nuria Rodríguez realizaba sus declaraciones en la FIDMA, se difundía el informe firmado por la vicesecretaria general Inmaculada Fernández Gancedo. En él se remite a la dirección de la web municipal donde se recopila toda la documentación administrativa del expediente y a distintos boletines oficiales enlos que también se publicaron, conforme a la Ley de Contratos Públicos: el Diario Oficial de la Unión Europea, el BOE o la Plataforma de Contratación del Estado. Todos ellos dan cuenta de un proceso que se concretó, después de la publicación del pliego de condiciones de la adjudicación -valorada en 9,6 millones, hasta el año 2021 y prorrogable- en dos reuniones con las debidas garantías y testigos, como «actos públicos».
La mesa estuvo compuesta por la directora de la entidad contratante, la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Marta Mediavilla, y dos técnicas del Departamento de Mayores y Dependientes -Verónica Augusto Fernández y Angélica Souto Rodríguez- como vocales, además del viceinterventor municipal, Leopoldo Méndez, en la primera de las reuniones; la interventora, María Belén Grana, en la segunda, y la vicesecretaria general del Ayuntamiento, Inmculada Fernández Gancedo. En ambas reuniones estuvieron también presentes representantes de las distintas empresas que optaban al contrato y de los sindicatos UGT, CCOO, CSI o CSIF.
El expediente dejan constancia de que, después de las exigencias de documentación realizadas a las distintas empresas antes de pasar a la valoración de sus ofertas, dos de ellas -Servisar Servicios Sociales SL y Antonio Corripio Servicios SL- se retiraron, mientras que una tercera candidata, Inneria Solutions SLU- fue inadmitida por no aportar la documentación requerida. Solo Aralia Servicios Sociosanitarios SA y Caser Residencial SAU se midieron en la valoración subjetiva y objetiva de méritos para la concesión. En la primera de las dos valoraciones -que ponderaba cuestiones de organización y planificación del personal, métodos o controles de calidad- Caser resultó mejor valorada, con 10,5 puntos sobre 15 , frente a los 8 de Aralia. Sin embargo, en la valoración objetiva, Aralia aventajó a Caser: 78 frente a 70,58. El cómputo final inclinó la balanza a favor de la empresa vinculada a Ulibarri, con 86 puntos frente a los 81,04 de su competidora.
Concesión a Veicar
Previsiblemente, Secretaría General también emitirá estos días un informe similar sobre el expediente de concesión a Vehículos, Equipamientos y Carrocerías Prieto-Puga del segundo de los contratos relacionado con una de las empresas de 'Enredadera', por el que se adjudicó en vehículo multisocorro para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento por 330.578,51 euros, más 69.421,49 de IVA.
Con todo, es también previsible que haga falta algo más para responder a las exigencias unánimes de los partidos de la oposición, que ya forzaron la celebración del pleno extraordinario monográfico sobre el asunto para el 16 de agosto y que ahora quieren también fijar sus contenidos en una junta de portavoces previa.