Desahuciar a La Camocha

El presidente de la asociación vecinal de La Camocha firma esta tribuna en la que cuenta la sensación de desamparo con la que convive desde hace meses


Desahuciar es un verbo con varios significados. Uno de ellos se aplican cuando los médicos admiten que un enfermo al que tratan no tiene posibilidades de curación. Un segundo, cuando se le quita a alguien la digna esperanza de conseguir lo que desea. Un tercero, cuando el arrendador despide al inquilino o arrendatario mediante una acción legal.

Hay que tener en cuenta que el caso de los desahucios de La Camocha es un caso muy particular. Aquí no hay un banco que figure ni como dueño ni como arrendador. Aquí hay una empresa que facilitaba a sus productores una vivienda en renta vitalicia con la singular idea de mantenerlos próximos a su puestos de trabajo, modus operandi de toda la minería del carbón. En este caso, no existía la morosidad. La renta que los productores debían abonar por el alquiler de la vivienda ya se descontaba de la nómina.

Se da como bien traído llamar desahucio a la acción por la que opta un banco cuando el hipotecado deja de abonar la cuota.  

El artículo 47 de la Constitución lo deja meridianamente claro sobre el derecho a una vivienda, o establecen los tratados internacionales suscritos por España, porque a una persona o familia que vive en la calle se le despoja de 10 derechos fundamentales.

La vivienda es la base física de la vida familiar, del ejercicio de los derechos humanos, como la sanidad y la educación. 

Hoy, 37 familias del barrio de La Camocha, arrendatarias vitalicias de unas viviendas precarias, que figuran como activos de la extinta mina La Camocha son motivo de desahucio inminente. Esos hogares están siendo amenazados por una administración concursal avariciosa, sin escrúpulos y que considera a estas familias y sus viviendas como un activo más de la empresa concursal, a semejanza de las vagonetas, la chatarra, o las balsas de finos.

La actualidad de los desahucios en España es una de las consecuencias más dramáticas de todo este sinsentido. Se está mandando a la calle a familias enteras, cuando hay una cantidad enorme de pisos vacíos en todo el país.

La comunicación a través de carta es la única que la concursal hizo. No hubo en ningún momento llamadas ni visitas para conocer la situación de los inquilinos. La situación límite en la que se encuentran los afectados por los desahucios (alguno hospitalizado tras sufrir un ictus, producto de esta anómala situación) ha provocado no solo la empatía de todos los los vecinos sino la conciencia de la necesidad de encontrar una solución.

Hoy, estas familias viven con una ansiedad constante ante la amenaza de perder sus hogares. Hoy, estas personas sufren en sus carnes la inseguridad de no saber si mañana podrán dormir en las casas donde llevan residiendo toda una vida. Estos pisos austeros, que tienen más de 55 años, fueron cuna de proyectos de vida relacionados con la explotación minera, entregadas a los trabajadores en régimen de alquiler, que con mucha dedicación y esfuerzo arreglaron durante estas décadas sin más ayudas que su propio trabajo.

Desde la asociación de vecinos exigimos una solución justa, digna: una solución como la que hace un año y medio se tomó a apenas 100 kilómetros de aquí, en la localidad de Ciñera de Gordón (León). 

En Ciñera tuvo lugar un caso idéntico al que hoy sufrimos en La Camocha. Se repiten todos los ingredientes: una empresa minera llevada a la ruina, una administración concursal que tasa las viviendas de manera irracional, unos vecinos que ven peligrar sus casas de toda la vida, un pueblo que lucha por mantener las vivienda y, al final de todo, una solución.

La alternativa fue la intervención directa de la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, en concreto de la Consejería de Infraestructuras y Medio Ambiente, liderada por Juan Carlos Suárez Quiñones. La Junta decidió la compra de más de 120 viviendas unifamiliares para ponerlas a disposición de los vecinos, que tuvieron la oportunidad de comprarlas a un precio razonable o de poder continuar en un régimen de alquiler social, si las necesidades económicas de las familias así lo requerían.

La Junta negoció directamente con la administración concursal ante un caso de extrema necesidad y de urgencia social. Puso por encima de todo a las familias de Ciñera. No se enredó en legalidades reglamentarias, ni en excusas de falta de competencia o en considerar que esta situación concreta podría ser una solución aplicable a otros conflictos. 

Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué Ciñera sí y La Camocha no? En Ciñera, las viviendas de 80 metros cuadrados se vendieron por 12.000 euros y las de 60, por 7.000. En La Camocha, la administración concursal pretende que 53 metros cuadrados se paguen a una media de entre 45.000 y 50.000 euros, en alarde de elegancia, después de valorarlas en 100.000 y 90.000 euros. ¿Por qué esa diferencia? Pues porque en Ciñera las administraciones regional y local defendieron a las familias amenazadas, lucharon por sus casas, obligaron a la concursal a negociar y aseguraron que Ciñera siguiera siendo de sus vecinos.

Por eso solicitamos y exigimos una solución para las viviendas de La Camocha. Porque hay soluciones y estas pasan por lo que la Junta de Castilla y León hizo con el pueblo de Ciñera.

Pero también queremos decir alto y claro que estas semanas y meses de lucha hubo silencios cómplices que queremos denunciar, silencios de partidos que parecen desconocer dónde está La Camocha, a pesar de haber sido una cuna de destacados cuadros socialistas o silencios de sindicatos que nacieron de las entrañas de la explotación minera o que tuvieron un destacado papel en la lucha sindical de Mina La Camocha. Silencios de aquellos que antes paseaban el nombre de La Camocha por congresos, reuniones o comités, que se vanagloriaban de su historia sindical minera, que hoy reniegan de apoyar a estas familias.

Pero también es justo agradecer la ayuda mostrada por otros que se han acercado directamente a los afectados o la asociación de vecinos para buscar soluciones y que no presumen de tanto pedigrí como los insignes sindicales o cuadros políticos que lo que sí demuestran es tener una amnesia total de lo que hoy sucede en La Camocha.

  

  

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