El Gobierno cobrará a Gijón la multa de la UE por los vertidos

La Voz

GIJÓN

Vertidos en la zona del emisario de Peñarrubia en Gijón
Vertidos en la zona del emisario de Peñarrubia en Gijón

Hugo Morán señala que la sanción resta recursos para mejorar la calidad del agua. Anuncia un plan nacional de 10.000 millones de euros

20 nov 2018 . Actualizado a las 18:20 h.

El Gobierno repercutirá sobre las administraciones públicas incumplidoras la multa millonaria que le impuso el Tribunal de Justicia de la UE por depurar mal sus aguas residuales en 17 núcleos urbanos, uno de ellos el de Gijón. Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, quien ha comparecido en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso para informar sobre las causas y las consecuencias de la sanción del Tribunal de Justicia de la UE del pasado mes de junio.

La sentencia condenó a España a abonar a la Comisión Europea una multa coercitiva de 10,9 millones de euros por cada semestre de retraso y una suma de 12 millones por incumplir la norma comunitaria de saneamiento de aguas en 17 núcleos. Morán ha explicado que negocia con la UE el pago de la multa coercitiva y que la sanción de 12 millones de euros ha sido ya adelantada por el Estado, pero el Gobierno prepara un acuerdo para llevarlo al Consejo de Ministros y repercutir esa cantidad sobre las administraciones que han sido responsables de los incumplimientos.

Según el secretario de Estado, la sanción impuesta por el Tribunal de Justicia europeo «erosiona» la credibilidad de España, resta recursos que se podrían dedicar a mejorar la calidad del agua y amenaza el acceso a posibles fuentes de financiación europeas. Morán ha calificado de «inadmisible» y de «desastrosa» la situación que se encontró el actual Gobierno en materia de depuración de aguas residuales y ha asegurado que el Ejecutivo trabaja ahora «contra reloj» para revertirla.

Planes de futuro

El secretario de Estado ha informado de que para hacer frente a esta situación, el Gobierno va a lanzar el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (DSEAR) que incluye unas 3.500 actuaciones y una inversión estimada de 10.000 millones de euros en los próximos 18 años (dos terceras partes correspondientes a las comunidades autónomas).

De las 17 aglomeraciones urbanas afectadas por la sanción, ocho ya están en situación de cumplimiento, ha explicado Hugo Morán; son las de San Pedro de Alcantara (Málaga), Noreste (en Valle de Guerra-Tenerife); Benicarló, Peñíscola (Castellón), Teulada Moraira (Rada Moraira, en Alicante), Aguiño-Carreira-Riberia (La Coruña), Santiago de Compostela y Vigo. De las nueve que siguen en situación de incumplimiento, cuatro han sido declaradas ya de interés general y el Estado está ya trabajando en ellas; son las de Nerja (Málaga), Matalascañas (Huelva), Barbate (Cádiz) y Gijón Este.

Las cinco restantes son de competencia autonómica: Alhaurín el Grande (Málaga), Coín (Málaga), Isla Cristina (Huelva, Valle de Güimar (Tenerife) y Tarifa (Cádiz), ha explicado Morán, quien ha explicado que Tarifa ya tiene la estación depuradora, aunque las muestras que se han obtenido fuera del periodo estival, cuando la carga es más elevada, no satisfacen la directiva europea.

Valoraciones políticas

La diputada Teresa de Lara (PP) ha defendido las actuaciones en materia de agua que llevó a cabo el Gobierno anterior y ha achacado a Morán la ausencia de un «plan de choque» porque lo único que ha presentado -ha dicho- es un listado de acciones que en la actualidad tocaba revisar, aunque Morán ha precisado que están ya trabajando en él y en fijar un calendario para presentar a Europa y recuperar la credibilidad.

José Luis Martínez (Ciudadanos) ha asegurado que los incumplimientos de la normativa europea se han sucedido desde 1991, y se ha preguntado si esta situación responde a «desidia, dejadez, incompetencia o vaguedad política», y ha observado que muchos de los incumplimientos radican en Andalucía, donde el PSOE gobierna desde hace 40 años.

Desde el Grupo Mixto, el diputado Enric Bataller (Compromís) ha resaltado la importancia de prevenir antes de llegar a estas situaciones condenatorias y ha preguntado si el Gobierno esconderá «la cabeza debajo del ala» y serán al final las administraciones las que tengan que pagar la multa.

Pedro Arrojo (Unidos Podemos) ha pedido hacer una autocrítica «colectiva y responsable» sobre el tema de depuración y saneamiento de las aguas, mientras que el diputado Juan López Uralde ha reprochado al Secretario de Estado la «dejadez» existente en la calidad del agua, en un país con escasos recursos hídricos.