Los alquileres concentran el grueso del «problema habitacional» en Gijón

La PAH detecta en los últimos meses un aumento de los inquilinos con dificultades para abonar las rentas, sobre todo en el caso de familias monoparentales a cargo de mujeres

Edificio con anuncios de una inmobiliaria en el centro de Gijón
Edificio con anuncios de una inmobiliaria en el centro de Gijón

Gijón

Las dificultades para hacer frente al pago de los alquileres concentraron a lo largo del pasado año el grueso del llamado «problema habitacional» en Gijón. El caso de las ocho familias pendientes de desahucio bajo acusación de 'okupar' el edificio de una constructora en la gijonesa calle Candás -circunstancia que los presuntos infractores niegan- devolvía en el último tramo del año la atención a un problema que, a diferencia de lo sucedido en este caso, no suele recibir titulares. Y ello a pesar del esfuerzo de organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) por traerlos al primer plano. En el arranque de este invierno, el derecho a la vivienda que nadie parece poder garantizar 40 años después de la Constitución del 78 parece sobre todo amenazado en Gijón en este tipo de casos, cuya deriva apunta cada vez más hacia las familias monoparentales con mujeres al frente. Según las últimas estadísticas aportadas por el portal Idealista, Gijón ha sido la capital asturiana en la que menos se incrementó el precio de los alquileres el pasado año: un 4,1 por ciento, frente al 6,6 de Oviedo y el 6,5 de Avilés. Pero aun así, siguen siendo los más altos, con 7,3 euros por metro cuadrado de media, ligeramente por encima de Oviedo. Son cifras que marcan la distancia respecto del 9,3 por ciento y de los 10,6 euros por metro cuadrado de media en España, pero mucho más que suficiente para poner en apuros al sector de la población con las rentas más apretadas.

Todo ello lo desgrana Miguel Ángel Rodríguez, portavoz de la PAH en Gijón, que repasa el estado de una cuestión que siempre se agudiza en invierno y que está dejando unos meses «muy movidos por este tipo de demandas». «Viene bastante gente que, aunque cobre el salario social, tiene tres hijos y se las ve y se las desea para poder alquilar una casa», relata. Calcula «entre 15 y 20 casos buscando asesoramiento y sin haber pasado aún a situación crítica; dos casos que ya saben que no van a pagar y otra mujer, mayor de 60 años a la que, que le va a llegan el desahucio enseguida». No hace falta que se acumulen muchos impagos: «Con un mes jodido, basta», dice Rodríguez,

«Ahora mismo, encontrar un alquiler en Gijón por menos de 400 y pico euros no digo que no sea posible, pero es muy complicado. Y 450 euros es lo que aporta ya el salario social. Pero no es solo eso: hay casos como el de una pareja que incluso cobrando 1.200 euros entre los dos se vieron negros para alquilar una casa. Hay que tener en cuenta que hasta se están pidiendo avales bancarios», recuerda el portavoz antidesahucios.

La tendencia es, como confirman las estadísticas, a que «los propietarios exijan cada vez más por su vivienda» en una ciudad en la que, además, el tirón turístico hace que no pocos pongan el ojo en lo sucedido en las rentas disparadas en ciudades como Barcelona y Mallorca o saquen inmuebles del mercado pensando en el alquiler para turistas; algo que, según la PAH, exige de modo paralelo algún tipo de control al margen del mercado. «Cuidado, no digo que no pueda exigir», precisa Miguel Ángel Rodríguez, «pero también es necesario un control, tanto por parte de la Ley de Arrendamientos Urbanos como por parte del inquilino. Porque aquí solo se controla al inquilino», lamenta. El resultado: mucha gente acaba compartiendo piso o volviendo al domicilio paterno. Y otra, en atolladeros judiciales.

Otra tendencia afecta al perfil de los afectados. O, para ser más exacto, afectadas. «Estamos detectando un cambio: al principio venían sobre todo parejas jóvenes o de mediana edad, con poco tiempo de convivencia, que habían comprado una casa en otros casos. Ahora, son familias monoparentales, sobre todo compuestas por mujer con hijos, aunque haya también un par de padres con hijos en estas circunstancias. Estos casos han aumentado al menos un 50 por ciento en este año, tanto en el pago de hipoteca como en alquiler». En no pocos casos, se trata de separaciones en las que el exmarido no puede hacer frente al pago de la pensión familiar y en otros -estos en el caso de hipotecas- de mujeres a las que se ha otorgado la casa pero no pueden hacer frente a los pagos.

Y todo ello sin que, a juicio de la PAH, las administraciones estén atacando la raíz del problema. «Las ayudas municipales se están demorando unos tres meses, con lo cual ese periodo lo tienes que pagar por adelantado y la ayuda no se concede con carácter retroactivo; es decir, si el cuarto mes te la dan, es solo para el cuarto y los tres primeros te los tienes que comer», critica su portavoz, que va más allá en la denuncia, y recalca que hay «un decreto de adjudicación de viviendas de emergencia social que no se está cumpliendo por diferentes motivos, de manera que o no hay vivienda o la que hay se destina exclusivamente para desahucios hipotecarios».

«Cuando acude a Servicios Sociales para una ayuda al pago de alquiler, lo primero que le dicen es que la solicitud no entra por el decreto; y eso es mentira», aseegura Miguel Ángel Rodríguez, que apunta a una interpretación restrictiva «de palabra» del decreto por parte de Fermín Bravo, director general de Vivienda del Principado que «ha transmitido a los Servicios Sociales de toda Asturias»: «Están haciendo una interpretación del decreto en la que, cada vez que la recurrimos, se nos da la razón», añade el activista de la PAH, que está presentando recurso ante cada solicitud de vivienda de emergencia rechazada por vía administrativa o judicial.

Se da además el caso, según denuncia la PAH, de que «hay viviendas disponibles» en el parque público asturiano destinado a usos sociales. «En cualquier bloque, seis o más», afirma Rodríguez, que recuerda que la Plataforma lleva pidiendo una auditoría oficial desde 2012. «Nos dicen que no hay gente suficiente para hacerla e incluso, en tono de sorna, que la hiciéramos nosotros. En la que hicimos, hace seis años, eran más de 1.000 pisos; ahora mismo no sabemos cuál es el número, pero sí que hay viviendas sociales vacías de las que no se tiene constancia. Ninguna», subraya. Pone un ejemplo: «En la plaza de Jacques Cousteau, contabilizamos en un momento 20 viviendas vacias: la mayoría dos, tres y cuatro años. Alguna lleva 10 años cerrada después de dos ocupaciones de unos meses».

En conclusión, para la PAH: «El problema habitacional para los alquileres existe y no se están buscando soluciones; se buscó incentivar con un programa del Principado para estimular a los dueños para que que alquilaran, pero no ha funcionado. Trabajar con las agencias inmobiliarias o con el seguro de pagos no ha funcionado: qué más me da que asegures un año el pago si luego no voy a poder seguir. Lo importante es poder ejercer algún control sobre los precios de alquiler». Una medida que se antoja imposible si no es cambiando la legislación a escala del estado. «Pero presentamos una Ley de Vivienda que lo solucionaría, y PSOE y PP pasan de nosotros».

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