Nuevo espaldarazo judicial al ayuntamiento en un litigio por los Planes de Empleo

La sentencia favorable, primera que gana la administración local en el ámbito de lo Contencioso, rechaza la denuncia del sindicato Usipa en una cadena de dictámenes que viene dando la razón al municipio desde 2015

Aspirantes a una convocatoria de los planes de empleo del Ayuntamiento de Gijón
Aspirantes a una convocatoria de los planes de empleo del Ayuntamiento de Gijón

Gijón

El Ayuntamiento de Gijón ha recibido un espaldarazo judicial tras sentenciar el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Gijón -un ámbito judicial inédito en esta cadena de pleitos que no existe ningún impedimento para que los trabajadores de planes de empleo realicen funciones ordinarias en la actividad municipal, como había denunciado el sindicato USIPA el pasado año. El Consistorio ha conseguido, de este modo, ganar todos los juicios por Planes de Empleo desde 2015, y la nueva sentencia viene a avalar las reformas emprendidas por el Gobierno municipal en los últimos cuatro años. Recuerda un comunicado del ayuntamiento que, ante los problemas jurídico-legales surgidos con los Planes de Empleo en 2013 y 2014 -cuando 21 ayuntamientos asturianos tuvieron que destinar cifras millonarias para indemnizar a los beneficiarios de este programa como si de trabajadores indefinidos de plantilla se tratase- y la «nula respuesta del Principado», Gijón decidió continuar con estos, a diferencia de otros municipios que renunciaron a ellos, pero aplicando una serie de reformas que garantizasen su acomodo a la legislación laboral y no implicasen un gasto adicional en cuanto a indemnizaciones para las arcas municipales.

Las reformas principalmente consistieron en tres líneas de actuación: incluir a los beneficiarios de los Planes de Empleo en el convenio de trabajadores del Ayuntamiento; modificar los contratos de obra y servicio ajustándolos a proyectos concretos y no a una temporalidad de un año; e incrementando, hasta casi el 75 por ciento del total de contratados, el número de beneficiarios contratados en prácticas, por no haber tenido sentencias en contra. El Gobierno local, en este sentido, ha advertido de que la estimación de la demanda judicial podría haber implicado el despido inmediato de más de 100 beneficiarios contratados en prácticas en el Ayuntamiento.

En concreto, la sentencia señala que «no existe ningún impedimento para que dichos trabajadores realicen funciones ordinarias en la actividad municipal, siempre que no suplan al personal de estructura o ejerzan funciones públicas, lo que no consta que haya ocurrido en el presente caso». «Entendemos que limitar la actuación de los contratados a presenciar el trabajo realizado por los funcionarios, sin desarrollar ellos mismos, bajo la supervisión de aquellos, el trabajo ordinario de la unidad orgánica a la que fueron adscritos impide la adquisición de la experiencia profesional», continua el fallo judicial, que aún puede se recurrido por el sindicato Usipa.

«Entiendo que están en periodo preelectoral sindical en el ayuntamiento y que es perfectamente lícito que un sindicato trate de obtener presencia mediática acudiendo al juzgado para derribar las acciones del Gobierno, pero creo que en este caso no es justo mezclar las legítimas aspiraciones e intereses de algunos trabajadores del ayuntamiento, que son asuntos internos del área de personal, con una política social dirigida a parados de larga duración y a jóvenes que buscan su primer empleo», ha apuntado el director general de Empleo, Pelayo Barcia.

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