Un agente de la Policía Local denuncia al Ayuntamiento ante Protección de Datos

Sostiene que sus superiores han tomado decisiones sobre su trabajo sustentadas en informes médicos facilitados de forma ilegítima por los servicios municipales

Policía local de Gijón
Policía local de Gijón

Gijón

La Agencia Estatal de Protección de Datos ha admitido a trámite la reclamación de un agente de la Policía Local contra el Ayuntamiento de Gijón, al que acusa de haber vulnerado el derecho a la privacidad de datos relativos a su persona, entre ellos «datos de salud» e «informes de evaluación de desempeño» con respecto a sus funciones «como trabajador de la entidad». El agente S. M. C. -inmerso desde hace años en diversos procesos administrativos y judiciales por presunto acoso en el trabajo y discriminación laboral- afirma que sus superiores sustentan decisiones como la retirada de su arma reglamentaria basándose en informes suministrados «de forma ilegal» por el Ayuntamiento.

S. M. fue retirado hace diez años de las patrullas de Seguridad Ciudadana y desprovisto de su arma reglamentaria y la PDA que portan los agentes de la Policía Local, y desde entonces ha pasado por repetidas situaciones de baja, tres de ellas por motivos psicológicos derivados, según el agente, por situaciones de acoso y discriminación que viene denunciando repetidamente desde entonces. Sostiene que los responsables del cuerpo siguen defendiendo como argumento para la retirada de su arma que se encuentra «mal psicológicamente» a pesar de que la última vez que causó baja por este motivo fue en 2015.

Por ello, el agente solicitó a los servicios municipales correspondientes información sobre la presunta cesión de datos médicos que estarían sustentando la posición de sus superiores, sin éxito. Decidió a continuación denunciar ante la Agencia Estatal de Protección de Datos el supuesto caso de divulgación ilegítima de información personal. «En ningún caso mi jefe tiene por qué acceder a informes médicos mios. Lo único que le tiene que llegar es el criterio de aptitud: si estoy apto, no apto o apto con limitaciones; pero, incluso en el caso de no ser apto o serlo con limitaciones, no tendría que tener más información sobre los motivos», razona.

De resultas de esa denucia, Protección de Datos recabó en enero al Ayuntamiento, antes de un plazo de 30 días, de información sobre «las acciones llevadas a cabo para adecuarse a los requisitos previstos en la normativa de protección de datos» del reclamante. Tampoco obtuvo respuesta. El siguiente paso por parte de la Agencia ha sido la admisión a trámite, el pasado de 19 de abril, de la reclamación del agente y la notificación a ambas partes que «ha sido atendida su solicitud de ejercicio del derecho regulado en el Artículo 15 del Reglamento General de Protección de datos, por el tratamiento de sus datos personales efectuado por el Ayuntamiento de Gijón».

La Agencia da además quince días hábiles al Ayuntamiento para presentar sus alegaciones, de las que por el momento S. M. C. no tiene constancia. La vía administrativa se cierra a partir de este momento y, a la espera de recursos, se abre la posibilidad de un contencioso que podría acabar en sanción.

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