Acusan a una gijonesa con trastornos de la personalidad de abusar de un menor de 15 años

La Fiscalía sostiene que las relaciones fueron consentidas y que el diagnóstico de la mujer merma su imputabilidad

Juzgados de Gijón
Juzgados de Gijón

La Fiscalía solicita una pena de tres años de prisión para una mujer, que padece un trastorno límite de la personalidad que le merma su imputabilidad, acusada de un delito de abuso sexual continuado por mantener relaciones sexuales consentidas con un menor de 15 años, en Gijón.

El Ministerio Fiscal sostiene que la procesada, tras conocer al menor, mantuvo relaciones sexuales completas con él y, en algunas ocasiones, según la versión de la Fiscalía, le práctico una felación. Los hechos se produjeron tanto en el domicilio de los padres del adolescente en Gijón como en portales en los que en ese momento no había gente. Las relaciones se prolongaron a lo largo de todo el mes de enero pasado, hasta que el menor decidió romper con ella al enterarse su madre de lo que ocurría.

La Fiscalía asegura, en su escrito de calificación provisional de la causa, que en los encuentros sexuales no se empleó ni fuerza ni violencia y todos fueron consentidos por el menor. El menor, que cumplió 16 años el pasado mes de abril, no ha presentado secuelas emocionales, sin perjuicio de que puedan aparecer en el futuro y que puedan afectar a su vida sexual, social y afectivo emocional.

La procesada padece, según el informe del médico forense, un trastorno límite de la personalidad, con un déficit acusado de autoestima, un trastorno de la personalidad dependiente y labilidad emocional, lo cual merma notoriamente su imputabilidad, en su capacidad de querer y comprender sus actos.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual de carácter continuado y aplica la circunstancia atenuante analógica de trastorno límite de la personalidad, como muy cualificada. La acusación pública interesa que la acusada indemnice al menor con 1.500 euros por daños morales, a través de su representante legal. Además, solicita que se imponga a la procesada la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros al menor, así como comunicar con él por cualquier otro medio durante 6 años.

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