Una compañía tarda seis meses en cancelar una línea telefónica de una fallecida (y encima la cobra)

Un gijonés recurre a una asociación de consumidores para poder anular el contrato de su madre y conseguir la devolución del dinero

Gente hablando por el móvil
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Oviedo

Ha tenido que armarse de paciencia y buscar aliados para conseguir un trámite en teoría sencillo: dar de baja una línea de teléfono de su madre fallecida. Un vecino de Gijón, Iván Pérez Coto, solicitó en febrero de 2018 la anulación de la línea que su madre tenía contratada con Vodafone. La compañía hizo oídos sordos y siguió cobrándole las mensualidades del servicio hasta agosto del mismo año, Tras varios meses de quejas y viendo que sus trámites no surtían, desesperando, se puso en contacto con la asociación de consumidores FACUA. Las gestiones de la asociación consiguieron acabar con el contrato y también la devolución del dinero cobrado de manera indebida.

Ivan Pérez encadenó multitud de quejas y de reclamaciones para dar de baja la línea de su madre fallecida. La compañía le comunicó entonces que aceptaba la petición, que cancelaría el servicio y que le devolvería la cantidad que había estado cobrando hasta el momento y que ya sumaba 158 euros. Una semana después de la notificación, Vodafone rectificaba y comunicaba al afectado que no le devolvería la cantidad cobrada indebidamente durante esos seis meses.

Harto de tantas vueltas, el afectado cogió la notificación y se puso en FACUA, para que que defendiera sus derechos como consumidor. El equipo jurídico de FACUA se hizo cargo del caso. Su primer paso fue notificar a Vodafone que estaba vulnerado la legalidad. En concreto, esgrimió el Real Decreto 899/2009 que establece que los contratos se extiguen «por voluntad del abonado, comunicándolo previamente al operador, que se abstendrá de facturar y cobrar cualquier cantidad que se ha podido devengar, por causa no imputable al usuario final, con posterioridad al plazo de dos días en que debió surtir efectos la baja». Además, los letrados hicieron referencia a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que en sus artículos recoge que es un abuso establecer plazos de duración excesiva o tener limitaciones que impiden a los usuarios poner fin a un concreto. Los abogados estaban convencidos de que eso era lo que estaba sucediendo en el caso del gijonés, que era incapaz de anular el contrato de su madre. 

Esos argumentos jurídicos fueron efectivos. Tras la reclamación impuesta por FACUA, la compañía telefónica accedió a devolver los 158 euros cobrados indebidamente, pero lo hizo a la cuenta de su madre, la cual estaba cancelada desde el fallecimiento de esta. Así que fue necesario poner en marcha una segunda reclamación. La compañía terminó realizando el ingreso en la cuenta correcta. 

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