«Todos los recursos municipales», a disposición de los afectados por los desahucios de La Camocha

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Mari Carmen, la viuda de un minero que desde hace 50 años habita una vivienda del poblado de La Camocha, tras se ser paralizado su desahucio.
Mari Carmen, la viuda de un minero que desde hace 50 años habita una vivienda del poblado de La Camocha, tras se ser paralizado su desahucio. Juan González

La concejala de Bienestar Social y Derechos se compromete a facilitar, llegado el caso, alternativa habitacional de urgencia

08 oct 2019 . Actualizado a las 17:52 h.

La concejala de Bienestar Social y Derechos de Gijón, Natalia González, se ha comprometido este martes a poner a disposición de los afectados de los desahucios en el poblado de Mina La Camocha todos los recursos disponibles, desde viviendas de emergencia a asesoramiento jurídico o soluciones habitacionales de urgencia hasta que se valore si pueden acogerse a otras ayudas.

González, en respuesta a un ruego de Podemos-Equo, ha recordado que en julio de 2018 hubo una reunión de personal de la Empresa Municipal de Vivienda (Emvisa) y personal del programa de inclusión para valorar situación de estas personas. En aquella reunión, solo había un caso conocido, según la concejala.

Por este motivo, se pusieron en contacto con la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) que hacía de intermediaria para ofrecer información de las personas afectadas y tratar de dar una solución habitacional si era necesario, pero aún no recibieron información.

Sobre el ruego, la portavoz de Podemos-Equo, Yolanda Huergo, ha incidido en que hay más de 30 familias afectadas, por lo que urge implicar al Principado en las posibles soluciones y para poner a disposición de estas todos sus recursos técnicos-jurídicos también, al margen de que el Ayuntamiento haga lo propio. «Una situación excepcional requiere medidas excepcionales», ha incidido. El ruego de Podemos-Equo incluía instar al Gobierno regional a hacer gestiones para todas las vías posibles para adquirir las viviendas afectadas a precios adecuados y no superiores a los del mercado para ceder luego estas a las familias afectadas a través de un alquiler social o la venta, informa Europa Press.