Expedientan a un profesor por poner un 10 a todos sus alumnos

El docente se enfrenta a varias sanciones graves por infracciones como defectos en la programación de su materia que él niega y ha recibido el apoyo de otros profesores

Yván Pozuelo Andrés
Yván Pozuelo Andrés

Redacción

Yván Pozuelo Andrés, profesor de francés del IES Laboral de Gijón, ha sido expedientado por la Consejería de Eduación por, entre otros cuatro cargos más, poner un 10 a todos sus alumnos. El docente, que se enfrenta a cargos que pueden considerarse «muy graves», también está acusado de negarse a aplicar la evaluación formativa, por defectos en la programación de su materia, de registro de su alumnado y de coordinación en su departamento. Pozuelo se enfrenta a sanciones que pueden ir desde la expulsión del cuerpo de profesores a la suspensión de empleo y sueldo por seis años, traslado forzoso, demérito, o apercibimiento.

Según su abogado, Jesús López de Lerma, el profesor no habría cometido estas infracciones y, por tanto, no merece ser objeto de ninguna sanción. A este respecto, el letrado ha indicado que su cliente lleva en IES Laboral «14 años de trayectoria impecable», en los cuales Inspección Educativa ni el propio centro educativo le dijeron nada acerca de su sistema de enseñanza. Es más, López de Lerma ha defendido que su cliente es una persona «muy respetada y muy querida en la comunidad educativa».

Apoyo de hasta 75 compañeros

Si bien, hasta 75 profesores han firmado un manifiesto en apoyo a su compañero. En el escrito, los docentes hacen referencia al libro escrito por el Yvan Pozuelo titulado ¿Negreros o docentes?, en el que cuestiona el sistema de enseñanza. En esta publicación, Pozuelo hace varias reflexiones acerca del sistema educativo, que sumadas a la aparición del profesor en la prensa de forma pública han sido el detonante para que desde Educación se le abra un expediente y se le exija una rectificación, explican los firmantes en el documento.

Al no aceptar retractarse de sus palabras, se le abre un expediente sancionador en febrero de 2020, «fecha desde la cual, el docente sufre una investigación escrupulosa, inflexible, hostigadora», comentan. «La inspección no se concentra tanto en el esclarecimiento de la verdad sino en rebuscar irregularidades donde nunca hubo nada, de ahí el tiempo que le está dedicando», indican. «Todo ello, sin que exista una sola denuncia por parte de familias, alumnado, profesorado y equipo directivo en veinte años de docencia», rematan.

Por este motivo, han querido mostrar todo su apoyo a Yvan Pozuelo Andrés, del que aseguran este proceso no va a lograr manchar su trayectoria profesional. En consonancia, emplazan a cualquier persona a comprobar todo lo que afirman en su escrito, «absolutamente documentable, y desentrañar qué intencionalidad se esconde tras las actuaciones de la Consejería en este asunto».

Así ocurrieron los hechos de los que se le acusan

Según el abogado de Yván Pozuelo, Jesús López de Lerma, con motivo de la publicación del libro del profesor, este concedió una entrevista que «causó revuelo», según el letrado. Días después, en un claustro al que su cliente no había acudido, «una profesora hizo una intervención incendiaria contra él» y, tras eso, incoaron el procedimiento. Se hace entonces una información reservada para determinar si hay indicios de infracción. El 31 de enero de 2020 se abrió el expediente y se designó a un inspector de Educación, que hizo un informe fechado del 23 de junio de 2020.

Como consecuencia, la Consejería dictó una resolución el 28 de septiembre para incoar expediente disciplinario. En virtud de esta resolución, se nombró a un instructor y un secretario. El instructor hizo unas primeras diligencias y formuló un pliego de cargos, en el que refleja que a su juicio pudo cometer cinco infracciones que podrían llegar a calificarse de muy graves. El profesor, por su parte, presentó alegaciones y propuso la prueba para su defensa: una parte documental y testigos; madres de alumnos, ex alumnos y otros profesores.

En este sentido, este pasado mes de mayo se practicaron parte de esas pruebas, salvo de algunas alumnas que no pudieron acudir el día que estaban citadas. El proceso continúa con el traslado de las pruebas practicadas para si se quiere presentar alegaciones. Posteriormente, el instructor debe formular una propuesta de resolución de archivo o sanción, contra la que se puede alegar.

El letrado ha incidido en que el instructor no concreta un periodo temporal en el que se cometen las infracciones. Al tiempo, ha defendido que hay que leerse el libro de su cliente para entenderlo. Sobre él, ha resaltado que es una persona que reflexiona continuamente sobre el sistema educativo. Y si bien tiene la convicción de que no ha cometido las infracciones, el abogado ha señalado que su cliente no puede estar «nada tranquilo» con este expediente sobre su cabeza, según informa Europa Press.

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