Pablo González, presidente local de la formación, considera que es «intrusiva con la vida de las personas» y que «limita libertades, aparcamiento y tráfico»
03 jun 2021 . Actualizado a las 13:32 h.Pablo González, presidente del Partido Popular de Gijón, y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario, ha comparecido junto a la edil Ángeles Fernández-Ahuja para informar de que la formación ha presentado un recurso judicial para anular la Ordenanza de Movilidad municipal.
Pablo González resalta que la «polémica y lesiva ordenanza de movilidad que se aprobó en el pleno y que el BOPA publicó el pasado lunes» está recurrida «desde ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias». El objetivo del recurso no es otro que el de «anular», una iniciativa del equipo de gobierno de «una alcaldesa que parece que legisla y genera ordenanzas en contra de los intereses de los gijoneses».
Insiste en que «el PP no quiere en absoluto judicializar la vida política gijonesa». «Detestamos tener que hacer esto y prueba de esto es la carta que le dirigimos a la alcaldesa la semana pasada para que reconsiderase retirarla», añade.
González cree que se trata de una normativa «intrusiva con la vida de las personas» que, en este sentido, «limita libertades, aparcamiento y tráfico». Insiste en que en la carta antes mencionada se le invitaba a «pactar una nueva».
Apunta que la misma «no tuvo respuesta más que la publicación en el BOPA de la ordenanza». Estima que «hay base de sobra para presentar el recurso» ya que, en primer lugar, se trata de «una ordenanza que no tiene memoria económica» lo que, en su opinión, es la «pieza fundamental» de este tipo de normativas.
Esa ausencia es la razón «por la que el Tribunal Supremo tumbó ordenanzas similares en Madrid y otros ayuntamientos asturianos». El presidente del PP gijonés destaca que han recibido «contestación del Principado de Asturias» en la que «dicen que no se presentó ninguna observación» a la misma, lo que prueba, a su juicio, que «al gobierno de Barbón le interesa muy poco la ordenanza municipal de la ciudad y los intereses de los gijoneses».
Insiste en que «no se puede despojar de derechos tan alegremente a los ciudadanos». Ángeles Fernández-Ahuja, añade que «Gijón no puede convertirse en el laboratorio ideológico de la movilidad», con iniciativas «para dividir a los gijoneses, causándoles importantes perjuicios en sus desplazamientos y rutina diaria».
Cree que la normativa representa una verdadera «demonización del coche» que se aprobó «sin el amparo de un plan local o autonómico de la movilidad». A su juicio equivale a «crear problemas allí donde no existen».
Destaca que «a partir del 1 de enero de 2022 se prohíbe estacionar en zona ORA a los coches que carezcan de etiqueta medioambiental» y esos son «prácticamente el 40% de los que circulan a día de hoy». Cree que el equipo de gobierno municipal no ha contemplado alternativas como «aparcamientos disuasorios» o crear una «red municipal de estacionamientos».