Gijón plantea que se amplíe el control sobre los edificios de uso público de 50 o más años

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Un bombero accede la azotea del colegio San Vicente Paúl, el pasado enero
Un bombero accede la azotea del colegio San Vicente Paúl, el pasado enero Eloy Alonso | EFE

El gobierno local considera que, tras el reciente derrumbe en el colegio San Vicente, la actual normativa no debería limitarse solo al uso residencial

13 ene 2022 . Actualizado a las 12:01 h.

El Gobierno local de Gijón, integrado por PSOE e IU, ha presentado una proposición plenaria para instar al Ejecutivo regional a modificar el decreto que regula el Informe de Evaluación de los Edificios con el objetivo de ampliar su ámbito de actuación a aquellos edificios con una antigüedad igual o superior a 50 años en los que se realicen actividades de carácter público independientemente de su titularidad.

La concejala de Urbanismo, Dolores Patón, ha afirmado que el reciente derrumbe del tejado del colegio San Vicente de Paúl, de titularidad privada, refuerza la convicción del equipo de gobierno de que las normas que regulan la inspección técnica de los edificios de mayor antigüedad no debe limitarse a los de uso residencial de vivienda colectiva.

En su opinión, esta normativa debe abarcar a toda edificación cuyo estado de conservación pueda comprometer la seguridad de las personas, especialmente aquellos de uso colectivo intensivo.

El Ayuntamiento de Gijón, que realiza un mantenimiento preventivo de los edificios municipales, reforzará las revisiones sistematizando el mantenimiento y planificando de las tareas de conservación y realizará inspecciones técnicas con la periodicidad que se establezca.

Asimismo, ha encargado al Servicio de Arquitectura y Mantenimiento que elabore un primer listado de aquellas instalaciones que puedan presentar algún problema estructural que exija su reparación.

También elaborará un catálogo que recoja todas las instalaciones municipales con indicación de su antigüedad, estado, problemas de conservación o necesidades de actuación que permitirá priorizar actuaciones a realizar en aquellos edificios que presenten problemas estructurales según criterios objetivos.

La edil de Urbanismo ha señalado que dado que el Ayuntamiento carece de instrumentos para controlar el estado de conservación de los edificios de titularidad privada y uso público más allá de aquellos en los que el mal estado resulte muy evidente y genere un riesgo inminente para las personas es necesaria la revisión de las normas autonómicas para poder ampliar los ámbitos de actuación, informa Efe.