Aurelio Martín, concejal de Medio Ambiente y Movilidad, destaca que esto «no quiere decir que no haya voluntad de cumplir la legalidad vigente»
05 oct 2022 . Actualizado a las 08:43 h.El plan del Piles se encontraba recientemente con dos importantes obstáculos judiciales. En el primero, hace unas semanas, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón tumbaba la adjudicación del contrato de la redacción del proyecto provisional del plan del Piles, que incluía la supresión del anillo navegable, por «vulnerar» los acuerdos del Pleno municipal que defendían mantener la práctica deportiva. Hace apenas unos días, el mismo tribunal emitía otra sentencia que anulaba las contrataciones a la Fundación Conde del Valle de Salazar, de la Universidad Politécnica de Madrid, para los trabajos en el río.
El concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Aurelio Martín, anuncia que «el Ayuntamiento va a dar cumplimento estricto a la sentencia, con un nuevo expediente administrativo que recoja el proyecto definitivo de obra», pero también adelanta que «va a recurrir ante el TSJ» ambos dictámenes judiciales.
Explica que «en la primera sentencia hay una interpretación errónea de los acuerdos plenarios». En este sentido resalta que, en «enero del 2020 el equipo de Gobierno se encontró cerrado el anillo navegable». Recuerda que «un informe de los funcionarios de la concejalía planteaba que el anillo debía seguir cerrado más allá del verano».
Insiste en que «en aquel momento el debate era si se abrían o no las compuertas». Asimismo, Aurelio Martín cree que «la sentencia, en algunos momentos, interpreta que solo es posible el piragüismo con anillo» lo cual, a su juicio, «es un error» ya que «no está vinculado».
«Otra interpretación que nos preocupa», explica, es la de que «los acuerdos plenarios son vinculantes» cuando, desde su punto de vista, «son orientaciones políticas al Gobierno». «Incluso si fuera vinculante, la iniciativa se ha cumplido, que es que buscáramos alternativas para la ubicación de un nuevo espacio para la práctica deportiva en aguas tranquilas», añade.
El concejal de Medio Ambiente y Movilidad destaca que pidieron «a Taxus que se incluyeran alternativas y se estudiaron tres, una de ellas la que planteó el Grupo Covadonga».
Sobre la segunda sentencia asevera que se trata de «un contrato menor, con diferentes características a un contrato mayor». «¿Por qué esto que vale en toda España aquí no vale?», se cuestiona.
Explica que «lo que se había aprobado era una propuesta para presentarnos a fondos europeos. Hemos quedado terceros de 230 proyectos presentados en España», lo que califica como «un éxito rotundo».
Indica que, una vez se desarrolle el nuevo expediente administrativo que recoja el proyecto definitivo de obra se dará «traslado al Grupo Covadonga». «Que vayamos a recurrir las sentencias no quiere decir que no haya voluntad de cumplir la legalidad vigente», concluye.