Caso Musel: un directivo de HC dice que hubo «medidas de presión» para que se usara la cantera de Aboño
GIJÓN
La Fiscalía Anticorrupción pide un careo entre el expresidente del Puerto de Avilés, Raimundo Abando, y un exconsejero de Ferrovial
27 feb 2023 . Actualizado a las 17:20 h.El directivo de Hidroeléctrica del Cantábrico (HC) Marcos Antuña ha asegurado este lunes en la Audiencia Nacional que existieron «medidas de presión«, aunque no se trataba «de un chantaje», para utilizar la cantera de Aboño para las obras de ampliación del puerto de El Musel, en Gijón, y ha asegurado que la estrategia básica de la compañía en las negociaciones era obtener un canon y proteger las futuras instalaciones del negocio eléctrico.
La Audiencia Nacional ha reanudado este lunes el juicio por el denominado caso Musel por las presuntas irregularidades en la obra de ampliación del puerto de Gijón en el que están acusadas una veintena de personas, entre ellas cuatro ex altos cargos de Puertos del Estado, que afrontan peticiones de condena de la Fiscalía de entre dos y tres años de prisión.
En la sesión de esta mañana ha declarado como testigo Marcos Antuña, director de proyectos entre 1991 y 2022 en HC, que ha explicado que tuvo dos conversaciones en 2004 con el entonces director del puerto gijonés, el acusado José Luis Díaz Rato, porque éste tenía interés de cara a la licitación de que todos los participantes «estuvieran en igualdad de condiciones» para la utilización de Aboño. Díaz Rato, que afronta una petición fiscal de tres años de cárcel, ofrecía a HC que «el puerto fuera el garante» y la compañía tuviera seguridad «sobre la seriedad del proyecto», según el testigo.
«Al dictado de este CEO»
Antuña ha relatado que HC tenía interés en la explotación de Aboño porque era el «desahogo territorial» para la expansión de los proyectos futuros, y el entonces consejero delegado Joaquín C. dio instrucciones para realizar un acuerdo de intenciones, aunque él personalmente proponía que esperaran a llegar a acuerdos con los licitadores.
Ha indicado que Joaquín C. era «el que mandaba y no había mucho más que hablar» y había temas que se negociaban con el puerto que estaban «un poco frenados» y tenían que «solucionarlos», por lo que el acuerdo se elaboró con «partes al dictado de este CEO», aunque Antuña era partidario de haber esperado a firmar acuerdos con las empresas ganadoras de la licitación.
El testigo también ha rebatido las manifestaciones que en otra sesión anterior realizaron directivos de la UTE Dique Torres, adjudicataria final de la obra de ampliación, quienes aseguraron que los sobrecostes se derivaron de las largas que daba la compañía porque tenía otros intereses que desconocían como que iba a acometer una planta desulfuradora, ya que según ha dicho «lo de la desulfuradora había salido en el BOE».
También ha testificado en la vista oral Fernando Masaveu, presidente del grupo al que pertenece la cementera Tudela Veguín, que aprovisionó de piedra y cemento a la obra, quien ha explicado que la primera noticia que tuvo relacionada directamente con el caso Musel fue cuando le informaron que unos inspectores de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) estaban solicitando documentación sobre contratos. Masaveu ha señalado que él transmitió que «abrieran libros y ordenadores» y facilitasen la documentación y los contratos con las empresas que trabajaban con El Musel como requerían los inspectores y finalmente éstos agradecieron «la colaboración y transparencia».
Las defensas habían solicitado la comparecencia como testigo de Manuel Menéndez, presidente de EdP España, compañía eléctrica propietaria de la cantera ubicada en terrenos de Aboño que era la que inicialmente estaba previsto que suministrase el material para la ampliación por su proximidad al Musel, pero finalmente han renunciado a su declaración.
«Dada de antemano» a la UTE
Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este lunes a la Audiencia Nacional la práctica de un careo entre el expresidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Raimundo Abando, y el que fuera consejero delegado de Ferrovial, Joaquín A., para aclarar si sabían de antemano que había un «caso claro de prevaricación» en la adjudicación de las obras.
El consejero delegado de Ferrovial ha comparecido esta mañana como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en las obras de ampliación del puerto y ha negado rotundamente que hubiera dicho al expresidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, como éste mantiene, que la adjudicación estaba «dada de antemano» a la UTE Dique Torres, de la que formaba parte la empresa Dragados y Construcciones.
Raimundo Abando, que ejerció como presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés durante los diez meses que ocupó la presidencia del Gobierno regional Francisco Álvarez-Cascos, ratificó en su declaración como testigo el pasado 2 de febrero en la Audiencia Nacional, que se trataba de «un delito de prevaricación claro, de libro» y que se lo había transmitido Joaquín A.
Abando había asegurado que en abril y octubre de 2006 el director de la Autoridad Portuaria de Gijón José Luis Díaz Rato -que afronta una petición fiscal de tres años de cárcel por un delito de fraude- aprobó los precios nuevos sin conocimiento del Consejo de Administración al ser el único órgano gestor. Según su declaración, a Joaquín A. «no le gustó» que hubiera facilitado su nombre a la jueza instructora del caso como la persona que se lo había transmitido; una situación que el consejero delegado de Ferrovial ha negado rotundamente.
«A mí no me comentó nada personalmente y no supe nada del caso Musel hasta que me citaron en la Audiencia», ha reiterado Joaquín A., quien ha ratificado que no tenía por qué dudar del proceso de adjudicación de la obra y ha mantenido que «no recuerda ni haber hablado de presupuestos, ni de nada», con Abando sobre El Musel.
Por otro lado, en la sesión de hoy también ha declarado en calidad de testigo el exalcalde de Carreño, Manuel Ángel Riego, que durante la instrucción de la causa llegó a estar como investigado en el supuesto fraude de la obra de ampliación. La Fiscalía ha centrado su interrogatorio en las supuestas contradicciones entre sus decisiones como miembro del consejo de administración de El Musel y como alcalde. Como consejero, Riego votó en 2004 a favor de la adjudicación de la ampliación a Dique Torres con un proyecto que planteaba explotar una cantera en El Perecil (Carreño), pero con la obra ya iniciada el Ayuntamiento de Carreño bloqueó la apertura de esa cantera. En 2007, Riego respaldó en el consejo portuario la aprobación de sobrecostes en la obra por «dificultades sobrevenidas».
Además, mientras el consejo portuario aprobaba un plan de usos para convertir el Alto de Aboño en terreno portuario y desmontarlo obteniendo materiales para la obra, el Ayuntamiento de Carreño bloqueó esa actuación en los tribunales. Riego ha incidido en que toda su actuación entra dentro de la legalidad y ha asegurado que finalmente se aprobó la opción que fue «bendecida por el Ministerio de Fomento», aunque había otras opciones técnicas «diferentes» patrocinadas por Puertos del Estado que, en su opinión, «parecían más razonables», informa Efe.