«Vais, hacéis como que trabajáis y os marcháis»: vecinos de Gijón denuncian a una empresa por una supuesta estafa en la obra de su ascensor

Marcos Gutiérrez

GIJÓN

Detalle del estado en el que la empresa dejó la escalera exterior de acceso al edificio
Detalle del estado en el que la empresa dejó la escalera exterior de acceso al edificio

La compañía, de acuerdo con varios afectados de La Calzada y Pumarín, les habría cobrado miles de euros por unos trabajos que, en la práctica, ni siquiera llegó a comenzar

21 ago 2023 . Actualizado a las 11:37 h.

Vecinos de cuatro edificios de los gijoneses barrios La Calzada y Pumarín denuncian haber sufrido, a su juicio, una estafa por parte de una empresa de instalación de ascensores. Una estafa que, de acuerdo con su testimonio, les ha quitado, de un plumazo, miles de euros que no saben si recuperarán.

En todos los casos denuncian una operativa similar por parte de la empresa: comienzo de las obras, excusas por la falta de materiales y otras trabas casi al principio, cada vez menos frecuencia en los días sueltos en que los trabajadores acuden al edificio… y el resultado, por desgracia, también es el mismo en todos los edificios afectados.

Vecinos esquilmados de gran parte de sus ahorros y unos inmuebles que parecen zonas de guerra, con andamios abandonados, paredes vistas, escaleras apuntaladas, agujeros en descansillos… después de volver a invertir importantes cantidades en arreglos, obras, peritos y abogados, los vecinos por lo menos ya pueden entrar y salir de sus casas con cierta seguridad, pero a costa de haberse dejado gran parte de sus cuentas bancarias por el camino.

Gemma González Calvo es la abogada que representa a los vecinos de la calle La Mancha, que en 2019 invirtieron más de 100.000 euros en la obra de instalación del ascensor y de una escalera exterior, y advierte de que «son varias las comunidades afectadas» por esta empresa. En este sentido hay «otra en Espronceda, por ejemplo, que también está en las mismas, aunque cada una con sus peculiaridades».

González Calvo denuncia que «esta empresa sigue funcionando», ya que «está en concurso» y, a día de hoy, «es un administrador concursal el que la gestiona». En opinión de esta letrada, el hecho de que la firma instaladora de ascensores continúe con su actividad quiere decir que «podrían surgir más casos de estos».

Material abandonado en el exterior del edificio
Material abandonado en el exterior del edificio

Por su parte apunta que «la denuncia está presentada en la vía penal y pendiente de la tramitación». Desde su punto de vista la actuación de la compañía «podría derivar en un delito de estafa o de apropiación indebida». Resalta que los vecinos a los que representa «se han tenido que gastar dinero en arreglar el acceso a la vivienda, que estaba impracticable, en abogados, procuradores... y tienen que volver a hacer la obra, porque esto no se puede quedar así».

«Venían dos días y desaparecían dos meses»

José Antonio Roza es el presidente de la comunidad de vecinos de uno de los edificios afectados, en concreto el ubicado en la calle La Mancha. Explica que los trabajadores de esta empresa «empezaron a picar en diciembre del 2020» en una obra que se presupuestó en «134.000 euros».

Como primera muestra de mala praxis explica que en dicho presupuesto «no incluyeron la compra del suelo donde iba a ir la escalera exterior», por lo que hubo que abonar «14.000 euros» y, ya entonces, la empresa «no se prestó a aportar ninguna solución», pese a que el error había sido claramente suyo.

Los obreros «vinieron el primer día, pasaron unos tres días picando, lo que les dio tiempo, desaparecieron dos meses, volvieron otros dos o tres días y se esfumaron dos meses nuevamente».

José Antonio Roza apunta que el plazo firmado para la finalización de la instalación del ascensor era de siete meses a partir del comienzo de las obras, plazo que en la tercera visita de los operarios de la empresa ya había expirado.

Detalle del descansillo de la escalera del edificio
Detalle del descansillo de la escalera del edificio

«Algunos de nosotros ya estábamos con la mosca detrás de la oreja», reconoce. Además de, obviamente, a la compañía causante de la situación, no duda en culpar a «la presidenta de entonces, cuya gestión fue nula» y a la que entonces era la administradora del inmueble, «cuya gestión fue peor». Y es que este vecino, con más de «treinta años en el sector del metal», cuando veía las obras en su edificio no se le escapaban aspectos como que «los perfiles que se pedían en el proyecto no eran los que se estaban usando» o que las estructuras metálicas de las escaleras exteriores «no se podían usar».

«Fui yo el que dijo basta y convoqué una reunión para informar entre vecinos y buscar soluciones», apunta. Había pasado año y medio aproximadamente desde el inicio de los trabajos, si es que se les puede llamar así. Tras encontrarse de casualidad ese día con el encargado de obra logró que tanto él como la administradora de la empresa, esposa del dueño, se presentaran a la reunión informal de los vecinos.

«Les dije que, a título personal, iba a presentar una denuncia por estafa y a la administradora se le preguntó si tenía capacidad personal y económica para terminar la obra», comenta el actual presidente de la comunidad del edificio de la calle La Mancha.

La mujer no les proporcionó «ninguna contestación afirmativa». «La administradora de la empresa en ese momento dijo que entendía por mis palabras que no les dejaba trabajar y les respondí que podían venir a trabajar cuando quisieran. En ningún momento se les prohibió trabajar», explica José Antonio Roza, indicando que tal vez la mujer estaba intentando agarrarse al más mínimo resquicio para justificar su abandono de los trabajos y dejar la pelota en el tejado de los vecinos.

«Vais, hacéis como que trabajáis y os marcháis»

Profesionales de la empresa subcontratada, «que fueron los que dejaron la estructura como la dejaron» confesaron a este vecino que se encontraban sin cobrar «y que tenían problemas con la empresa». Otros operarios les confesaron que sus responsables les dijeron «vais, hacéis como que trabajáis y os marcháis». «Luego supimos que ellos habían tenido que recurrir al Fogasa», asevera.

Roza resalta que «los últimos plazos de 30.000 euros ya no se pagaron» y que ese dinero se dejó «para contratar un abogado, procurador, una nueva administración de la comunidad…». «También tuvimos que contratar a economista porque las cuentas no cuadraban, también a un perito judicial, así como a una empresa el mes pasado para que nos hiciera una barandilla con un mínimo de seguridad», añade.