La Justicia anula la sanción a una madre durante el internamiento involuntario de su hija en Gijón
GIJÓN
El juzgado considera que no hubo desobediencia a la Policía, sino una reacción comprensible en una situación de alta carga emocional
25 jun 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Gijón ha anulado una sanción de 601 euros impuesta por la Policía Nacional a una madre durante la intervención en el internamiento involuntario de su hija en el Centro de Tratamiento Integral (CTI) de Montevil. La sentencia, dictada por la magistrada Estefanía López Muñoz, concluye que no existió una negativa intencionada a identificarse ni un acto de desobediencia, como sostenía la denuncia policial.
Los hechos se remontan al 7 de octubre de 2020, cuando el CTI alertó a la madre por la desaparición de su hija. Tras localizarla y facilitar su regreso al centro, la joven mostró resistencia, por lo que se requirió la presencia policial. Durante la intervención, la madre intentó calmar a su hija, una actuación que fue malinterpretada por los agentes como una interferencia en su labor, según señalan desde AFESA Salud Mental.
Sin embargo, la jueza considera que la reacción de la madre fue comprensible en un contexto de «profunda tensión emocional» y que no hubo voluntad de obstaculizar la intervención. «Se trató de una obediencia tardía, condicionada por un estado de sobrecarga emocional», recoge la sentencia.
Además de anular la sanción, el juzgado condena en costas a la administración. No cabe recurso de apelación, al ser inferior la multa al umbral mínimo que permite recurrir.
Desde AFESA Salud Mental Asturias, que brindó apoyo jurídico a la madre a través del letrado Eladio Rico, valoran positivamente la resolución. La entidad considera que esta sentencia es un paso relevante hacia una mayor sensibilización institucional en materia de salud mental y derechos de las familias. «Esta decisión recuerda la necesidad de actuar con proporcionalidad y humanidad en contextos especialmente delicados», señalan desde AFESA, subrayando también la importancia de recurrir a la vía judicial para defender los derechos de las personas con discapacidad, aunque ello no suponga un beneficio económico inmediato.