El dinero se encuentra sin liquidar desde el año 2011
16 abr 2026 . Actualizado a las 18:46 h.La Autoridad Portuaria de Gijón ha trasladado a la Comisión Europea su reclamación del abono íntegro de los 49,5 millones de euros pendientes de pago procedentes de ayudas del Fondo de Cohesión al proyecto de ampliación de la terminal marítima que se encuentran sin liquidar desde 2011. Esta propuesta fue trasladada por los responsables del puerto durante una reunión mantenida ayer en Bruselas con la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea en la que también participaron responsables del Ministerio de Economía y Hacienda y de Puertos del Estado.
Según ha informado este jueves la Autoridad Portuaria, el encuentro ha sido su primera interlocución directa con la Comisión Europea en más de 15 años para exponer sus argumentos técnicos y jurídicos sobre la ejecución del proyecto con el objetivo de avanzar en la liquidación definitiva del proyecto «y el cobro íntegro del saldo final de la ayuda comunitaria», según ha señalado su presidenta, Nieves Roqueñí. En un comunicado, el puerto gijonés asegura que hasta ahora no se había articulado una actuación «sostenida y eficaz» orientada a exigir el cumplimiento de la resolución del Tribunal de Cuentas y de la Audiencia Nacional que exoneraron a los responsables del proyecto de ampliación de El Musel de las acusaciones que afrontaban por la contratación, ejecución, modificación y liquidación de la obra.
Según la Autoridad Portuaria, pese a la «claridad» y «contundencia» de la sentencia dictada en julio de 2023, que consideró que el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que había sustentado la acusación carecía de una base técnica y jurídica mínimamente sólida, su contenido no fue trasladado a las autoridades europeas hasta transcurridos más de ocho meses. Así, el nuevo equipo al frente del puerto desde febrero de 2025 impulsó una actuación con el Estado que llevó a la Comisión Europea a presentar en julio del pasado año una nueva propuesta de cierre del proyecto que reducía la propuesta inicial de que se devolviesen los 247,5 millones recibidos de fondos comunitarios y limitar esa cifra a 32,7 millones, que se descontarían del saldo final pendiente de 49,5 millones de euros.
Dado que esa propuesta seguía fundamentándose en supuestas irregularidades basadas en los informes periciales desautorizados en la sentencia de la Audiencia Nacional, la Autoridad Portuaria de Gijón rechazó esa propuesta y reiteró en la reunión de ayer su reclamación del abono íntegro del saldo pendiente. Tras el encuentro, ambas partes acordaron intercambiar documentación adicional para aclarar algunos aspectos técnicos sobre los que aún subsisten dudas y la Comisión deberá pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por la delegación española como la prolongación injustificada del expediente durante más de quince años, que podría vulnerar los principios de buena administración de la UE.
Así, la presidenta de la Autoridad Portuaria se ha mostrado confiada en que este trabajo permita culminar el cierre definitivo del expediente en el menor plazo posible y poner fin a una situación de incertidumbre prolongada y garantizar el reconocimiento pleno de los derechos económicos del Puerto de Gijón. Las obras fueron inicialmente adjudicadas en 2005 por 579 millones de euros y dos años después se aprobó un modificado que supuso un aumento del presupuesto de 216 millones, aunque la inversión finalmente realizada se limitó a 708 millones, de acuerdo a la liquidación final realizada en el año 2012.
Las presuntas irregularidades denunciadas sentaron en el banquillo de la Audiencia Nacional a 20 acusados de haber cometido fraude o decisiones ilícitas relacionados con los sobrecostes que afrontaban una petición por parte de la Fiscalía de hasta tres años de prisión por los delitos de fraude y prevaricación. La sentencia concluyó que no había constancia de que la actuación de los acusados, entre los que había responsables de las empresas implicadas, pretendiera defraudar a un ente público, que tomaran alguna decisión ilícita o que incumplieran sus deberes como cargos públicos y no apreció atisbo de concertación entre la Autoridad Portuaria y la UTE Dique Torres que ejecutó el proyecto para elevar el presupuesto, informa Efe.